El Gobierno húngaro fija para finales de año o principios de 2022 el referéndum sobre la ley anti LGTBI

El referéndum sobre la ley que prohíbe difundir contenidos LGTBI en cualquier ámbito donde haya menores en Hungría se celebrará a finales de este año o principios del próximo, ha precisado este jueves en la rueda de prensa semanal del Ejecutivo húngaro en Budapest Gergely Gulyas, jefe de gabinete del primer ministro Viktor Orbán. El propio Orbán había anunciado el miércoles que esta polémica norma legal se sometería a consulta con el fin de “combatir la presión de la UE” para cambiar esa legislación.

La adopción de esa ley a mediados de junio fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la Unión Europea, que ha mantenido con el ultraconservador nacionalista Orbán un áspero enfrentamiento que culminó el 15 de julio con la apertura de un expediente de infracción por parte de la Unión Europea contra Hungría al entender que esa legislación viola los derechos fundamentales.

El primer ministro húngaro utilizó un vídeo difundido el miércoles por la red social Facebook para anunciar la celebración del referéndum. En esa grabación acusó a Bruselas de haber “atacado claramente a Hungría por su ley de protección de la infancia [la norma anti LGTBI]”, antes de definir la difusión de contenidos sobre ese colectivo como “propaganda sexual en los jardines de infancia, las escuelas, la televisión y los anuncios”.

Orbán no precisó entonces la fecha de la consulta pero sí informó de que esta incluirá cinco preguntas que, por su formulación, parecen dirigidas a buscar el no. Entre ellas, se interrogará a los húngaros sobre si apoyan la celebración de talleres de orientación sexual en las escuelas sin su consentimiento o si creen que los procedimientos de reasignación de sexo deben ser promovidos entre los niños. El primer ministro precisó que las preguntas versarán a su vez sobre si los contenidos que afectan a la orientación sexual de los niños deben ser ofrecidos sin restricciones y si los procedimientos de reasignación de sexo deben estar disponibles para los menores.

En su comparecencia ante la prensa de este jueves, su jefe de Gabinete ha usado un tono más conciliador al afirmar que, para Hungría, “hay muchos más argumentos a favor de la adhesión a la Unión Europea que en contra. Entrar en la UE fue la decisión correcta en aras del interés nacional y sigue siendo así”. Sin embargo, Gulyas ha defendido también el derecho de su país a “tomar decisiones por su cuenta” en cuestiones en las que no se ha cedido las competencias a las instituciones europeas.

El jefe de gabinete de Orbán ha precisado luego que su país sigue dialogando con la Comisión Europea acerca de su plan de recuperación nacional y que ambos están aún buscando un acuerdo. Gulyas aludía a los 7.200 millones de euros del plan de la UE para la recuperación de la pandemia para Hungría, que Bruselas había decidido mantener en suspenso ya antes de incoar el expediente de infracción contra Budapest el 15 de julio. El alto funcionario húngaro ha asegurado que su Gobierno está empezando a prefinanciar proyectos de ese plan de recuperación con cargo al presupuesto nacional.

El martes, la Comisión Europea enumeró sus preocupaciones acerca de Hungría, y también de Polonia, en su informe anual sobre el Estado de derecho. Sus conclusiones se tendrán en cuenta a la hora de decidir si se desbloquean o no las partidas millonarias que la UE tenía previsto destinar a esos dos países para ayudar a sus economías a recuperarse de la pandemia de coronavirus.

La deriva homófoba de estos dos países es una de las principales preocupaciones de Bruselas, junto a los ataques a la independencia judicial y la corrupción. La Comisión considera que la ley que prohíbe difundir contenido LGTBI en Hungría es incompatible con “la dignidad humana, la libertad de expresión e información, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la no discriminación”, además de vulnerar varias directivas comunitarias.

La apertura del expediente a Hungría es el primer paso de un proceso que puede acabar en el Tribunal de Justicia de la UE y tener como consecuencia la suspensión de la financiación europea a este país. A finales del año pasado, Bruselas se dotó de un reglamento de condicionalidad al Estado de derecho, que permite por primera vez suspender los fondos a los países donde la buena gestión de los recursos comunitarios no esté garantizada por la ausencia de las adecuadas estructuras administrativas, de auditoría o judiciales. La norma nació precisamente con vocación de frenar la deriva autoritaria en países como Hungría o Polonia.