Claudia Allegrini: “Cuando Lorenzo desapareció, me partí en dos”

Claudia Allegrini espera desde hace 22 años que la justicia italiana llegue donde no lo ha hecho la brasileña: a condenar por crímenes de lesa humanidad a militares de Brasil que participaron en la Operación Cóndor. En 1999, Allegroni presentó cargos en Italia contra cuatro uniformados brasileños por el secuestro y las torturas infligidas al italo-argentino Lorenzo Viñas Gigli. Hijo del escritor y crítico literario David Viñas, Lorenzo era su marido y su bebé aún no había cumplido el mes cuando fue detenido y desaparecido. “Italia permite que se pueda juzgar en ausencia”, cuenta al explicar por qué eligió la justicia de ese país.

El juicio comenzó en 2001 y Allegrini viajó para declarar en 2016. La sentencia se esperaba para una fecha cercana, pero las nuevas restricciones impuestas por la pandemia han vuelto a dilatarla. “Es una vergüenza, estoy indignada. Por la demora ya murieron tres, solo queda vivo Atila Rohrsetzer”, lamenta. El acusado se desempeñaba como director de la División Central de Informaciones de Rio Grande do Sul, región brasileña fronteriza con Argentina y Uruguay, cuando ocurrieron los hechos juzgados.

El 26 de junio de 1980, Viñas subió a un autobús en la ciudad argentina de Santa Fe con destino a Río de Janeiro. Hacía un año que él y su esposa habían regresado a Argentina del exilio para participar de la contraofensiva de la guerrilla Montoneros contra la dictadura, pero se habían desconectado de la organización y querían volver a salir del país. Tenían una hija recién nacida y, para evitar riesgos, él se adelantó. Nunca llegó a Río. Según la querella, militares brasileños lo detuvieron en cuanto cruzó la frontera y lo torturaron durante cuatro días antes de devolverlo a Argentina, en manos de sus colegas del país vecino.

“Hace años, Atila dio una entrevista a un medio brasilero y habló de Lorenzo. Él presenció las torturas en esos cuatro días que lo tuvieron en Brasil”, asegura Allegrini en un café de Buenos Aires. De una bolsa saca las libretas que tiene ordenadas por países suramericanos. Como empleada de la secretaría de Derechos Humanos de Argentina y también a título personal ha visitado cada uno de ellos en busca de pruebas sobre la Operación Cóndor, el pacto establecido en 1975 entre seis dictaduras del continente para intercambiar información y colaborar en secuestros y asesinatos de disidentes políticos.

Al dejar de tener noticias de él, su esposa lo buscó por todos lados, con la bebé a cuestas, sin ningún resultado. “Cuando Lorenzo desapareció me partí en dos. Crié a mi hija y lo busqué”, recuerda. Ha venido a la entrevista con la última fotografía que se tomaron los tres: “A pesar de que a la vuelta de la esquina teníamos la muerte, vivíamos con una gran felicidad. Confiábamos en lo que estábamos haciendo”. El mundo que soñaban para sus hijos era mucho mejor que el actual, “donde seis de cada diez niños argentinos son pobres”, subraya. Tiene 62 años y habla pausado, con una voz firme que a ratos se quiebra por el dolor de los recuerdos evocados.

Allegrini tardó catorce años en tener noticias de Viñas. El 18 de julio de 1994, la misma mañana en que estalló la bomba contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, Allegrini tenía en sus manos el testimonio de Silvia Tolchinsky, superviviente de la dictadura militar. “Lo leí una sola vez. No pude volver a leerlo nunca más”, asegura Allegrini. “Ella escuchó sus gritos cuando lo torturaban. Lo vio encadenado con grilletes en los tobillos y las muñecas. Lo tenía todo gangrenado”, señala. Según Tolchinsky, las torturas ocurrieron en una casa cerca de la guarnición militar de Campo de Mayo, la más grande de Argentina.

“Silvia tenía hijos y Lorenzo le preguntaba por ellos para imaginarse qué haría la nuestra”, continúa. Lo tuvieron detenido de forma ilegal durante tres meses. Como tantos otros secuestrados, se sospecha que lo asesinaron arrojándolo al Río de la Plata drogado en los llamados “vuelos de la muerte”.

Allegrini logró que se hiciese justicia en Argentina. El secuestro y desaparición de Viñas fue uno de los casos por los que se condenó a la plana mayor del Batallón de Inteligencia 601 en 2007, en el primer juicio tras la abolición de las leyes de Obediencia debida y Punto final. “Me dio medianamente paz”, expresa. Desde entonces, se dictaron 250 sentencias en juicios por crímenes de lesa humanidad y 1.013 personas han sido condenadas, según los últimos datos de la Procuraduría especializada en estos delitos.

Con la causa abierta en Italia, esta investigadora pelea para que la justicia se extienda a toda la región: “Se están beneficiando otros países de los juicios que aquí se ha hecho”. En casa, sin embargo, cree que el trabajo pendiente es “investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas hoy, en democracia”.

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