La homofobia del Gobierno de Orbán acentúa el aislamiento de Hungría dentro de la Unión Europea

Las medidas recién aprobadas por Hungría para prohibir cualquier referencia a la homosexualidad en las escuelas han provocado este martes las críticas exacerbadas de varios socios de la UE durante una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Generales. La cita, celebrada en Luxemburgo, ha visualizado el creciente aislamiento del Gobierno de Viktor Orbán, cuyo partido ya ha tenido que abandonar el Partido Popular Europeo (PPE) y ahora se enfrenta a posibles actuaciones disciplinarias por parte de una Comisión Europea espoleada por Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, entre otros socios de la Unión.

Los países del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) han impulsado una declaración en contra de la norma húngara, un movimiento coordinado contra un socio del que no se recuerdan precedentes desde la ampliación de la UE en 2004 y que ha sido secundado nada menos que por 14 Estados en total, incluidos Alemania, Francia, Italia y España.

“Estigmatizar a las personas LGTBIQ constituye una clara violación del derecho fundamental a la dignidad”, señala una declaración que pide a la Comisión que utilice todas las medidas disponibles para frenar la legislación húngara, incluida la presentación de una denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo. La ministra belga de Asuntos Exteriores, Sophie Wilmès, una de las impulsoras del texto, ha celebrado el éxito de su iniciativa: “Estamos decididos a proteger los valores europeos y ¡los derechos de todos!”, ha escrito en las redes sociales.

“Es importante que todos entendamos que los colores del arcoíris unen nuestra diversidad”, ha señalado momentos antes de la reunión Ana Paula Zacarias, secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Portugal, país que preside el Consejo este primer semestre del año. Las diplomáticas palabras de la presidencia en alusión a la bandera que simboliza el movimiento LGTBI abrían paso a una serie de andanadas de inusitada dureza contra el gobierno de Orbán.

Sigrid Kaag, ministra holandesa de Asuntos Exteriores, ha señalado que “esta legislación [húngara] es indigna de Europa y de nuestros valores. Pedimos a Hungría que derogue la ley”. Más tajante aún se mostraba el ministro luxemburgués de Exteriores, Jens Asselborn, que ha afirmado que “esa ley no responde en absoluto a los valores europeos. La gente tiene derecho a vivir como desee, no estamos en la Edad Media”.

El ministro húngaro de Exteriores, Peter Szijjarto, ha rechazado las críticas y las ha atribuido a una campaña internacional de distorsión y propagación de bulos sobre su país. “Esta ley no va contra ninguna comunidad en Hungría, es solo contra los pedófilos”, ha señalado Szijjarto a su llegada a Luxemburgo. “Hasta los 18 años los padres tienen que tener la competencia exclusiva sobre la educación en cuanto a la orientación sexual, no puede ser que los niños vuelvan a casa con propaganda sobre su orientación sexual”, ha insistido el ministro húngaro poco antes del choque con buena parte de sus homólogos de la UE.

La carga contra Orbán ha tenido lugar durante un Consejo que, precisamente, debía analizar la situación del Estado de derecho y el respeto a los valores fundamentales de la Unión en ese país y en Polonia. La audiencia forma parte del proceso abierto contra Budapest y Varsovia sobre la base del artículo 7 del Tratado de la Unión, que permite suspender el voto en el Consejo a los socios que violen los valores de la UE.

Los dos expedientes llevan meses encallados por la falta de mayoría suficiente para hacerlos avanzar. El gobierno húngaro y el polaco cuentan con el respaldo de otros países (República Checa, Eslovenia y Bulgaria) que temen verse incursos en un procedimiento similar. Y, en todo caso, disponen del veto en uno de los pasos decisivos de la tramitación para salvarse recíprocamente. “La situación no va bien ni en Polonia ni en Hungría”, ha advertido la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, poco antes de la reunión del Consejo.

La consumación del artículo 7 parece todavía imposible. Pero las enmiendas aprobadas la semana pasada por el Parlamento húngaro para impedir lo que Budapest califica como adoctrinamiento homosexual de los menores de edad ha reforzado a los partidarios de frenar a Orbán. Hasta en Múnich, donde la selección húngara de fútbol se enfrenta este miércoles a la de Alemania en un encuentro oficial de la Eurocopa 2020, el ayuntamiento ha anunciado la intención de iluminar con los colores del arcoíris varios hitos de la ciudad en protesta por la homofobia del gobierno de Orbán. La UEFA se ha negado a iluminar con esos colores el estadio, por considerar que se trata de un posicionamiento político, pero el mensaje visual llegará a Budapest.

De manera mucho más significativa, la declaración pidiendo medidas contra Budapest ha sido suscrita por Estonia, Letonia y Lituania, tres países que, como Hungría, ingresaron en el club durante la gran ampliación hacia Europa central y del este. Y mientras la delegación polaca participaba este martes en diversas reuniones paralelas al Consejo, entre ellas con la vicepresidenta Jourova, la húngara ha roto casi todos los puentes con Bruselas y se atrinchera en una posición numantina.

“Otro día, otro Consejo de Asuntos Generales en Luxemburgo. No cederemos a los chantajes, sino que defenderemos el honor de nuestra patria”, proclamaba poco antes de la reunión la ministra húngara de Justicia, Judit Varga, en sus redes sociales.

La ministra añadía que los cambios legales introducidos, aprobados en el Parlamento húngaro por 157 votos a favor y uno en contra, solo buscan impedir que los niños “accedan a contenidos que contradigan los principios con los que sus padres quieren educarles”. Varga subraya que la ley no afecta a la vida sexual de los mayores de 18 años ni restringe la información a la que puedan verse expuestos. “No queremos interferir en el estilo de vida de los adultos”, subraya la ministra.

Las explicaciones de Budapest no convencen a buena parte de los miembros del Consejo, como muestra la declaración firmada por Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suecia, Italia y Letonia. La vicepresidenta Jourova ha asegurado al término del Consejo que la ley húngara provoca gran rechazo, pero ha pedido tiempo para analizarla en detalle antes de tomar posibles medidas si es incompatible con las normas europeas. El análisis se centrará en el impacto de la ley en las áreas “de educación, libertad de expresión y discriminación”, ha detallado Jourova.

Los argumentos de Hungría tampoco convencen a muchos eurodiputados del Parlamento Europeo, que ven en la normativa otro paso más en la deriva autoritaria y homófoba de un Gobierno que parece alejarse de los estándares vigentes en la UE y acercarse a los que imperan en la Rusia de Vladímir Putin.

En el Parlamento, 61 eurodiputados de cinco grupos (populares, socialistas, liberales, verdes e izquierda) han planteado este martes varias preguntas a la Comisión en las que señalan la similitud de la norma húngara con las leyes de Moscú contra la calificada como “propaganda LGTBI”. Los parlamentarios preguntan al organismo presidido por Ursula von der Leyen qué medidas legales va a adoptar, llegado el caso, contra una potencial violación del derecho comunitario por parte del gobierno húngaro.