La justicia europea declara ilegal la ley de Orbán diseñada para cerrar la universidad de Soros

Cerrar una universidad mediante una ley ad hoc es incompatible con el derecho comunitario. El Tribunal de Justicia europeo ha sentenciado este martes en contra de Hungría, donde el gobierno de Viktor Orbán impulsó una ley sobre educación superior diseñada expresamente para expulsar del país a la Central European University (CEU), la universidad fundada en 1991 por el multimillonario de origen húngaro George Soros. Una ley que obligó a los académicos a cerrar la prestigiosa institución en Budapest y trasladarse a Viena.

El caso marca una importante victoria para la Comisión Europea, que reaccionó de inmediato a la ley aprobada de manera urgente por el parlamento húngaro. Bruselas ha optado por la vía del Tribunal europeo para frenar las reformas emprendidas por países como Hungría o Polonia, en las que detecta una deriva autoritaria que pone en peligro el respeto al Estado de derecho. El Tribunal ha frenado ya la reforma judicial emprendida por Varsovia, que según Bruselas pone en peligro la independencia judicial en Polonia, y ahora declara ilegal la reforma universitaria de Orbán.

El veredicto de la corte europea avala la denuncia presentada por la Comisión Europea, que acusó a Budapest de violar las normas europeas sobre libertad de establecimiento, las normas de la Organización Mundial de Comercio sobre prestación de servicios y los artículos de la Carta de Derechos fundamentales que establecen la libertad de cátedra y la libertad de creación de centros docentes.

La sentencia permitirá a la Comisión exigir que Hungría derogue o reforme la ley universitaria para eliminar los artículos que abocaron al cierre de la CEU, el centro universitario fundado en Nueva York bajo el patrocinio de la fundación Open Society, vinculada a Soros. En caso de desacato por parte de Orbán, la Comisión podría presentar una nueva denuncia y proponer sanciones multimillonarias contra Hungría.

La reforma de la ley universitaria planteada por Orbán en 2017 fue tramitada por la vía de urgencia y aprobada en el Parlamento húngaro en solo una semana. La norma obligó a las universidades extracomunitarias presentes en territorio húngaro a demostrar que se ha celebrado un tratado internacional entre Budapest y su país de origen y a ofrecer los mismos cursos en su país de procedencia. De las seis universidades presentes en Hungría en 2017, solo la CEU incumplía esos criterios por lo que se vio obligada a cerrar su campus en Hungría y en 2019 abrió un nuevo centro en Viena.

En cuestión de semanas, la Comisón Europea abrió expediente contra Hungría por violar las normas sobre libre circulación y por vulnerar la libertad de ciencia garantizada por la Carta de Derechos fundamentales. El caso fue uno más de la larga y agria batalla mantenida por el entonces vicepresidenta de la Comisión Europea, Frans Timmermans, con los gobiernos de Budapest y Varsovia.

La Comisión inició un procedimiento contra Polonia en base al artículo 7 del Tratado de la UE, que permite suspender el derecho de voto en las instituciones europeas del país que viole los valores fundamentales de la UE recogidos en el artículo 2 del Tratado. El Parlamento Europeo impulsó el mismo expediente contra Hungría. Pero la amenaza del artículo 7, considerado como una especie de bomba nuclear política, nunca se ha podido activar y su tramitación sigue atascada en el Consejo de la UE, donde Hungría y Polonia cuentan con suficientes aliados para eludir el castigo.

Bruselas ha tenido mayor éxito con la vía judicial, con la que ha logrado frenar una y otra vez a las dos capitales donde aprecia la mayor deriva autoritaria. El Tribunal europeo, en una decisión sin precedentes, frenó de manera cautelar la reforma judicial iniciada por el gobierno polaco. Y ahora anula de facto la reforma universitaria de Orbán.