El Congreso de EE UU logra ‘in extremis’ un acuerdo para evitar el cierre del Gobierno
La Cámara de Representantes y el Senado aprueban un proyecto de ley que permite a Washington seguir funcionando hasta el 18 de febrero
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![Cierre Capitolio de Estados Unidos en Washington](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/ERYFYLE7JJJH6G2D644IYH4COI.jpg?auth=1ecad0c46d92baa46e429b3ec0bcf7af1318d1ca7ec085a0590f4bd4e11446ca&width=414)
Se evitó “la irresponsabilidad” de la que hablaba la Casa Blanca. Se materializó la creencia del presidente Joe Biden de que no habría cierre del gobierno. Se logró que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran en la noche del jueves un proyecto de ley para financiar el gobierno federal. Se desarmó a una disidencia republicana en la Cámara Alta que durante todo el día tuvo secuestrado el acuerdo como moneda de cambio para chantajear al mandatario demócrata por su dura política de vacunas. El día fue largo e intenso. El nuevo acuerdo ya espera solo la firma de Biden. De no haberse pactado in extremis, el sábado por la mañana la maquinaria federal que hace funcionar a Washington se habría parado. Con este acuerdo se garantiza el rodaje de la Administración hasta el próximo 18 de febrero y se sortea el conocido como shutdown.
Tras salir de un discurso en el Instituto Nacional de la Salud (NIH, siglas en inglés, Bethesda, a las afueras de Washington), el presidente Joe Biden declaró que no creía que llegara a haber cierre del Gobierno. “No creo que eso suceda. Contamos con lo necesario para asegurarnos de que no haya un cierre”, explicó el mandatario. “Hablé con Mitch McConnell, hablé con [Chuck] Schumer, hay un plan en marcha, a menos que alguien decida ser un total irresponsable, y no creo que eso suceda, no creo que haya un cierre”, finalizó Biden al mencionar sus contactos con los líderes de la minoría republicana y mayoría demócrata del Senado.
Lo cierto es que no dependía del presidente evitar el cerrojazo. Y pese a la última buena nueva, el acuerdo en el Senado podría haber estado en peligro debido a la inquebrantable oposición que estuvo ejerciendo un grupo de senadores republicanos liderado por Mike Lee contra las normas del presidente Joe Biden para que las grandes empresas obliguen a sus trabajadores a inmunizarse contra la covid-19. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, fue muy dura al criticar a esos legisladores republicanos, a los que acusó de incitar una crisis tanto económica como de salud pública.
“Una vez más se trata de una doble irresponsabilidad. Primero cierran el Gobierno y luego dan la espalda a la ciencia”. En rueda de prensa en el Capitolio, Pelosi fue categórica al rechazar cualquier responsabilidad demócrata en el estancamiento. “¿Cómo van a explicarle al público que están cerrando el Gobierno porque no quieren que la gente se vacune?”, se cuestionó la demócrata. “Esto es tan absurdo como que se vaya a cerrar el Gobierno por gente que no cree en la ciencia o son antivacunas”, expresó Pelosi, para a continuación responder a un reportero que le cuestionaba cuál el mensaje que quería mandar: “Respeto” por la ciencia y hacia la administración, dijo. Mientras tanto, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, quien debía de sofocar la rebelión dentro de su caucus para mantener al Gobierno en funcionamiento, aseguraba que no habría un cierre.
El fantasma del último cierre de Gobierno todavía planea sobre el Congreso, cuando en las navidades de 2018, bajo la presidencia de Donald Trump, se vivió el más largo de la historia, que duró 35 días. Antes había sucedido en 1994, 1995, 2013 y con mucha más frecuencia en los años setenta y ochenta, con los presidentes Jimmy Carter y Ronald Reagan. Aunque se llama cierre de Gobierno no supone su paralización completa. Afecta a un 38% de empleados “no esenciales” y mantiene activos a aquellos destinados a tareas de seguridad, salud y defensa, así como la seguridad social. Pero el coste es inmenso. No solo en términos económicos. Muestra a unas élites políticas y en este caso a un presidente incapaces de llegar a un pacto para asegurar el pleno funcionamiento del Estado.
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