El poderoso arsenal de Bruselas para frenar los asaltos de Hungría y Polonia al sistema democrático

La impresión de que la Unión Europea es una marioneta impotente frente a dirigentes hostiles como Viktor Orbán o Jaroslaw Kaczynski es poco más que un espejismo. Bruselas dispone de poderosos instrumentos, políticos y económicos, para evitar que Budapest o Varsovia pongan en peligro la integridad de la UE o vulneren los derechos de millones de ciudadanos y empresas. La Comisión Europea ha advertido esta semana de que utilizará todos los recursos a su alcance para restablecer el orden comunitario allá donde sea violado. Una advertencia que en el caso de Hungría y Polonia puede traducirse en la pérdida de miles de millones de euros en los que Fidesz y PiS, los partidos de Orbán y Kaczynski, cimentan gran parte de su éxito electoral.

El arsenal de la Comisión incluye desde sanciones multimillonarias por incumplimiento de directivas o sentencias europeas al recorte de fondos si se fragiliza el Estado de derecho. Los procedimientos de infracción iniciados por la vulneración de derechos de ciertos ciudadanos (la comunidad LGTBI es la última víctima), por atentar contra la libertad de expresión o por socavar la independencia judicial, parecen inofensivos, pero están acorralando a unos Ejecutivos que afrontan una resistencia interna creciente y un aislamiento exterior cada vez más evidente. Todos esos expedientes pueden desembocar ante el Tribunal de Justicia europeo y desencadenar sanciones multimillonarias en caso de que los gobiernos persistan en sus políticas.

Bruselas cuenta desde este año, además, con la posibilidad de suspender parcial o totalmente los fondos en aquellos países donde la corrupción o la falta de independencia judicial no garantice su control adecuado. Y se acaba de poner en marcha la Fiscalía europea, que este viernes ha iniciado en Croacia la primera investigación por un presunto caso de corrupción municipal en el marco de una subvención europea. Hungría y Polonia se han negado a participar en la Fiscalía europea, pero, según la Comisión, ambos países están obligados a cooperar con sus investigaciones. Para la economía de Polonia y Hungría el mantenimiento de los fondos europeos resulta esencial, porque equivalen al 60% de toda su inversión pública.

La UE dispone, además, de la llamada bomba nuclear del artículo 7 del Tratado, que permite suspender el derecho de voto en el Consejo de un país que viole los valores fundamentales del club. Ese castigo máximo requiere la unanimidad, lo que permite a Hungría y Polonia defenderse mutuamente con el derecho de veto. Pero incluso sin llegar a la aplicación efectiva del artículo 7, la UE ya ha demostrado varias veces que puede condenar a los socios rebeldes a un ostracismo político de facto que acorrala al Gobierno de turno y le obliga a elegir entre acatar el orden europeo o convertirse en un paria a la vista de sus ciudadanos.

“En la actualidad, el sistema legal de la UE tiene todo lo que necesita para preservar el imperio de la ley en todo el continente”, apunta Alberto Alemanno, profesor de Derecho Europeo en la École des Hautes Études Commerciales (HEC) de París. Pero Alemanno, titular de la cátedra Jean Monnet en la HEC, considera que “asistimos a cierta reticencia por parte de la Comisión Europea a hacer un uso pleno de los instrumentos y mecanismos de que dispone” para velar por la aplicación del Tratado europeo.

Adrián Vázquez, eurodiputado y presidente de la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos, ha afirmado este viernes que “los gobiernos húngaro y polaco llevan años poniendo a prueba la paciencia de las instituciones comunitarias con reformas legales que, poco a poco, pretenden socavar la neutralidad de los jueces y tribunales”. Para el eurodiputado de Ciudadanos, que ha asistido en Eslovenia a una reunión informal de los ministros de Justicia de la UE, lo más inquietante es “comprobar que estas tendencias iliberales están empezando a aparecer en otros países que, hasta ahora, no eran objeto de preocupación”.

La Comisión Europea, presidida por la alemana Ursula von der Leyen desde finales de 2019, ha lidiado hasta ahora con pies de plomo con los continuos desafíos del Gobierno húngaro y el polaco. La tolerancia se ha debido, entre otras cosas, al deseo de no alentar la retórica ultranacionalista de unos dirigentes que a menudo comparan a la UE con la URSS y acusan a Bruselas de ser tan invasiva como lo fue Moscú en su día.

