Colombia enfrenta su peor momento en la pandemia en mitad del descontento social

Hace apenas unos días Colombia superaba por primera y única vez durante la pandemia el medio millar de muertes diarias.

Esta tercera ola pilló al país por sorpresa, como lo hizo para muchos (no para otros) el brote de protestas que se abrió con el Paro Nacional del pasado miércoles. La ciudadanía llegaba a él con (y en no poca medida también por) una tasa de pobreza relativa que cerró 2020 al 42% según el Departamento Nacional de Estadística, datos que no se habían visto desde 2012.

La cifra fue mayor en las ciudades, que realmente concentraron la práctica totalidad de este incremento. La epidemia, como fenómeno inevitablemente urbano tanto en el contagio como en las medidas que se implementan para contenerlo, produjo tres millones de nuevas personas pobres en Colombia según las cuentas del DANE. 1,1 millones en Bogotá.

Un corte transversal sobre las muertes revela que, efectivamente, las grandes ciudades colombianas se han “turnado” los picos: primero las caribeñas Barranquilla (junto a su vecina soledad) y Cartagena; luego entraría la capital; y desde ahí Medellín buscaría un crecimiento más sostenido durante el tercer trimestre de 2020.

Sería Medellín también la primera en explotar en este tercer pico, junto a un rebrote en Barranquilla que sorprendió a quienes consideraban que sería suficiente barrera inmunológica la prevalencia del virus durante el año anterior, que alcanzó un 60% según estudios basados en muestras representativas de pruebas de anticuerpos realizados por la autoridad epidemiológica nacional.

No lo fue por varias razones, todas ellas relacionadas con el hecho de que la inmunidad no es un valor absoluto sino relativo. En este caso, lo es al menos a dos cosas: ante todo, la distribución de casos pasados no tenía por qué ser homogénea territorialmente. Si se habían venido concentrando en ciertos barrios, en determinadas familias o zonas dentro de cada ciudad, eso quiere decir que al virus le bastaba con insertarse en estos potenciales espacios de contagio. A ello hay que añadir un segundo factor, crucial: en este año de pandemia, al virus le hemos dado tiempo y espacio en el mundo para mutar y mejorar su capacidad de evadir la inmunidad adquirida por infecciones pasadas. No totalmente, pero sí lo suficiente. Por ejemplo: se estima que dichas defensas solo sirven en un 54%-78% contra la variante conocida como P1, de origen brasileño. Algo similar sucede con la que nació en el Reino Unido. Ambas con presencia ya comprobada en Colombia, es más que probable que hayan jugado un papel clave en la velocidad inusitada adquirida por este nuevo pico.

Cabe recordar que los efectos de las protestas, si los hubiere, aún no aparecen en los datos, debido al doble retardo que existe entre fecha de contagio e inicio de síntomas, y entre esta y confirmación de la infección en los datos oficiales.

Vacunación sube, pero falta

La única herramienta universalmente que ha encontrado el mundo contra el virus es la vacunación. En Colombia esta lleva en marcha desde mediados de febrero, pero su crecimiento ha sido lento comparado con Argentina, Brasil o México.

El principal cuello de botella para que esta curva se empine más rápido es la llegada de dosis a Colombia, impedida por una oferta restringida y una demanda que alcanza al total de la población mundial. Con objeto de superar dicha restricción, el Gobierno colombiano añadió a los acuerdos anunciados en diciembre y enero una compra de emergencia de varios millones de dosis a la farmacéutica Sinovac, que debían llegar entre marzo y abril. Con ello se esperaba llegar de manera sostenida a las 200.000 dosis administradas diariamente, ritmo necesario para el objetivo que se marcó a sí mismo el gobierno: un 70% de la población vacunada antes de cierre de año.

Pero Sinovac retrasó entregas, lo cual aplazó los incrementos esperados (e hizo que para muchas personas mayores de 70 se tuviera que reagendar la necesaria segunda dosis). Así, aunque la tendencia es al alza, y ya van varios días con cifras por encima de 150.000, solo en contadas ocasiones se ha rozado el citado objetivo de superar 200.000.

Como el cuello de botella de la oferta mundial no se abre, las autoridades colombianas han optado por relajar el orden que habían establecido para la administración de vacunas: por ejemplo, incluyendo a todas las personas de entre 50 y 59 años en la siguiente etapa, que en principio sólo contemplaba a personas con comorbilidades y ciertos perfiles laborales. Además, el Ministerio de Salud está siguiendo de facto una política de solapamiento de fases: activó las primeras dosis de menores de 65 cuando todavía quedan segundas dosis de mayores por aplicar (pero asegurando que los viales necesarios para ello están reservados); y la etapa por venir empezará antes de que los de 60-65 estén completamente vacunados.

Esta decisión apunta a una priorización de la eficiencia por encima de otras consideraciones, como la equidad. La incidencia territorial de la vacunación por entidades también señala cómo las desigualdades en acceso a salud se están filtrando a la implementación del Plan.

Territorios tradicionalmente peor servidos por el Estado se encuentran por detrás en tasas de vacunación. La excepción de la zona amazónica se debe a una estrategia de contención contra la penetración del virus desde Brasil, país fronterizo que pasó su peor pico unas semanas antes que Colombia. Pero, fuera de eso, zonas como la portuaria ciudad de Buenaventura presentan una cobertura que representa apenas una quinta parte de la caribeña Barranquilla, con un sistema de salud más robusto.

Una reforma pendiente a la salud es de hecho otro de los asuntos contenciosos en las movilizaciones que no cesan. Más allá de los detalles de dicha norma, más bien poco ambiciosa, la cuestión de fondo es que el 95% de cobertura de salud que sobre el papel disfruta la población colombiana no se traduce en acceso parejo para toda la población. Así, aunque la protesta se pueda dirigir con argumentos más o menos afinados a la reforma, su base más plausible es un reclamo de nivelación territorial y entre personas del acceso efectivo a salud.

Aquí, como en otros particulares que rondan en torno al descontento, el problema parece estar más en desarrollo efectivo y sobre todo equitativo de capacidades estatales, que en grandes anuncios o cambios normativos.

Mientras, la tercera ola avanza junto a una vacunación que, como en otros países, parece que funciona. Al menos así lo sugiere de manera preliminar la evolución menos pronunciada de las muertes del segmento poblacional mejor cubierto: los de 80 y más años. Sus predecesores inmediatos, los de 70 a 79, siguen sin embargo el mismo ritmo, añadiendo una tragedia más a un país que, últimamente, las acumula.

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