Polonia se pliega a las exigencias de Bruselas sobre el respeto a la independencia judicial

Polonia ha anunciado este sábado que da marcha atrás en la reforma judicial para evitar un choque frontal con la Comisión Europea. El organismo comunitario había denunciado la introducción de un nuevo sistema disciplinario para los jueces por considerar que amenazaba la independencia de los tribunales polacos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a instancias de la Comisión, declaró ilegales los cambios, pero hasta este sábado Varsovia amagaba con resistirse a acatar el veredicto.

La señal de retirada ha llegado desde lo más alto porque ha sido el mismísimo Jaroslaw Kaczynski, fuera del Gobierno polaco pero número uno del partido que lo sustenta, quien ha dado por cerrado el conflicto con Bruselas. “Disolveremos la cámara disciplinaria en su forma actual y de esta manera el motivo de la disputa desaparecerá”, ha señalado Kaczynski, presidente del PiS (Ley y Justicia) en unas declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

Kaczynksi ha asegurado que, a pesar de su claudicación, no reconoce las sentencias del tribunal de la UE que, a su juicio, van más allá de lo previsto en los tratados de la UE. Y ha indicado que la disolución de la cámara ya estaba prevista desde hace meses, mucho antes de que el tribunal europeo se pronunciase a mediados de julio.

Pero el anuncio de la “liquidación” de la cámara disciplinaria llega tras la apertura de un expediente de la Comisión por desacato al tribunal. El conflicto había salpicado, de rebote, al plan polaco de recuperación, todavía pendiente de la luz verde la Comisión y con el que Varsovia espera recibir hasta 36.000 millones de euros con cargo al fondo de recuperación.

Las palabras de Kaczynski abren al menos un período de tregua entre Varsovia y Bruselas, aunque podrían tensar las relaciones dentro del Gobierno polaco. Este viernes, el ministro de Justicia, Zbiqniew Ziobro, miembro de Polonia Unida, el otro partido de la coalición, se mostraba partidario de plantar cara a Bruselas.

“Estoy completamente en contra de ceder al chantaje ilegal de la UE que se lleva a cabo a través del Tribunal de Justicia de la UE”, afirmó Ziobro en una entrevista con el periódico polaco Rzcezpospolita. El ministro aseguraba que si se acatan las órdenes sobre la reforma judicial. “entonces mañana el tribunal de la UE emitirá un veredicto que obligue a Polonia, por ejemplo, a aprobar el matrimonio gay y la adopción de niños por ese tipo de parejas”.

El desacato al tribunal europeo, sin embargo, habría expuesto a Polonia a un brutal enfrentamiento con las instituciones comunitarias, que consideran prioritario mantener la seguridad jurídica derivada del respeto a las sentencias y autos de la justicia europea. Polonia habría quedado expuesta a perder las ayudas europeas del fondo de recuperación frente a la pandemia, de las que espera recibir 24.000 millones en subvenciones a fondo perdido y 12.000 millones en préstamos en condiciones ventajosas.

El giro de Kaczynski permitirá ahora a la Comisión centrarse en su enfrentamiento con el Gobierno de Viktor Orbán en Hungría, a cuyo plan de recuperación, dotado con 7.200 millones de euros en subvenciones, aún no ha dado su visto bueno. En este caso, el conflicto paralelo a la tramitación del plan gira en torno a la ley aprobada por Budapest para prohibir la difusión de contenidos relativos a la comunidad LGTBIQ por cualquier medio al que puedan tener acceso los menores de edad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acusado al Ejecutivo de Orbán de equiparar con esa ley la homosexualidad con la pornografía y la pedofilia y ha abierto un expediente de infracción para exigir su retirada. Budapest ha asegurado que mantendrá la norma. Algunos analistas apuntan que Orbán cederá, en cambio, en el otro punto de fricción con Bruselas, relativo, como en Polonia, al respeto a la independencia judicial.

En el caso polaco, la tensión con Bruselas se enconó el 14 de julio, cuando el Tribunal Constitucional de Polonia emitió un dictamen en el que aseguraba que las medidas cautelares de la justicia europea para frenar la reforma judicial no podían aplicarse. Ese mismo día, el tribunal de la UE, con sede en Luxemburgo, emitía un auto para suspender cautelarmente la actividad de la cámara disciplinaria creada para vigilar a los jueces del Supremo polaco.

La colisión de las dos jurisdicciones, la del Constitucional polaco y la del tribunal europeo, disparó las alarmas en la Comisión Europea. Von der Leyen advirtió de que utilizaría todo su arsenal para frenar el desacato. Solo seis días después del auto del Constitucional, la Comisión abría un expediente de infracción y daba un mes a Polonia (hasta el 14 de agosto) para obedecer las órdenes del tribunal europeo so pena de multas potencialmente multimillonarias.

La vicepresidenta de la Comisión responsable del área de justicia, Vera Jourova, justificaba la celeridad en una entrevista con EL PAÍS. “No puede sorprender que reaccionemos rápido. Nos jugamos mucho”, señalaba Jourova.

El conflicto jurisdiccional con Varsovia es el más grave, pero no el único que mantiene abierto la Comisión. Bruselas también ha expedientado a Polonia por la creación de un centenar de localidades que se han declarado “zonas libres de LGTBI”.

Además, tanto Polonia como Hungría están sujetas a un expediente fundamentado en el artículo 7 del Tratado de la UE, un arma nuclear nunca utilizada que permite suspender el derecho de voto en el Consejo de la Unión a los socios que violen los valores fundamentales del club. La amenaza nunca se ha materializado, entre otras cosas, porque supone convertir en un paria institucional al país afectado y porque el tremendo castigo requiere la unanimidad de todos los socios, un consenso que no existe.

Pero la Comisión dispone desde el 1 de enero de otra vía mucho más expeditiva para sancionar, gracias a un reglamento que permite suspender los fondos comunitarios a los países donde la fragilidad del Estado de derecho no garantice su gestión adecuada. Bruselas se ha comprometido a no aplicar a rajatabla esa norma hasta que el tribunal europeo se pronuncie sobre su legalidad a raíz de dos recursos presentados por Varsovia y Budapest. Pero el ejecutivo de Von der Leyen insiste en que ya está recopilando información para la posible instrucción de expedientes tan pronto como tenga la luz verde de los jueces.