La revocatoria del alcalde de Medellín enciende la contienda presidencial en Colombia

Álvaro Uribe y Gustavo Petro se han pronunciado sobre el proceso que pide sacar a Daniel Quintero de su cargo. La Registraduría avaló las firmas que llevarían la pregunta a las urnas

Daniel Quintero, alcalde de Medellín.
Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Hace ya meses que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pasó de ser considerado “refrescante” para la política de la segunda ciudad más importante de Colombia o de “independiente de los poderes tradicionales” a tener una desaprobación que roza el 40 % —según la última encuesta de Invamer de octubre— y estar a las puertas de una revocatoria que se ha convertido en una discusión política nacional, en medio de la campaña de cara a las elecciones presidenciales y del Congreso en 2022.

La Registraduría Nacional validó 133.248 firmas para avanzar en un proceso revocatorio, que sería inédito en la ciudad. En medio de la polarización que ha caracterizado a la sociedad en los últimos años, el debate se ha extrapolado al del uribismo versus el petrismo, debido el expresidente Álvaro Uribe avala la revocatoria mientras el candidato puntero de las encuestas, Gustavo Petro, ha defendido al mandatario de Medellín.

“Los corruptos quieren revocar el alcalde de Medellín. Le propongo a la ciudadanía de Medellín no apoyar a los corruptos”, escribió Petro en su cuenta de Twitter. El candidato de izquierdas ha recibido recientemente el apoyo del exgobernador de Antioquia Luis Pérez, una cuestionada figura política vinculado a Quintero. La cercanía entre el mandatario de Medellín y la campaña de Petro también quedó de manifiesto con la polémica inclusión de sus fichas en las listas al Congreso del Pacto Histórico que encabeza el exalcalde de Bogotá.

Uribe, por su parte, tuiteó que “el alcalde de Medellín ha sido mentiroso y mal administrador”. “Ha sido un desastre en el manejo de las entidades, el 90% de las contrataciones son directas y tiene a Medellín con más del 40% de pobreza”, aseguró el exmandatario, cuyo candidato Alfredo Ramos perdió con Quintero en 2019.

También por Twitter, donde Quintero suele hacer anuncios oficiales que sorprenden a los medellinenses, el alcalde ha dicho que se viene una “hermosa campaña de refrendación ciudadana” y que “hay firmas falsas” aunque todavía no ha presentado las pruebas a la Fiscalía. Para él, la situación a la que se enfrenta se reduce al “odio y la corrupción del uribismo”.

Sin embargo, el descontento sobre su gestión en la ciudad va más allá del uribismo, que sí promueve la revocatoria. En los últimos dos años las críticas han sido evidentes incluso entre varios de sus votantes, que le reprochan haberse rodeado de políticos tradicionales traicionando su promesa de independencia y un estilo que algunos sectores llaman populista.

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El manejo que Quintero ha dado las Empresas Públicas de Medellín y al caso de Hidroituango, un megaproyecto energético que generaría el 17% de la energía de Colombia al empezar operaciones, ha generado una verdadera crisis política en la ciudad. “EPM pasó de ser una empresa boyante y orgullo nacional a tener 4 gerentes en 2 años y escándalos todos los días. Hemos perdido el grado de inversión y el mercado ya no confía en la empresa”, escribió el concejal Daniel Duque, de la Alianza Verde y quien ha sido castigado por su partido por hacerle oposición a Quintero.

En el centro de la discusión está la relación de los medellinenses con el empresariado. Quintero hizo campaña criticando a los empresarios y ha dicho que la junta de EPM tenía intereses que no favorecían a los ciudadanos. Para algunos analistas, con declaraciones y tuits, el alcalde ha intentado erosionar ese esquema de alianza entre los sectores público y privado que se instaló en Medellín tras la cruenta época de terrorismo que vivió la ciudad como respuesta a esa historia de violencia.

Esa ha sido quizá la polémica más conocida del alcalde, por el alcance nacional. Pero en la ciudad se han develado otras críticas por el manejo de Buen Comienzo, el programa que atiende a los menores de cero a cinco años de sectores vulnerables y en el cual la Contraloría investiga sobrecostos; o el descuido de las zonas verdes de la ciudad, después de que los contratos fueran entregados a partidos políticos tradicionales, entre otras denuncias sobre corrupción en instituciones de la urbe.

Aún faltan muchos pasos en el proceso de revocatoria, que hasta ahora nunca ha prosperado con los alcaldes de las grandes ciudades colombianas. Todavía no es claro si llegue a las urnas, pero esta que sería una decisión local ya se vislumbra como otro gran tema de polarización, uno más, en la disputa presidencial de 2022.

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Sobre la firma

Catalina Oquendo

Corresponsal de EL PAÍS en Colombia. Periodista y librohólica hasta los tuétanos. Comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Relaciones Internacionales de Flacso. Ha recibido el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, y otros reconocimientos. Coautora del Periodismo para cambiar el Chip de la guerra.

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