Un terremoto político sacude a Medellín mientras el virus se acelera en la ciudad

Hace apenas ocho meses el alcalde de Medellín, Daniel Quintero (1980), se presentaba como la opción refrescante para la segunda ciudad de Colombia. Los titulares de los medios lo calificaban como “independiente de los poderes políticos tradicionales” y quien había arrebatado el mandato al uribismo en una ciudad históricamente bajo ese partido. Pero bastó poco tiempo para que su imagen se desvaneciera y arreciaran las críticas contra su estilo, que algunos sectores tildan de populista.

La crítica más fuerte se presentó hace una semana y sigue sacudiendo la ciudad. Quintero decidió demandar a los constructores de la represa Hidroituango, pero sin informar a la junta directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), lo que ocasionó la renuncia de todos sus integrantes indignados por considerar que el alcalde se saltaba una histórica tradición de gobierno corporativo, el sello de una de las empresas más emblemáticas de Colombia. Al mismo tiempo, renunció la junta directiva de Ruta N, la entidad pública encargada del emprendimiento y la innovación de la ciudad, bajo el pretexto de que no fueron tenidos en cuenta por el alcalde a la hora de elegir a su gerente.

Hidroituango es un megaproyecto energético que se construye desde hace seis años y que promete generar el 17% de la energía del país cuando entre en operación. En 2018, el derrumbe de un túnel de la presa obligó la evacuación de 9.000 personas. EPM y los constructores decidieron inundar la casa de máquinas o sala de turbinas, lo que supuso pérdidas millonarias. Ahora el alcalde demandó al Consorcio Generación Ituango, integrado por varias constructoras de la ciudad, por 9,9 billones de pesos (algo menos de 2.600 millones de dólares) argumentando el retraso en la entrada en operación de la obra y millonarios sobrecostos. “Para hacer lo correcto, no hay que pedir permiso”, dijo Quintero. Tras la renuncia de la junta, se presentó una baja en las calificaciones internacionales.

El alcalde publicó la noche del jueves un ambiguo tuit en el que decía haber escuchado las críticas y estar reconsiderando su decisión, pero el terremoto institucional ha avivado preguntas desde distintos sectores sobre el carácter político del alcalde. “Todo apunta a que es de aquellos políticos que creen que el fin justifica los medios”, dijo Oswaldo León Gómez, uno de los integrantes que renunció. Quintero empezó su carrera política en 2007 y ha pasado por diferentes partidos. Ha sido miembro del Conservador, de la Alianza Verde y creó el Partido del Tomate, fundado sobre la idea de la indignación contra figuras políticas como Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos. Luego fue viceministro de Santos y se lanzó, sin suerte, a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. En esta nueva batalla, Quintero ha sido apoyado por políticos como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras; o el polémico exalcalde de Medellín Luis Pérez. “¿Cómo pedirle a Daniel Quintero que, ante pérdida estimada de 9,9 billones de pesos, no haga nada?”, dijo Vargas Lleras en su columna del diario El Tiempo.

La relación de los ciudadanos con su empresariado también está en el trasfondo de esta crisis. Tras la cruenta época de terrorismo que vivió Medellín, la ciudad desarrolló un esquema de alianza entre los sectores público y privado en la que empresarios de distintos signos políticos integran las juntas directivas de las entidades públicas. Quintero hizo su campaña a la alcaldía criticando el empresariado y ha dicho que la Junta tenía conflicto de intereses. Ahora, más de 300 empresarios firmaron una carta contra el mandatario que decía: “Medellín y EPM se respetan”. “Si para usted Medellín es apenas un paso más en su carrera política, para nosotros Medellín lo es todo”, escribieron. Tras las sonoras renuncias, el alcalde contactó a otros empresarios para una nueva junta anunciada en Twitter.

El manejo de esta crisis no ha sido la única crítica contra el regidor. También llama la atención que dé órdenes por la red social, como anunciar que quitaría la energía a las viviendas donde detectaran fiestas en medio de la cuarentena, aunque esto se encuentra protegido por Ley; así como ordenar que se iniciara un “proceso por intento de homicidio” contra un joven que probó bebidas en un mercado, entre otros.

La gestión de la pandemia, que él mismo mostró como un ejemplo para el país, ahora está en una fase más crítica. Quintero, cuyo énfasis es la tecnología como respuesta a los problemas, planteó que la creación de una plataforma de registro ciudadano era la forma de detener el coronavirus. Durante unos meses, los casos de contagio estuvieron bajo control. Pero desde hace unos días, el número por el que se estima la velocidad de propagación de la enfermedad es de 1,21 y está por encima del promedio de todo el país, que es de 1,13. “Entre el tecnosolucionismo del alcalde, que creyó que con la tecnología lo tenía todo controlado y el curso mismo de la pandemia, se complicó”, le dice a EL PAÍS, Carolina Botero, experta en derechos y tecnología, directora Fundación Karisma.