Pero esta semana ha marcado un punto de inflexión con la decisión del Tribunal Constitucional de Polonia de declarar inaplicable la suspensión cautelar de una reforma judicial dictaminada por el Tribunal de Justicia europeo, con sede en Luxemburgo.

Varsovia abre así una vía hacia el desacato que, de consumarse, desencadenaría un choque frontal con Bruselas. Solo unas horas después del auto del Constitucional polaco, el portavoz oficial de la Comisión subrayó que “todas las decisiones del Tribunal europeo son vinculantes para todos los países de la Unión”. Y avisó de que “la Comisión no dudará en utilizar todos los instrumentos a su alcance”. Y la jurisprudencia muestra que los desacatos pueden salir muy caros.

El artículo 260 del Tratado de la Unión faculta a la Comisión para proponer a la Corte de Luxemburgo sanciones financieras contra un Estado miembro que “no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal”. El castigo, que los jueces comunitarios suelen respaldar, se traduce en una multa inicial que puede llegar acompañada de multas periódicas hasta que el país afectado cumpla con el veredicto.

La Comisión dispone de esos poderes desde el Tratado de Maastricht (1993) pero apenas los utilizó durante los primeros años. Hasta el año 2000 no llegó la primera multa por incumplimiento de una sentencia y el dudoso honor recayó sobre Grecia. La segunda vez, el baldón le tocó a España, en 2003. Y la tercera a Francia, dos años después.

Desde 2004, sin embargo, las multas se producen con mayor frecuencia y el Tratado de Lisboa agilizó, además, las sanciones por no transposición de directivas. Y el golpe económico puede ser considerable.

Sanciones millonarias

La tabla de multas de la Comisión, actualizada periódicamente, fija una cantidad mínima por país para la sanción inicial en función de su capacidad de pago y de su peso en las instituciones de la UE. Esos factores se miden por el Producto Interior Bruto y el número de escaños en el Parlamento Europeo, lo que reserva a Polonia una multa mínima de algo más de tres millones de euros, la quinta más alta de la UE. Y en el caso de Hungría, en torno al millón de euros.

Las sanciones impuestas hasta ahora casi siempre han superado con creces el mínimo previsto. Pero el auténtico golpe llega con la multa coercitiva, en forma de multimillonarios pagos periódicos hasta que se acata la sentencia del Tribunal o se aplica la directiva pendiente. En ciertos casos, el Tribunal ha impuesto sanciones de hasta 800.000 euros por semestre de incumplimiento. O hasta 120.000 euros por día de retraso.

Tanto Polonia como Hungría han esquivado hasta ahora las sanciones, bien porque han dado marcha atrás en las normas denunciadas por la Comisión o porque han acatado las sentencias. También han jugado con los plazos para adoptar medidas cuyo impacto era irreversible para el momento en que la UE concluía el expediente, como fue el caso de la salida forzada de Hungría de la Universidad estadounidense financiada por George Soros.

Pero Bruselas está cerrando las vías de escape. Los últimos expedientes abiertos contra ambos países se tramitan normalmente por la vía acelerada. Y en el caso de Polonia, la Comisión ha pedido hasta tres veces al Tribunal europeo la suspensión cautelar de las reformas judiciales puestas en marcha por Varsovia.

Ese cerco es el que ha llevado al Constitucional polaco a intentar rebelarse. Y al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a plantear una consulta a la Corte constitucional sobre la primacía del Derecho europeo respecto al polaco. El caso, de tremendas repercusiones si los jueces cuestionan la primacía del derecho europeo, debía haberse resuelto el pasado martes. Pero ha sido aplazado hasta primeros de agosto lo que indica que las autoridades polacas empiezan a ser conscientes de que, si traspasan ciertas líneas rojas, el golpe económico puede ser brutal.

El profesor Alemanno considera que el mantenimiento del Estado de derecho no dependerá tanto de los poderosos instrumentos de la Comisión “como de la creación de un clima político que permita su activación”. Y en ese sentido echa de menos una movilización más general de otros actores más allá de las instituciones comunitarias, como el resto de Estados de la UE, que también pueden presentar denuncias ante el Tribunal europeo, de las ONG o de las propias empresas presentes en esos países. “Al final, se trata de entender que la erosión del Estado de derecho tiene un efecto dominó que produce efectos en todo el continente”, subraya Alemanno.