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La libertad académica bajo amenaza

La ofensiva contra la Universidad tiene una doble vertiente. El populismo carga contra los expertos y sus privilegios, mientras la jerga y cierto letargo intelectual amplían la brecha entre el aula y la calle

Manifestación de estudiantes y profesores a favor de la CEU en Budapest, el pasado 4 de abril. 
Manifestación de estudiantes y profesores a favor de la CEU en Budapest, el pasado 4 de abril.  ANADOLU / GETTY

Soy el presidente de una institución, la Universidad Centroeuropea (CEU), que está en peligro. La CEU está luchando en Budapest, la capital de Hungría, para mantener su independencia, tras la aprobación de una nueva legislación que, básicamente, la obligaría a cerrar.

La batalla de la CEU se ha convertido en una cause célèbre. Más de 650 centros de enseñanza superior, universidades y asociaciones de profesionales se han opuesto a la ofensiva legal de Hungría contra la CEU. Unas 80.000 personas se manifestaron en las calles de Budapest para defendernos. Veinticuatro premios Nobel han avalado con su prestigio nuestra causa. El próximo 22 de junio, uno de ellos, Mario Vargas Llosa, estará con nosotros en la capital de Hungría en una conferencia sobre el reto al que se enfrenta la libertad académica en el mundo.

En la CEU sabemos que no somos el único centro que lucha por plantar cara a ataques gubernamentales. En Turquía se están cerrando universidades y el profesorado está siendo purgado. En San Petersburgo, la Universidad Europea con la que estamos hermanados, pelea contra maliciosos y repetidos intentos de clausurarla.

Estas son sólo algunas de las amenazas externas a las que las universidades se enfrentan en la actualidad. Pero también hay amenazas igualmente preocupantes que vienen de dentro.

Las universidades deben fortalecer las instituciones democráticas que las protegen, deben buscar y ganarse el apoyo de las sociedades

Hace poco, en Middlebury College (Vermont, Estados Unidos) una multitud vociferante acalló al autor conservador Charles Murray, impidiendo que hablara. En Oregón, también en EE UU, un profesor fue acosado por no querer unirse a una protesta contra el racismo. Europa tampoco es inmune: en Berlín y Dresde, ha habido profesores que han sido acosados por sus ideas conservadoras o por intentar explicar el atractivo de la extrema derecha.

Los responsables de estos episodios no diferencian entre crítica y hostigamiento. Pero el dogmatismo moral, sobre todo revestido de lenguaje antisexista, antimilitarista y antirracista, nos impide a todos hacer una reflexión honesta. Parece que hoy quienes hacen más daño a la libertad son precisamente quienes se benefician más de ella.

La mejor manera de entender la doble amenaza a la que se enfrenta la libertad académica (el peligro que viene de afuera y el que viene de adentro) es tomar distancia de estos escándalos y volver a los principios originales. ¿Qué es la libertad académica?

Esos pocos privilegiados

El Estado no es la única fuente de presión. Ninguna institución académica es libre si su dirección ejecutiva depende de los benefactores

Seamos sinceros. Fuera de las aulas universitarias, de los laboratorios de investigación y de las bibliotecas, mucha gente considera la libertad académica como un privilegio (y uno bien dudoso, por cierto). Así que analicemos esta crítica de frente.

Quienes tenemos la suerte de trabajar en universidades sabemos lo privilegiados que somos, y esto crea cierta incomodidad. Nuestros salarios los pagan ciudadanos (con los impuestos, por ejemplo, o con la matrícula de sus hijos) que tal vez no terminaron la educación secundaria, ni pudieron asistir a la universidad. Tenemos que poder justificarnos ante ellos. Nuestras puertas deben estar siempre abiertas al público. Tenemos que comunicar el resultado de nuestras investigaciones de una forma accesible. Y tenemos que eliminar las barreras que excluyen a nuestros conciudadanos e impiden que aprendan con nosotros. Si tenemos privilegios —y así es—, traen aparejados responsabilidades que debemos cumplir de forma plenamente consciente.

El privilegio más conspicuo que necesita ser analizado y defendido probablemente sea el tenure o titularidad académica. Si preguntas por la calle qué es la libertad académica, algunos dirán: eso significa que los profesores tienen un puesto de trabajo de por vida y no corren el peligro de ser despedidos. En un mundo de constante inseguridad económica, semejantes prebendas de las que disfrutan unos pocos parecen difíciles de justificar.

Y sin embargo, esta forma prácticamente única de seguridad laboral tiene una justificación, profunda y difícil de rebatir. La titularidad vitalicia protege el derecho a realizar investigaciones impopulares y a adoptar posiciones impopulares. Junto a la libertad de prensa y la independencia del poder judicial, este es uno de los baluartes de las sociedades libres un contrapeso a las mayorías.

