Bruselas abre expediente a Polonia y Hungría por su hostigamiento a la comunidad LGTBI
La Comisión Europea inicia un procedimiento infractor al considerar que Varsovia y Budapest violan derechos fundamentales
Bruselas ha decidido actuar ante la deriva homófoba de los Gobiernos ultraconservadores de Hungría y Polonia. Tras el pulso de las últimas semanas con el Ejecutivo de Viktor Orbán, la Comisión Europea ha abierto este jueves expediente a Budapest por la norma que prohíbe la difusión de contenido LGTBI en ámbitos donde haya menores, al considerar que viola la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en puntos como la libertad de expresión y la no discriminación. El Ejecutivo comunitario también ha abierto un procedimiento infractor a Polonia por las llamadas zonas libres de ideología LGTBI creadas en varios municipios.
La Comisión Europea ha decidido finalmente mover ficha ante el hostigamiento a la comunidad LGTBI en Polonia y Hungría. La ley de Orbán, inspirada en una norma rusa de 2013, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Bruselas no solo mantiene en suspenso la aprobación de su plan de recuperación de la pandemia, de 7.200 millones de euros. Ahora también ha decidido abrirle expediente, el primer paso de un proceso que puede acabar en el Tribunal de Justicia de la UE. Bruselas, además, ha decidido también atar en corto a Polonia, que ha flirteado con la idea de importar la norma húngara.
La legislación aprobada por el Parlamento húngaro prohíbe que se difunda contenido LGTBI en cualquier ámbito en el que haya menores. Eso afecta a las escuelas y a los medios de comunicación, pero varias ONG creen que en última instancia el veto puede llegar a la propia calle. Bruselas cree que esa ley vulnera cuatro normas comunitarias —la directiva de Servicios Audiovisuales, la de Comercio Electrónico, la de Transparencia del Mercado Único y la de Protección de Datos— y viola la prestación de bienes y servicios de forma transfronteriza. Bruselas advierte, además, de que las disposiciones húngaras violan “la dignidad humana, la libertad de expresión e información, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la no discriminación”.
El Ejecutivo de Ursula von der Leyen también ha enviado una carta de emplazamiento a Hungría por otra norma que obliga a los editores de libros a incluir una advertencia de descargo de responsabilidad en los libros con contenido LGTBI que señale que estos recogen “comportamientos que se desvían de los roles de género tradicionales”. “Esto equivale a restringir el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación consagrados en los artículos 11 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE”, señala la Comisión.
Malestar entre los países
La deriva de Hungría y Polonia, sin embargo, amenaza con extenderse a otros países que también han ido reculando en materia de derechos LGTBI. Ante ese riesgo, la Comisión Europea ha decidido finalmente abrir expediente a Varsovia por el centenar de localidades que se han declarado zonas libres de ideología LGTBI. Hasta ahora, Bruselas había optado por congelar los fondos destinados a esos municipios. Von der Leyen, que el martes cenó con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, había cargado en varias ocasiones contra esas declaraciones. Ahora, la Comisión ha abierto expediente a Polonia por no haber entregado la información que se le había requerido sobre la actuación de esos ayuntamientos.
Los expedientes ahondan todavía más la brecha entre Bruselas y los dos Gobiernos ultraconservadores, justo después de que el Constitucional polaco se haya negado a acatar las órdenes de la justicia europea y a las puertas de la presentación de los informes sobre el Estado de derecho de la UE. En el caso húngaro, la nueva ley irritó no solo a la Comisión, sino a 17 socios que decidieron firmar dos documentos —uno suscrito por los jefes de Estado y de gobierno— en los que se declaraban dispuestos proteger los derechos de la comunidad LGTBI. Hungría y Polonia tienen ahora dos meses para responder a la Comisión Europea. Si su respuesta no convence a Bruselas, el Ejecutivo comunitario puede enviarles una opinión razonada, que es el paso previo a ir al TJUE.
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