La insatisfacción con el modelo económico, clave en la segunda vuelta presidencial en Perú

Cerca del 90% de los peruanos quiere que cambie el modelo económico del país, aunque solo un tercio desearía una modificación radical, según las encuestadoras Ipsos Perú e Instituto de Estudios Peruanos. La economía peruana tuvo 20 años de crecimiento hasta que se desplomó un 11% por la pandemia en 2020. Durante esas dos décadas se mantuvo, sin embargo, un 70% de empleo informal, que se agravó con la crisis del coronavirus. El pasado viernes, las cifras oficiales indicaron que en 2020 la pobreza subió 10 puntos porcentuales, lo que se traduce en que un 30% de los peruanos (10 millones de personas) viven en la pobreza. El acceso a los servicios -educación, salud, saneamiento e internet-, que ya era deficiente antes de la pandemia, también ha empeorado.

Los candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta, el radical de izquierda Pedro Castillo y la conservadora Keiko Fujimori, se presentan ante el electorado como los representantes del cambio y de la continuidad del modelo, respectivamente. Julio César Gómez, nacido en el caserío de Puña (Cajamarca) fue compañero de escuela de Castillo y tiene la misma edad, 51 años. “Estamos decepcionados de este modelo económico porque la Constitución de 1993 fue hecha para los grandes, se olvidaron del que se gana el pan del día con el sudor de su frente, por eso se pide a gritos el cambio de la Constitución. El pueblo ya despertó y es difícil que lo hagan retroceder”, explica desde Lima.

“Pedimos una asamblea para cambiar esas leyes hechas para los grandes. Acá la justicia es solo para el pobre que roba una gallina, un celular. Lo sentencian cuatro años, pero para aquel que roba millones o que vendió nuestras empresas, hay libertad”, añade Gómez, que acompaña a Castillo como parte del cordón de seguridad de su campaña.

El economista Luis Alberto Arias, ex vicepresidente del Banco Central de Reserva, explica que “los principales problemas de insatisfacción con el modelo económico son el empleo y el acceso a servicios básicos como salud, educación y protección social”. Según cifras oficiales, en Lima solo cinco de cada 100 tiene acceso a un seguro privado de salud y solo el 38% tiene seguro con Essalud, sistema estatal que aún antes de la pandemia estaba colapsado. “El resto o no tiene seguro o tiene acceso al Seguro Integral de Salud (de cobertura mínima con el Ministerio de Salud). Con la pandemia la situación se ha agravado. Hasta ahora el 15% de los trabajadores no ha recuperado el empleo y los que lo han recuperado lo obtienen en forma precaria”, describe el consultor y profesor universitario Arias.

“El Estado no ha avanzado en cerrar las enormes brechas en el acceso a salud, educación y protección social en los últimos cinco años. Ha priorizado el grado de inversión, equilibrio fiscal, el ratio de deuda pública, a costa del estancamiento del gasto en salud, educación, protección social e infraestructura. Según la CEPAL, Perú gasta en estos rubros menos que el promedio de América Latina: esto explica el paupérrimo sistema de salud para enfrentar la pandemia y la incapacidad para proteger a los que perdieron el empleo”, agrega Arias.

La pobre inversión en salud afecta a los pacientes, pero también a 18.000 estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud que realizan su internado en hospitales. Recientemente, la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana (Fepemh) logró que el Ejecutivo apruebe el pago de un estipendio mensual no menor a 243 dólares para los internos, un seguro de salud y la entrega de equipos de protección personal, sin embargo el anuncio no se cumple en su totalidad. “La situación que vivimos miles de internos es producto del modelo neoliberal, donde todo tiene un precio y donde la educación y la salud han degenerado a un servicio o una mercancía para quienes puedan adquirirla. Desafortunadamente, vivimos en un modelo depredador no solo de la naturaleza sino también del ser humano”, responde el gremio de estudiantes de Medicina, consultado por este diario.

Reforma laboral

La Constitución de 1993 que estableció el modelo económico vigente modificó el régimen laboral. “Muchas de las cosas que pasan ahora sobre la oficialización de la precariedad laboral y el que los trabajadores estén excluidos de ejercer algún tipo de derecho se relacionan con lo que estableció el Gobierno de Alberto Fujimori”, afirma la socióloga Alejandra Dinegro, investigadora de la precariedad y la informalidad laboral de los jóvenes en Perú.

“Varias investigaciones sobre la reforma laboral en América Latina califican la de Perú como una de las más salvajes, por el atropello sistemático a los derechos laborales, la sindicalización y los pliegos de negociaciones colectivas. La flexibilidad laboral permite, por ejemplo, contratos de un mes. En ese panorama, en mi generación se impuso la incapacidad de hacer planes, a diferencia de nuestros padres o abuelos”, destaca la investigadora.

Al estudiar las condiciones en que trabajan los repartidores de plataformas de móviles en las tres principales ciudades peruanas, Dinegro constata que hay “una especie de agujero negro” porque trabajan por menos de un sueldo mínimo. “Están fuera del marco regulatorio en cuanto a derechos laborales y sociales, y están en un mercado laboral no tradicional: sin horario, sin jefe, sin contrato, donde todo es incierto y la única interacción es con el móvil”, anota.

El descontento con el modelo económico es más acentuado en una parte de la población indígena peruana. “Nos sentimos abandonados, excluidos, discriminados por este modelo de desarrollo económico”, dice por teléfono el apu (jefe indígena) Lizardo Cauper, presidente de Aidesep, la principal organización de pueblos originarios de la Amazonía. “Se necesita priorizar las necesidades en salud, educación, agua, saneamiento e infraestructura, pero también los derechos colectivos, como la seguridad jurídica de nuestros territorios -la titulación- y el respeto a la consulta previa. Hay proyectos (de empresas extractivas) que se realizan sin conocimiento ni autorización de los pueblos”, añade el jefe indígena. “Se necesitan cambios estructurales y reactivación económica, no soluciones parciales y esfuerzos aislados en salud y educación”, remata el líder de la etnia shipibo-conibo, que padeció las dificultades del sistema de salud en 2020 cuando se contagió de covid.

Días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales el pasado abril, el problema de acceso a la vivienda estalló con la invasión de un terreno privado en un distrito de Lima, Villa El Salvador. La policía expulsó a las personas que habían llegado hasta allí, que ahora viven en carpas en la calle, sin agua ni servicios básicos. La mayoría son personas que se quedaron sin trabajo durante la pandemia y no pueden pagar un alquiler. El urbanista Manuel Dammert señala que entre 2001 y 2018, el 93% del nuevo suelo urbano construido son asentamientos informales.

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