A 20 años de la crisis del corralito, la política se ha recuperado mejor que la economía

Diciembre de 2001 fue un terremoto para Argentina. El estallido social en las calles de Buenos Aires y en las principales ciudades del país que desencadenó en la renuncia anticipada del presidente Fernando de la Rúa hizo tambalear todo el sistema político al grito de “Que se vayan todos”. Casi se desmorona. Argentina tuvo cinco presidentes en menos de dos semanas y en medio de esa crisis institucional y con la mayor quiebra de su historia anunció la suspensión del pago de la deuda externa. A 20 años de aquel mes dramático, el país ha logrado reconstruir su sistema político, pero vuelve a estar sumido en una crisis financiera que le obliga a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la imposibilidad de devolver el préstamo de 44.000 millones de dólares recibido en 2018.

A partir de 1998, Argentina comenzó a hundirse en una recesión cada vez más profunda. Tres años después, el Gobierno de De la Rúa tenía que enfrentar el dilema que planteaba el sistema de convertibilidad vigente desde 1999 que ataba el valor del peso argentino al dólar: la demanda de divisas estadounidenses superaba con creces la capacidad del país de generar dólares. Sin crecimiento económico, con un desempleo al alza y exportaciones poco competitivas por el elevado valor del peso, el país dependía cada vez más de la financiación extranjera y, a mediados de 2001, recurrió al FMI. El organismo internacional cumplió con los primeros desembolsos pactados pero los suspendió ante la creciente fuga de capitales y la corrida bancaria se aceleró.

Ante ese panorama, el 3 de diciembre, De la Rúa firmó el decreto del “corralito”, que limitaba las extracciones bancarias a 250 pesos —aún equivalentes a 250 dólares— por semana. A partir de ese momento, la desconfianza y la bronca de los argentinos se disparó y no hubo marcha atrás. El 13 de diciembre, las centrales obreras realizaron una gran huelga contra el Gobierno y comenzaron a registrarse saqueos e incidentes en distintos puntos del país. El 19 de diciembre, la declaración del estado de sitio con la que el presidente buscaba recuperar el control fue la gota que colmó el vaso: la población salió de manera masiva a las calles a protestar y no cedió ni siquiera ante la feroz represión que causó la muerte de 39 personas. En la tarde del 20 de diciembre, De la Rúa renunció y abandonó la sede de Gobierno en helicóptero.

“La crisis de 2001 nació de un problema de raíz económico por escasez de recursos, que al intentar resolverla se restringieron aún más. Pero eso fue el detonante de algo mucho más profundo, que era la falta de legitimidad del sistema político”, señala el politólogo Facundo Cruz, coordinador del libro Después del terremoto. El sistema político argentino a 20 años de la crisis del 2001. Para Cruz, esa desconfianza en toda la clase política había quedado en evidencia ya dos meses antes, en las elecciones legislativas de octubre de 2001. De cada cuatro votos emitidos, uno de ellos fue nulo o en blanco.

Transcurridos 20 años, Cruz sostiene que el sistema político logró reconstruir el vínculo con la sociedad. “La participación electoral de 2001 empezó a crecer y el voto blanco y nulo a decrecer. Hoy estamos en valores mucho más bajos. La política se revalorizó, al igual que la autoridad presidencial”, destaca. El escepticismo de parte de la población con los partidos actuales —y la irrupción incipiente de outsiders como el economista ultraliberal Javier Milei— está muy lejos del hartazgo generalizado exhibido en 2001.

Un ejemplo de esa reconstrucción es la entrada en la arena política de movimientos sociales que 20 años atrás cortaron carreteras y calles para protestar contra los numerosos cierres de fábricas y empresas. “Nada fue igual después de 2001, aprendimos todos de esa experiencia. Antes la política se la dejábamos para otros, para los que estudiaron y se prepararon, pero vimos que nada se consigue sin política y empezamos a politizar las organizaciones”, cuenta Juan Carlos Alderete, histórico líder de la Corriente Clásica y Combativa, una de las agrupaciones más activas en las protestas callejeras de hace dos décadas, y hoy diputado por el gobernante Frente de Todos.

“Somos parte del Frente de Todos, pero seguimos reclamando y criticando lo que no nos convence”, asegura Alderete. Coincide con él Daniel Menéndez, referente de la organización social Barrios de Pie, quien formó parte del equipo del Ministerio de Desarrollo Social en los últimos dos años: “Llevar el conflicto social que expresamos al Gobierno es una forma de encauzar la respuesta. Obviamente no es una ecuación sencilla y hay tensión, pero los que formamos parte de los movimientos sociales estamos acá para construir salidas. El mundo está en un escenario muy complejo y estamos en un proceso de búsqueda de sociedades más inclusivas, con mayores derechos”.

La recuperación política no ha ido a la par de la económica. Después de casi una década de crecimiento post debacle de 2001 —con excepción de 2009— la economía argentina se estancó y a partir de 2018 comenzó a caer: un 2% ese año, un 2,1% en 2019 y un 9,9% en un 2020 marcado por la pandemia de covid-19. El crecimiento estimado para 2021 no es suficiente para volver al punto de partida, en especial porque la inflación, superior al 50%, devora los salarios, que no crecen al mismo ritmo. “Cada vez que hay una crisis económica de esta envergadura termina dejando estratos sociales que quedan por debajo de la línea de pobreza y después no tienen capacidad ni recursos para volver a estar por encima. El sistema político argentino no encuentra herramientas para sacar a las capas de generaciones que van quedando en la pobreza. Con cada crisis también se amplía la distancia entre los más ricos y los más pobres”, advierte Cruz. Según los últimos datos oficiales, cuatro de cada diez argentinos son pobres.

En estas dos décadas se ha formado una red de protección social a través de subsidios estatales y comedores gratuitos que disminuye el riesgo de un nuevo estallido social. “En esos años, el Estado estaba totalmente ausente en muchos pueblos y barrios de las grandes ciudades. Hoy tiene espacio, aunque la frazada sigue siendo corta”, señala Alderete. Aún así, en varias ocasiones ha quedado en evidencia la capacidad de movilización de los argentinos para resistir a recortes o políticas no deseadas. A fines de 2017, una gran movilización derivó en una batalla campal frente al Congreso para frenar la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno de Macri. Sin ir tan atrás, en los últimos días, numerosas manifestaciones en la provincia patagónica de Chubut contra la megaminería forzaron al Ejecutivo a dar marcha atrás.

Fernández ha prometido que no realizará ningún ajuste, pero sus acciones están atadas a las condiciones que pacte con el FMI para reestructurar la deuda asumida bajo el mandato de Macri. El Ejecutivo peronista está forzado a llegar a un acuerdo porque en 2022 Argentina debe devolver al organismo 19.000 millones de dólares, una suma a la que no puede hacer frente. Los argentinos tienen grabada a fuego la crisis de 2001 y el fantasma del cese de pagos. En la actualidad, todos los depósitos en dólares cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan, pero bastó el informe apócrifo de una consultora que alertaba de un posible corralito para desencadenar el retiro de más de 600 millones de dólares del sistema a principios de mes. Aunque las diferencias respecto a 20 años atrás son numerosas, los argentinos han recibido demasiados golpes para confiar.

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