Un grupo narcoterrorista asesina a 16 personas en el principal valle cocalero de Perú

En vísperas de las elecciones generales en 2011 y 2016, y en las regionales de 2014, columnas armadas del clan de los hermanos Jorge y Víctor Quispe Palomino, quienes alguna vez pertenecieron al grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso, se atribuyeron emboscadas y asesinatos en la zona de mayor producción de hoja de coca en Perú, el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Este lunes, a dos semanas del balotaje, militares y un juez de paz informaron que una columna ligada a Víctor (alias José) asesinó la noche del domingo a 16 personas y dejó heridas a otras tres en dos cantinas del centro poblado San Miguel del Ene, en la provincia amazónica de Satipo, región Junín.

Desde hace 17 años, los hermanos Quispe Palomino se instalaron en un reducto del VRAEM, en una zona geográficamente difícil para la actuación de las fuerzas del orden, para dedicarse al narcotráfico, a la extorsión y a dar seguridad a otros operadores del narco. Jorge, alias ‘Raúl’, fue ultimado en un enfrentamiento con las fuerzas del orden en octubre, en una zona de la provincia de Huanta (Ayacucho) perteneciente al VRAEM, pero las autoridades confirmaron su muerte en marzo de este año.

El juez de paz Leonidas Casas denunció el crimen múltiple este lunes a la fiscalía y la policía en el centro poblado Natividad, y relató que, alertado por el presidente de un comité de autodefensa y otro ciudadano, encontró 18 cadáveres en dos cantinas al pie del riachuelo Chimpinchariato, en el VRAEM. Horas después, un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reportó que eran 14 fallecidos -por disparos de fusil- entre ellos los cuerpos de dos menores de edad calcinados. El juez de paz añadió que algunos heridos fueron atendidos en una posta médica y pidió apoyo a las autoridades para retornar al lugar de la masacre de modo que se cumpla el levantamiento de los cuerpos. “Nadie quiere ir”, aseguró. La noche de este lunes, la ministra de Defensa, Nuria Esparch, aumentó la cifra de fallecidos a 16.

Una fuente militar con conocimiento de los hechos, consultada por EL PAÍS, indicó horas después que el Comando Conjunto dispuso el apoyo para que Casas retornara acompañado a la escena del crimen. El jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, el general del Ejército César Astudillo, comentó en la emisora Radioprogramas que el 10 de mayo el grupo armado al mando de Víctor Quispe (alias José) repartió volantes en el VRAEM advirtiendo que harían una “limpieza social” de lo que consideran “personas al margen de la ley o que se comporten de manera libertina”. “Nada justifica lo que han hecho esos criminales”, añadió. En una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Eduardo Vega, agregó que algunas víctimas fueron asesinadas con arma blanca y calificó el hecho como “un típico acto de terrorismo”.

El encabezado del volante distribuido el 10 de mayo dice: “¡Basta ya de males sociales, hay que empezar a limpiar! Basta ya de cuchipampas (...) “Limpiar al VRAEM y al Perú de antros, de elementos de mal vivir, de parásitos y corruptos”. En el sitio del crimen, el juez de paz encontró también un volante dejado por los criminales, pero la imagen que circuló en la prensa no era legible. La fuente militar consultada recordó que en marzo el mismo grupo secuestró a una familia y asesinó a cuatro de ellos en Huanta, región Ayacucho. “Luego de la muerte del líder ‘Raúl’, los cuadros buscan ascender y demostrar sus cualidades de ‘comandantes’ con estas acciones. Los mandos medios tienen una mentalidad abusiva”, anotó.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas denomina Comité Central de Sendero Luminoso VRAEM al grupo que encabeza Víctor (alias José) Quispe Palomino, pese a que su objetivo no es la toma del poder, sino ganar dinero por medio de la extorsión, la vigilancia de las narcopistas y el traslado a pie de cargas de estupefacientes. El grupo maoísta que se alzó en armas en mayo de 1980 llamado Sendero Luminoso y que pretendía destruir el Estado y la democracia en Perú, causó el 54% de las más de 69.000 víctimas fatales en 20 años de conflicto armado interno en Perú, entre 1980 y 2000.

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