Bruselas propone limitar el precio del gas en toda Europa en caso de emergencia

La Comisión Europea propondrá la próxima semana una intervención extraordinaria de los precios del gas en todo el continente en caso de que se produzca una emergencia de suministro, según el proyecto que el Ejecutivo comunitario espera aprobar el día 18 y al que ha tenido acceso EL PAÍS. La medida forma parte del arsenal que prepara Bruselas para afrontar una posible interrupción de la llegada de gas ruso, un riesgo que aumenta por momentos. El mes pasado, la energética rusa Gazprom cortó el suministro a Polonia y Bulgaria por una disputa sobre el sistema de pago provocada por Moscú. Y este jueves, la gasística rusa ha anunciado que suspende el suministro a Europa por el gasoducto Yamal, que pasa por Polonia, porque el operador polaco ha sido sancionado por el Kremlin.

El plan europeo incluye también “un racionamiento coordinado y una reducción de la demanda”, como adelantó el pasado domingo este diario. El tope al precio del gas fijaría por vía administrativa un precio máximo del combustible despachado a empresas y consumidores. La tarifa regulada, añade el documento, solo estaría en vigor mientras durase la emergencia.

De entrada, la Comisión propone que se mantengan los planes adoptados en la mayoría de los Estados miembros para paliar el impacto en hogares y empresas de la escalada de los precios de la energía. Bruselas, que el año pasado consideraba como temporal el repunte, señala ahora que se prolongará al menos hasta 2025, según el borrador del documento con las nuevas propuestas.

El mismo documento reconoce que las medidas adoptadas hasta ahora solo son adecuadas para una subida de precios, pero serían claramente insuficientes si el enfrentamiento con Moscú a raíz de la invasión rusa de Ucrania lleva al Kremlin a cerrar los gasoductos que suministran a Europa.

“Puede ser necesario considerar una batería diferente de medidas en caso de una disrupción repentina y grande del suministro de gas ruso o incluso de una disrupción total que lleve a precios inasumibles o a un suministro inadecuado de gas”, señala el documento de la Comisión, titulado Intervenciones a corto plazo en el mercado y mejoras a largo plazo en el diseño del mercado eléctrico.

Territorio inexplorado

El texto asume que la UE se adentra en un territorio inexplorado, y las propuestas más extremas, impensables hace tan solo tres meses, se enuncian en un epígrafe cuyo elocuente encabezado ya sirve de advertencia: “Preparación para una interrupción total del suministro de gas ruso”.

Bruselas apunta que en caso de esa ruptura completa con Moscú ni siquiera serían suficientes los planes nacionales de emergencia elaborados según el reglamento de seguridad de suministro, en los cuales se incluyen medidas a nivel nacional y regional. La Comisión indica que si los problemas de suministro afectan a varios Estados miembros al mismo tiempo “serían necesarias medidas adicionales”.

En primer lugar, el Ejecutivo comunitario propone “un racionamiento coordinado y una rebaja de la demanda basados en principios para toda la UE”. Y añade que la medida de recorte de consumo concernirá a todos los Estados, no solo a los directamente afectados por el corte decretado por el Kremlin. “Basándose en el principio de la solidaridad, deberá considerar una reducción de la demanda de gas en los Estados miembros menos afectados en beneficio de los más afectados, incluso en aquellos casos en que este racionamiento no se hubiera acometido sobre la base de los planes nacionales de emergencia”, estipula el proyecto.

La Comisión cree que ese tipo de intervención tan drástica en el mercado requeriría, con toda probabilidad, de “un precio máximo regulado para el gas despachado a consumidores y empresas europeas para cubrir el periodo de la emergencia declarada por la Unión”. Bruselas recuerda que, según el reglamento de seguridad del suministro, la Comisión es competente para declarar el estado de emergencia a nivel europeo si un Estado se lo pide. Y que debe declararlo imperativamente si al menos dos Estados se lo reclaman.

Una posibilidad, según el documento, sería limitar el precio al que se intercambia el gas en las Bolsas europeas. Pero añade que el tope podría “introducirse de diferentes maneras” e “intervenir en diferentes niveles de la cadena de valor del gas”. Y advierte de que, en caso de requerir una compensación pública, “y a menos que vaya acompañada de un recorte significativo” en el consumo, “podría requerir una financiación importante”.

