Álvaro Uribe denuncia a Juan Manuel Santos como táctica de defensa en su caso por manipulación de testigos

El expresidente de Colombia acusa a su sucesor de influir en la justicia para sentarle en el banquillo por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo

El expresidente Álvaro Uribe lee un comunicado después de que le decretaran el arresto domiciliario, en 2020
El expresidente Álvaro Uribe lee un comunicado después de que le decretaran el arresto domiciliario, en 2020STRINGER (REUTES)

Álvaro Uribe va a llevar su caso en la justicia hasta las últimas consecuencias y quiere llevarse a sus enemigos por el camino. Los abogados del expresidente de Colombia han presentado este miércoles una denuncia contra su sucesor, Juan Manuel Santos, y un magistrado de la Corte Constitucional por haber influido supuestamente en el proceso abierto en su contra por compra de testigos y fraude procesal. Uribe es el personaje que ha protagonizado la vida política del país durante las últimas dos décadas, ha estado omnipresente. Después de acabar su mandato en 2010, eligió como su sucesor a Santos y más tarde promocionó a Iván Duque, el actual presidente.

Con Santos, sin embargo, la ruptura fue total. Ese fue el verdadero punto de quiebre de la sociedad colombiana, el momento en el que el país se polarizó. La derecha y el centro político, instalado en el poder desde hace mucho tiempo, se fragmentó en dos mitades. Santos llevó a cabo un proceso de paz con las FARC, la guerrilla levantada en armas desde hacía más de 50 años, que culminó con éxito después de un proceso muy largo y desgastante. Uribe fue el gran opositor que intentó que eso no se llevara a cabo, pese a que él había intentado llegar a acuerdos con la guerrilla durante su tiempo como presidente. Ahora, Uribe acusa a Santos directamente de estar detrás de su caso como una especia de venganza.

Hay que remontarse ocho años para encontrar el origen de esta trama. En 2012, el senador Iván Cepeda intentó demostrar los vínculos de Uribe con el paramilitarismo, fuerzas civiles armadas que actuaban al margen de la ley. Es una sombra que ha perseguido siempre a Uribe, cuyo padre fue asesinado por guerrilleros. Para defenderse, el exmandatario presentó una denuncia contra Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot, con falsos testigos en cárceles colombianas, a fin de involucrarlo en actividades criminales de ultraderecha. Esos grupos armados comenzaron enfrentándose a los guerrilleros, pero acabaron involucrados en el tráfico de drogas y la extorsión. Son responsables de algunas de las peores masacres ocurridas en Colombia. Pero fue hasta mediados de 2018 cuando el caso tuvo un giro, pues el alto tribunal, tras casi seis años de investigaciones, decidió archivar el proceso contra Cepeda y en su lugar pidió investigar a Uribe –por aquel entonces senador– bajo la sospecha de que él y sus abogados fueron los que manipularon testigos. Todo se le volvió en contra.

La denuncia original de testigos como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de una antigua propiedad de la familia Uribe, señala que en esa finca, la hacienda Guacharacas, se conformó un bloque de autodefensas en la década de los noventa, cuando Uribe era gobernador del departamento de Antioquia. Monsalve, considerado un testigo clave en el caso, se negó a declarar de nuevo ante “una Fiscalía sesgada y parcializada, donde el señor Uribe Vélez parece más una víctima que un imputado”, según justificó su abogado, Miguel Ángel del Río. Dijo entonces que solo declararía “ante un juez imparcial, en una audiencia pública, oral, transparente”. La defensa de Uribe ha buscado desacreditar el testimonio de Monsalve.

El magistrado Alejandro Linares decidió sobre la tutela de Uribe, que estuvo un tiempo bajo arresto domiciliario. La denuncia ante la fiscalía presentada por los abogados del expresidente es que durante el proceso se cometieron los delitos de omisión de denuncia y tráfico de influencias, entre otros. En el escrito, al que ha tenido acceso El Tiempo, se dice que Linares ha confesado públicamente que Santos lo ha llamado a él y otros jueces cuando se estaba estudiando el caso de Uribe. “Estamos pidiendo que con una orden judicial se examine el celular de Linares para determinar cuántas llamadas recibió de su amigo el expresidente Santos”. A su entender, ningún representante de la justicia puede permitir influencias o presiones en sus decisiones judiciales.

Con esta demanda, Uribe busca que la Corte le quite la condición de imputado y cerrar así de una vez el caso. El político ha presentado constantes recursos que han dilatado el proceso. Esta parece una táctica más en ese sentido. El uribismo ha ido perdiendo enteros en los últimos años. El propio Uribe es consciente, y así lo ha dicho públicamente, que su influencia ya no da para poner más presidentes. La popularidad de Duque, el actual, es tan baja que una victoria de su partido parece altamente improbable. La actuación del Gobierno durante las protestas y la crisis le ha pasado mucha factura. Uribe podría depositar el crédito político que le queda en un candidato más moderado, de centro, que trate de impedir la llegada al poder de Gustavo Petro, el aspirante de izquierdas al que el establishment colombiano teme más.

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Sobre la firma

Juan Diego Quesada

Es el corresponsal de Colombia, Venezuela y la región andina. Fue miembro fundador de EL PAÍS América en 2013, en la sede de México. Después pasó por la sección de Internacional, donde fue enviado especial a Irak, Filipinas y los Balcanes. Más tarde escribió reportajes en Madrid, ciudad desde la que cubrió la pandemia de covid-19.

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