Por supuesto, como ocurre con cualquier privilegio, se pueden dar abusos: hay quienes consiguen su puesto titular fijo tras haber escrito un libro bueno y pasan el resto de su vida en un letargo intelectual. Pero hay otros que usan esa titularidad magníficamente para promover la enseñanza y contribuir al conocimiento. Debemos sentirnos orgullosos de quienes emplean la estabilidad académica para beneficio de todos, y estar tan alerta como podamos para retirar ese privilegio a quienes no lo honran.

La titularidad fija no es el único aspecto impopular del mundo universitario. Con frecuencia la libertad académica es vista como una licencia que se toman autoproclamados expertos para decir chorradas en televisión, radio y redes sociales. Como alguien que ha sido señalado como “intelectual público”, confieso que en alguna ocasión, llevado por la pereza o la vanidad, he pontificado sobre temas que no eran realmente de mi competencia. Mi moraleja es sencilla: limítate a hablar de lo que sabes. Si no, los expertos terminan alimentando su mala fama.

El pueblo contra los profesores

El odio al conocimiento especializado del experto y el rechazo a las instituciones del establishment son elementos centrales de la política populista. La mayoría honesta, práctica, que habla con claridad es contrapuesta a los satisfechos, condescendientes y arrogantes mandarines.

De todos modos, la verdad es que el populismo es una política con mala fe. Nuestras sociedades dejarían de funcionar sin el conocimiento que surge de la academia. Esos líderes populistas que arrancan votos denostando a los expertos (todos conocemos ejemplos) luego se verían muy apurados si llegaran al poder. El conocimiento de los expertos es un componente esencial de cualquier sistema de gobernanza decente.

Pero defender el conocimiento académico no basta si todo lo que la gente percibe es la defensa de nuestros privilegios como élite. El problema más profundo al que nos enfrentamos es la erosión, a ojos de la opinión pública, del vínculo entre la libertad académica y la libertad de todos los ciudadanos. La gente capaz de decir “la libertad académica es mi libertad también” es una minoría.

Quienes creemos en las universidades, quienes las amamos, con todos sus fallos, quienes atesoramos lo que nos enseñaron, debemos afirmar con orgullo que nuestra libertad no es un privilegio, sino un derecho que nos hemos ganado al trabajar a favor de la verdad y el conocimiento en nombre de las sociedades a las que servimos. Pero para que las universidades recuperen el apoyo popular que necesitan es de una importancia vital que aquellos de nosotros que formamos parte del mundo académico respondamos honestamente a las críticas que vienen de afuera, en vez de callarnos cuando uno de nuestros colegas anda por ahí dándoselas de expertos.

También hay que luchar para evitar que la jerga especializada monopolice totalmente el discurso académico. He asistido a demasiados seminarios en grandes universidades que terminan siendo un juego lingüístico cerrado, entre miembros de una especie de cofradía de iniciados, más interesados en una gratificación autorreferencial incomprensible que en el contacto honesto con la realidad. Sí, con frecuencia el mundo exterior tiene razón. Algunos académicos dotan de mala fama a la libertad académica.

Pero tan cierto es eso como que los estudiosos a los que reverencié toda la vida (gigantes como Isaiah Berlin, Albert Hirschman, David Landes y Judith Shklar, por nombrar sólo a cuatro) tenían, todos, el don de la claridad. Su trabajo expresaba una obligación moral hacia la verdad y hacia la sociedad en que vivían: hablar en forma accesible acerca de los problemas que nos afectan a todos. Con el uso que de la libertad académica hacen estos grandes, hombres y mujeres de profunda erudición, realzan el prestigio de la nuestra.

La batalla de Budapest

Hasta aquí las amenazas internas. Hablé de ellas en primer lugar porque si no podemos defender a los mejores de los nuestros y criticar a los peores, si no podemos cumplir con la responsabilidad que tenemos hacia nuestros conciudadanos, si no podemos evitar que nuestra independencia sea puesta al servicio de una corrección política opresiva, la libertad académica morirá a manos de sus privilegiados beneficiarios.

Pero las amenazas que vienen de fuera no son menos graves. No quiero explayarme en detalles acerca de nuestro problemita local (como dirían los ingleses) en Budapest. Hay negociaciones en marcha con la oficina del gobernador del Estado de Nueva York (sede de acreditación de los títulos de la CEU) y el Gobierno de Hungría. Quiero que esas negociaciones lleguen a buen puerto para poder reemprender junto a mis colegas el quehacer diario (bendito quehacer nos parece ahora) como una institución académica normal.

Así que cuanto menos diga públicamente sobre la batalla con el Gobierno húngaro, mejor. Pero sí puedo reflexionar sobre lo que esto me ha enseñado de la relación entre la libertad de las universidades y la libertad democrática misma.

Hemos empequeñecido la escala y el alcance de la libertad académica al usar esta expresión sólo para referirnos a los privilegios individuales de los integrantes de esa casta corporativa. Porque la libertad académica claramente también implica el derecho de una comunidad a autogobernarse para servir a la sociedad en su conjunto. Hemos hecho tanto hincapié en el significado de la libertad académica a escala individual que hemos descuidado las implicaciones que tiene para la sociedad en general. Y sin embargo, esas implicaciones son esenciales: a menos que las instituciones puedan defender su derecho a autogobernarse frente a las fuerzas externas, no podrán defender de forma efectiva los derechos individuales de sus miembros.