La fórmula tiene ecos de una reciente propuesta de Italia, que ha sugerido que la UE aproveche su enorme poder como cliente para fijar un precio máximo conjunto a pagar por sus importaciones de gas. Fuentes diplomáticas consideran que esto solo sería posible con un acuerdo internacional con otros grandes consumidores, en particular con Estados Unidos.

El Ejecutivo comunitario, siempre defensor del libre mercado, también advierte en el borrador de los riesgos de la intervención. “Un tope de precios de la UE de este tipo [...] tendría la ventaja de limitar los efectos perjudiciales de la interrupción en los precios para los consumidores y las empresas a niveles preestablecidos”, sopesa, “pero también presentaría una serie de retos”.

Bruselas cree que tras declarar la emergencia sería necesario garantizar que la introducción del límite no empeore el acceso de la UE a los suministros mundiales de gas y gas natural licuado, un flujo “vital”, ya que cualquier reducción del hidrocarburo en una situación de carestía “provocaría un mayor deterioro”. El texto también alerta de otro efecto colateral en las leyes del mercado: la fijación de un precio máximo, advierte, “limitaría automáticamente el potencial de reducción de la demanda de gas en función de los precios [es decir: cuanto más caro, menos gas se compra]”, impactando en “el equilibrio entre la oferta y la demanda”.

El ejemplo de la excepción ibérica

La Comisión lanza, además, otra batería de propuestas para actuar en el mercado mayorista de la electricidad, con el fin de frenar el efecto contagio del zarpazo del gas y de la guerra en los precios de la luz. Entre ellas figura el mecanismo pactado por España y Portugal con Bruselas para rebajar la factura eléctrica, una intervención de calibre considerada anatema en la capital comunitaria hasta hace escasas semanas. El mecanismo supone fijar un límite sobre el precio del gas natural que alimenta las centrales térmicas, lo que provoca a su vez una rebaja en la factura eléctrica de los consumidores.

El documento reclama que estas “subvenciones” temporales, que ya prevén “algunos Estados miembros”, se diseñen de forma que no se distorsione la competencia ni suponga una ruptura del mercado interior, y pide que el mecanismo se pacte con los países vecinos que podrían verse afectados y se combinen con otras medidas para reducir la demanda de electricidad.

La Comisión también insiste en que considera “justificado” que los Estados miembros tasen los llamados beneficios caídos del cielo de las empresas eléctricas, inflados por los precios inusualmente altos del gas en tiempos bélicos. Con estos ingresos, las capitales pueden “financiar medidas específicas y temporales de apoyo a hogares y empresas vulnerables”, dice el borrador. Con la actual perspectiva de cortes, y ante un escenario especialmente oscuro de cara al invierno, la Comisión considera que esas medidas pueden prorrogarse más allá del 30 de junio de 2022 “para cubrir la próxima temporada de calefacción”.

La crisis energética que se cierne sobre el territorio comunitario ha provocado, además, que Bruselas se plantee incluso una revisión del mercado eléctrico, una petición que ha liderado España, junto a otros países como Francia, desde el verano pasado.

Un informe de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) publicado a finales de abril, en el que la UE se abría por primera vez a retocar el diseño del mercado eléctrico, propone “posibles reformas” para “optimizar” su funcionamiento, que “merecen un análisis más profundo”. La Comisión esboza en el borrador las áreas que podrían tocarse a lo largo de este proceso de revisión, entre las que destaca la posibilidad de proteger a los consumidores ante la volatilidad de los precios mediante mecanismos de cobertura de riesgos, que se activarían en situaciones extremas.

Además, propone que se consideren fórmulas para garantizar, en esta época de intervencionismo e incertidumbre, las inversiones en la generación eléctrica mediante energías renovables y de baja emisión de CO₂ “compatibles con los objetivos climáticos de la Unión”; plantea dar un mayor poder a los consumidores y “promover los esquemas de autoconsumo colectivo e individual” de energía solar; y baraja la creación de señales localizadas de precios del mercado eléctrico que reflejen el peso creciente de las energías renovables en el mix energético.

La Comisión, concluye el documento, reclama que se aceleren las medidas de preparación ante un escenario de cortes del suministro, y recomienda a los Veintisiete, cuyos líderes se darán cita en Bruselas en una cumbre a finales de mayo, que tomen cartas en el asunto.

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