La Fiscalía de Colombia decide el destino judicial de Álvaro Uribe

Colombia se acerca con expectación a un nuevo hito judicial en torno al expresidente Álvaro Uribe, quien gobernó el país entre 2002 y 2010, en el proceso que enfrenta por presunta manipulación de testigos para que declararan a su favor y lo desvincularan de las denuncias que lo relacionan con la conformación de un grupo paramilitar. La Fiscalía debe decidir esta semana si por primera vez acusa formalmente a un exmandatario colombiano por los delitos de soborno y fraude procesal, o si por el contrario pide a un juez precluir la investigación en el dilatado caso que ya mantuvo al influyente político más de dos meses en detención domiciliaria y lo llevó a renunciar a su escaño en el Senado para salir de la órbita de la Corte Suprema de Justicia.

El intrincado caso que involucra al exmandatario, mentor político del presidente Iván Duque y fundador del Centro Democrático, el partido de Gobierno, pasará así a una nueva etapa. La decisión de la Fiscalía –encabezada por Francisco Barbosa, un íntimo amigo de Duque desde que estudiaban juntos en la universidad– mantiene en vilo al país, y se producirá sin una nueva declaración de un testigo clave, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de una antigua finca de la familia Uribe, al que la defensa del exmandatario ha buscado desacreditar como un testigo mentiroso.

Monsalve solo declarará “ante un juez imparcial, en una audiencia pública, oral, transparente”, y no lo hará ante “una Fiscalía sesgada y parcializada, donde el señor Uribe Vélez parece más una víctima que un imputado”, reiteró esta semana el abogado del exparamilitar, Miguel Ángel del Río. “No declarará porque ya lo hizo, no solamente una vez, sino varias. De hecho, la imputación que recae sobre el señor Uribe Vélez es precisamente por eso, por buscar que el testigo se retractara de esas declaraciones. Es decir, que están dados todos los elementos para llevar a juicio al señor Uribe Vélez”, señaló el abogado en un mensaje en redes sociales. “Sin Monsalve el caso es débil, por eso debe declarar”, apuntaba en un editorial el periódico El Espectador.

El fiscal designado para el caso, Gabriel Jaimes, es el responsable de definir si acusa o no al expresidente. Si se abstuviera de hacerlo, debe sustentar su decisión ante un juez y es apelable. El senador Iván Cépeda, reconocido como víctima en el proceso contra Uribe, ha advertido insistentemente que, desde que llegó a la Fiscalía, no ha habido ninguna clase de garantías para las víctimas y sus abogados.

“Yo tengo la certeza de que el señor Jaimes va a presentar un escrito en el que solicita se precluya esta investigación”, afirmó Cepeda a EL PAÍS. “Un escrito que va a estar plagado de afirmaciones grandilocuentes que no tienen ningún sustento probatorio, y que en la práctica son una manera de encubrir el hecho de que él ha desviado la investigación, ha menospreciado y se ha abstraído de la investigación hecha por la Corte Suprema de Justicia, de las miles de pruebas que hay en el expediente y que fueron claramente sustentadas por la Corte en un escrito de más de 1.500 páginas cuando dio la orden de privar de la libertad a Uribe”, asegura. “Aquí todavía hay mucho trecho por recorrer, sea en un sentido o en otro”, advierte.

El caso por el que Uribe es investigado se remonta al año 2012, cuando el propio expresidente presentó una denuncia contra Cepeda ante la Corte Suprema –con competencias sobre aforados como los legisladores– por un supuesto complot que, según su versión, involucraba falsos testigos en cárceles colombianas para relacionarlo con paramilitares. Ese proceso dio un vuelco a mediados de 2018 cuando, fruto de casi seis años de investigaciones, el alto tribunal decidió absolver a Cepeda y en su lugar pidió investigar a Uribe –por aquel entonces senador– bajo la sospecha de que él y sus abogados fueron los que manipularon testigos. La denuncia original de Juan Guillermo Monsalve señala que en la hacienda Guacharacas, una antigua propiedad de la familia Uribe, se conformó un bloque de autodefensas en la década de los noventa, cuando era gobernador del departamento de Antioquia.

La medida de casa por cárcel para un exmandatario no tenía precedentes en Colombia. El pasado agosto, cuando Uribe todavía era senador, la Corte Suprema ordenó su detención preventiva y domiciliaria como parte del expediente según el cual varios testigos recibieron compensaciones a cambio de ofrecer testimonios para favorecerlo. Uribe, con un extenso historial de enfrentamientos con los altos tribunales, renunció entonces al Senado y la corte decidió a comienzos de septiembre enviar el expediente a la Fiscalía por considerar que había perdido la competencia.

Desde que el exmandatario abandonó el Congreso, parte de la discusión jurídica –plagada de tecnicismos– se concentró en interpretaciones sobre las implicaciones del cambio de esquema procesal debido al tránsito de la Corte Suprema a la justicia ordinaria, pues Uribe ya había rendido indagatoria y estaba formalmente vinculado a una investigación penal en el alto tribunal. Su defensa ha alegado que la corte violó sus garantías procesales, mientras sus detractores denuncian que su estrategia está sembrada de maniobras dilatorias para garantizarle impunidad.

Una jueza de control de garantías ordenó el pasado octubre, en una maratónica audiencia virtual, la libertad de Uribe, como reclamaba su defensa, luego de más de dos meses en detención domiciliaria en su finca de El Ubérrimo, una extensa propiedad en el norte del país. Desde entonces ha sido investigado en libertad, como pedían tanto el presidente Duque como el Centro Democrático. Esa decisión, sin embargo, no anuló las actuaciones de la Corte Suprema, cuya validez defienden los representantes de las víctimas en el proceso. Alegando falta de garantías de imparcialidad, Cepeda ha intentado recusar tanto al fiscal general, Francisco Barbosa, como a su designado, Gabriel Jaimes, pero esas acciones no prosperaron.