Michelle Bachelet deja la ONU y vuelve a Chile en un momento clave del proceso constituyente

La socialista Michelle Bachelet, presidenta de Chile por dos períodos (2006-2010 y 2014-2018) ha anunciado este lunes que no se presentará a un segundo mandato para dirigir la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, cargo que ejerce desde septiembre de 2018. A través de un comunicado, Bachelet argumentó “razones personales”, por lo que terminará sus funciones el 31 de agosto próximo. El anuncio de su retorno al país –”es hora de volver a Chile y a mi familia”– ha causado revuelo en la política chilena: se produce en momentos clave del proceso constituyente, a solo 12 semanas del plebiscito que definirá el destino de una nueva Constitución, el 4 de septiembre. El actual presidente, Gabriel Boric, ha reaccionado rápidamente a la noticia: “Bienvenida de vuelta”, le escribió a través de Twitter.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó palabras de agradecimiento a la gestión de la socialista chilena, que en mayo realizó un controvertido viaje a China. “Rindo un homenaje a su incansable trabajo y dedicación como jefa de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Estoy profundamente agradecido por su liderazgo excepcional y su fuerte compromiso con la realización de los derechos humanos para todos”.

No es evidente el peso que pueda tener Bachelet en la política chilena actual. Luego de sus dos mandatos, entregó el poder a la derecha de Sebastián Piñera, en 2010 y en 2018. Pero el electorado chileno ha mostrado su volatilidad y la socialista ya ha manifestado que está por la opción de aprobar la nueva Constitución, que la convención constitucional afina para entregar una versión final al presidente Boric los primeros días de julio. “Pienso que es una gran oportunidad y espero que se apruebe”, aseguró Bachelet en mayo, aunque dijo que todavía no había leído el documento definitivo.

De acuerdo a diversas encuestas, existe una gran cantidad de indecisos con miras al referéndum, que tendrá carácter obligatorio. El sondeo del Centro de Estudios Públicos, difundido el jueves pasado, mostró que un 25% está por aprobar el texto y un 27% por rechazarlo, mientras un 37% no lo ha decidido. Un 44% asegura, además, que no está interesado en el trabajo de la convención. El papel que pueda cumplir Bachelet en los días previos al plebiscito podría ayudar a la opción de aprobar un nuevo texto, que reemplace a la actual Carta Magna que fue diseñada en la dictadura de Augusto Pinochet, pero que en democracia ha sido reformada en decenas de ocasiones. La actual Constitución, de hecho, lleva la firma del presidente socialista Ricardo Lagos, que hizo la última gran reforma al texto durante su mandato (2000-2006), donde sacó los enclaves autoritarios.

En su último mandato, Bachelet llevó adelante un proceso ciudadano para hacer una propuesta de nueva Constitución, pero el proyecto fue presentado en sus últimos días en La Moneda. Tras el anuncio de hoy, el análisis apunta al papel que podría cumplir para empujar la opción de aprobar el nuevo texto, como busca el Gobierno de Boric. “Si en efecto los indecisos son predominantemente mujeres, mayores de 55 años y de estratos populares, el retorno de Bachelet para la campaña del apruebo tiene todo el sentido del mundo”, ha asegurado el politólogo y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales.

Entre Bachelet y el mundo de Boric, una generación distinta de izquierda, existe evidente sintonía política. El Frente Amplio nació con un discurso muy crítico a la Concertación de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010, una coalición de la que Bachelet fue ministra y presidenta en su primer mandato. El mismo Boric, de hecho, fue muy crítico con Bachelet en múltiples ocasiones.

La médica, sin embargo, que abrió la coalición al Partido Comunista –el principio del fin de la alianza entre democristianos y socialistas– empujó a esta generación de izquierda que siempre observó con buenos ojos. Lo hizo desde su fundación, donde se formaron varios de los actuales líderes del Frente Amplio, y con algunas decisiones políticas directas para conseguir espacios en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2013. Su hija menor, de hecho, era cercana al Frente Amplio y votaba por sus candidaturas. “Los jóvenes del Frente Amplio son hijos de militantes de partidos tradicionales”, dijo la socialista en 2017.

La controversia en China

Aunque la ONU no se ha pronunciado sobre asunto tan controvertido, la visita de Bachelet a China a finales de mayo podría estar, según diversas fuentes, en el origen de su decisión. Antes de emprender rumbo a China, el Departamento de Estado de EE UU calificó el viaje de “error” y advirtió que sería utilizado por Pekín con fines de propaganda. Al término del mismo, el secretario de Estado, Antony Blinken, criticó que Bachelet no tuviera acceso a personas trasladadas forzosamente por el Gobierno a lejanas regiones del país, separándolas de sus familias. Además, según Blinken, las autoridades alertaron a los habitantes de Xinjiang de que “no debían quejarse o criticar abiertamente sus condiciones de vida”. También lamentó que la comisionada Bachelet no hubiese obtenido mayor información sobre los uigures desaparecidos.

El director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, calificó de “desastrosa” la gestión de Bachelet en China, y subrayó que debería sucederla en el cargo alguien “menos diplomático” y más crítico frente a los abusos. Esas declaraciones se producían unos días antes de conocerse la renuncia de la expresidenta chilena a repetir mandato al frente del órgano de la ONU.

En una rueda de prensa sobre la situación global de los derechos humanos en el mundo, Roth aseguró que el viaje de Bachelet a China, que tuvo lugar entre el 23 y el 28 de mayo pasados, “no pudo beneficiar más el esfuerzo del Gobierno chino por ocultar las detenciones masivas y los abusos en Xinjiang”, donde la minoría uigur es sometida a una feroz represión, con campos de reeducación y de trabajo. La visita de Bachelet era la primera de un alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU al país asiático desde 2005, de ahí que organizaciones y activistas esperaran algún gesto de crítica o condena a la política de Pekín al respecto. Pero Bachelet defraudó.

Amnistía Internacional (AI) reaccionó en parecidos términos. “La visita no abordó los crímenes de lesa humanidad de Xinjiang”, la región uigur. “La visita de la Alta Comisionada se ha caracterizado por sus fotografías con altos funcionarios del gobierno y la manipulación de sus declaraciones por parte de los medios estatales, dejando la impresión de que ha incurrido directamente en un ejercicio de propaganda altamente predecible para el gobierno chino”, dijo la secretaria general de AI, Agnes Callamard, que fue relatora espacial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y como tal investigó la muerte del periodista crítico saudí Jamal Khashoggi.

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