Unión Europea

Bruselas amenaza con multas a Polonia si en un mes no acata las órdenes del Tribunal de la UE

La Comisión exige por escrito a Varsovia que acepte paralizar su polémica reforma judicial

La presidenta de la Comision Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas el pasado 13 de julio.
La presidenta de la Comision Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas el pasado 13 de julio.PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

La Comisión Europea ha exigido este martes por escrito a Polonia que acate las órdenes del Tribunal de Justicia de la UE después de que el Constitucional polaco rechazase aplicar unas medidas cautelares de los jueces comunitarios. El organismo presidido por Ursula von der Leyen concede solo un mes a las autoridades polacas para que expresen sin ambages su voluntad de respetar las decisiones de la justicia europea. En caso contrario, la Comisión denunciará de nuevo a Polonia ante el Tribunal y pedirá que se impongan al país sanciones potencialmente multimillonarias.

El cuadro de multas por incumplimiento de decisiones del tribunal europeo, que Bruselas actualiza regularmente, prevé una sanción mínima de tres millones de euros para Polonia, una cantidad fijada en función de la envergadura económica del país y de su peso en las instituciones de la UE. El castigo puede llegar acompañado, además, de multas periódicas hasta que concluya el desacato.

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La amenaza de sanciones es el enésimo latigazo de la pugna entre Bruselas y Varsovia por la reforma judicial puesta en marcha por el Gobierno del PiS, el partido ultraconservador dominado por Jaroslaw Kaczynski. Las denuncias de la Comisión Europea por la presunta erosión de la independencia judicial se suceden desde hace años. Y Bruselas ha recurrido ya hasta tres veces a la petición de medidas cautelares para frenar cambios que, a su juicio, podrían causar daños irreversibles al sistema judicial polaco y poner en peligro la cooperación entre los tribunales polacos y los del resto de Europa.

El tribunal europeo ha concedido siempre la suspensión cautelar. Y las autoridades polacas habían acatado hasta ahora las órdenes. Pero el pasado 14 de julio, el Constitucional polaco dictó un auto en el que considera las medidas cautelares del Tribunal de Justicia de la UE en el área de justicia incompatibles con el orden constitucional del país y, por tanto, inaplicables. Bruselas ha reaccionado con celeridad ante una decisión que quiebra el orden judicial de la UE, basado en el respeto a las sentencias y autos del Tribunal de Justicia europeo con sede en Luxemburgo.

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Bruselas ha lanzado además una advertencia preventiva hacia Varsovia ante el caso pendiente en el Constitucional polaco sobre la primacía de la ley europea sobre la nacional. Los jueces polacos tienen previsto pronunciarse a primeros de agosto sobre una consulta del primer ministro, Mateusz Morawiecki, que parece poner en duda la prevalencia del derecho europeo.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha advertido que en caso de que los jueces polacos otorguen prioridad al derecho nacional se abrirá un nuevo expediente de infracción contra Polonia. Y la Comisión avisa que no dudará en pedir al tribunal sanciones financieras en caso de que Varsovia se enrocase en su posición. “Y las multas pueden incrementarse”, señalaba Jourová durante un encuentro con EL PAÍS y un grupo de medios europeos. “Veremos el precio que un Estado miembro está dispuesto a pagar”, desafiaba la vicepresidenta.

Las amenazas de la Comisión llegan el mismo día que se publica el informe anual sobre la situación del Estado de derecho en los 27 países de la UE. La evaluación, que se inició el año pasado, detecta problemas en numerosos socios, incluida España. Pero señala de nuevo a Polonia y Hungría como los dos países donde la vulneración de derechos fundamentales, los ataques a la independencia judicial y los límites a la libertad de expresión alcanzan el nivel más preocupante.

El informe sobre Polonia señala, además, la continua erosión de la independencia del poder judicial, la “preocupación por la independencia de las principales instituciones encargadas de prevenir y luchar contra la corrupción”. Bruselas también ve peligrar la diversidad del mercado audiovisual tras la reciente adquisición de uno de los canales de televisión por la empresa pública Olsen. La compra fue aprobada por la autoridad polaca de competencia. Pero el defensor del pueblo cuestionó ese visto bueno y acusó a las autoridades de no haber comprobado el impacto de la operación en la libertad de expresión.

El informe destaca que la figura del defensor del pueblo polaco ha jugado un papel esencial en la lucha por preservar el imperio de la ley. Quizá demasiado para el gusto de otras autoridades. El Tribunal Constitucional del país puso fin a sus atribuciones en una decisión que ha entrado en vigor este mes.

La Comisión también constata que Varsovia ha utilizado los poderes de emergencia esgrimidos frente a la covid-19 para adoptar medidas que nada tenían que ver con la pandemia. A pesar de todo, el informe apunta a la existencia de “una sociedad civil todavía vibrante, pero que se ha visto afectada por los problemas generales que afectan a los derechos de las mujeres y por los ataques a los grupos LGTBI”.

En el caso de Hungría, el informe anual de la Comisión también aprecia un deterioro en la independencia judicial, sobre todo, tras la introducción de un sistema para elegir a los miembros del Tribunal Supremo al margen de los procedimientos habituales.

También se alude a las sospechas de la formación de una cleptocracia en torno al primer ministro Viktor Orbán y sus aliados. El documento apunta “riesgos de clientelismo, favoritismo y nepotismo en los niveles altos de la Administración pública y siguen sin resolverse los riesgos derivados de los vínculos entre empresas y actores políticos”.

La Comisión aprecia de igual manera la amenaza sobre la libertad de prensa. El informe recoge la inquietud por el cierre de una estación de radio y por el uso de las “cantidades significativas” de la inversión publicitaria de la Administración “para ejercer una influencia indirecta sobre los medios”. Bruselas también menciona la preocupación por la presión sobre las organizaciones no gubernamentales y por inyección de importantes recursos públicos en entidades privadas “cuyos miembros del consejo de administración son cercanos al gobierno”.

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