En la CEU hemos comprobado cuánta verdad esconde ese viejo cliché sobre la libertad: vale lo que estés dispuesto a pagar por ella. Quienes no pelean por su libertad la perderán.

Pero debo subrayar que nosotros hemos podido pelear porque, gracias a una donación privada, tenemos los recursos para hacerlo. Las instituciones académicas en Turquía y en Rusia carecen de estos recursos.

La donación a la que me refiero procede de un único filántropo: George Soros. Nadie ha hecho tanto por Hungría, y nadie ha sido tan injustamente interpretado. En la batalla que libramos por mantener la CEU en Budapest, Soros ha sabido respetar la libertad académica mucho mejor que el Gobierno húngaro.

Amenazas privadas

La cuestión es que el Estado no es la única fuente externa que ejerce presión sobre las universidades. Ninguna institución académica es libre si su dirección ejecutiva está controlada por sus benefactores. Ninguna institución recibirá una acreditación oficial, como la que obtuvo la CEU del Estado de Nueva York y de la Middle States Commission on Higher Education, a menos que pueda demostrar que es independiente respecto de quienes la dotan de recursos.

Así que la libertad académica de la CEU —y la de cualquier institución académica— debe significar libertad respecto del Estado y libertad respecto de cualquier interés privado. Ninguna de las dos es ilimitada. Todo derecho acarrea una obligación. En lo relativo a los intereses privados, la universidad debe dar cuenta del uso que hace de sus fondos y debe usarlos exclusivamente con fines educativos e investigativos. Y en los que al Estado se refiere, una universidad aunque sea libre para cuestionar leyes y disentir de ellas no está exenta de obedecerlas.

La batalla por la CEU me ha convencido aún más de que la independencia financiera es una condición indispensable para la libertad académica. Aquellas universidades que sólo obtienen financiación del Estado deben diversificar sus fuentes de recursos: la independencia está más protegida cuando se sostiene en muchos pilares.

Para poder defender de una forma eficaz esta libertad es necesario multiplicar la red de conexiones entre la universidad y la sociedad. La relación de una universidad con el sector privado conlleva, evidentemente, riesgos y oportunidades. Los acuerdos con empresas privadas favorecen la investigación y son buenos para el alumnado: permiten producir conocimiento juntos, compartir los ingresos de patentes y preparar a los estudiantes para trabajar más tarde en esas empresas.

Pero cada convenio que se firma con una empresa privada debe salvaguardar la integridad de nuestros planes de investigación, del currículo y de los criterios de designación de plazas docentes. Las universidades no son negocios: son instituciones autónomas sin ánimo de lucro, con objetivos que difieren de los del mundo empresarial. Sólo en la medida en que ambas partes comprendan las reglas de colaboración podrán sacar provecho del conocimiento que produzcan juntas.

Blancos de la embestida autoritaria

Al final la libertad académica depende de la salud de las instituciones democráticas. Las universidades son especialmente vulnerables cuando las democracias son débiles, cuando el autoritarismo populista de mayorías erosiona el sistema de controles y contrapesos (checks and balances), la libertad de prensa y la independencia del poder judicial. Eso es lo que ha sucedido en Hungría.

Para sobrevivir, las universidades deben hacer todo lo posible por fortalecer las instituciones democráticas que las protegen, deben buscar y ganarse el apoyo de las sociedades a las que sirven. Esa es la garantía definitiva para que puedan disfrutar de su libertad.

La democracia es mucho más que su maquinaria. Todas sus instituciones (el gobierno de la mayoría, los derechos de las minorías, los controles y contrapesos, la independencia judicial, la libertad de prensa) están impulsadas por el noble ideal del autogobierno, la idea de comunidades libres que eligen sus objetivos por sí mismas, que crean las reglas por consenso, y que cumplen con la obligación de proteger y cuidar a sus miembros.

Este ideal se afianzó primero en Europa, en las universidades medievales de Bolonia, Salamanca, Oxford, Cambridge y la Sorbona, y en las primeras grandes universidades modernas de Europa del este: la Carolina de Praga, la Jaguelónica de Cracovia, la Eötvös Loránd de Budapest. Fundadas hace siglos, todas ellas siguen siendo instituciones autónomas que encarnan el ideal del autogobierno, centro mismo de la fe democrática.

La batalla por la libertad académica no termina nunca: debemos defenderla ante sus enemigos, internos y externos. En ambos frentes, la victoria dependerá en última instancia de si podemos convencer a nuestros conciudadanos de que, cuando luchamos por nosotros, también luchamos por ellos.

Michael Ignatieff es historiador, exlíder del Partido Liberal de Canadá, es presidente y rector de la Universidad Centroeuropea. Su último libro es Fuego y cenizas. Éxito y fracaso en política.

© Project Syndicate, 2017.

www.project-syndicate.org

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