España entrega a Uruguay a un excoronel buscado por genocidio y por su responsabilidad en el Plan Cóndor

Agentes de la Policía Nacional han entregado a las autoridades de Uruguay al excoronel Eduardo Augusto Ferro Bizzozero, de 73 años, buscado por delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos entre los años setenta y ochenta y responsable de la llamada Operación Cóndor en el país latinoamericano. El acusado, conocido por los alias de Guillermo y Óscar, fue detenido el pasado 28 de enero en la población castellonense de Peñíscola. Ya había sido arrestado en septiembre de 2017 en Madrid, pero aprovechó el proceso de extradición para desaparecer hasta que se recuperó su rastro en la turística localidad costera.

Las autoridades judiciales uruguayas le acusan de haber detenido ilegalmente, torturado y hecho desaparecer a jóvenes militantes de organizaciones opositoras al Gobierno Militar de Uruguay vigente entre los años 1973 y 1985, cuya actividad era esencialmente el reparto de propaganda y la organización de manifestaciones y reuniones políticas. Por estos hechos, el excoronel está acusado de delitos de genocidio y lesa humanidad.

El detenido fue presuntamente uno de los responsables en Uruguay de la Operación Cóndor, un intento sistemático de acabar con la disidencia política en América Latina urdido durante el periodo de dictaduras militares que se sucedieron en la década de los setenta y principios de los ochenta.

La detención se realizó conjuntamente por la Brigada Provincial de Información de Castellón y por la Interpol, en virtud de una orden de detención e ingreso en prisión decretada por la Audiencia Nacional, según ha informado la Policía en un comunicado.

El militar fue detenido el pasado 28 de enero en la localidad castellonense de Peñíscola, aunque su entrega a la Dirección General Contra el Crimen Organizado e Interpol uruguaya tuvo lugar el pasado sábado. La Audiencia Nacional había emitido una orden de detención en 2018, solicitada por las autoridades de ese país con el objetivo de proceder a su enjuiciamiento.

De hecho, Ferro ya fue detenido en 2017 en Madrid, en aplicación de la orden internacional de detención que pesaba sobre el militar. El titular del Juzgado Central de Instrucción 1, Santiago Pedraz, ordenó su ingreso en prisión a la espera de que las autoridades uruguayas remitieran la documentación para proceder a su extradición. Esta fue concedida en 2018, pero el militar aprovechó el proceso para darse a la fuga de las autoridades españolas. En junio de 2018, Interpol España volvió a solicitar una prórroga para concretar la extradición a Uruguay porque no podía ubicarlo, según informa el portal Sudestada.com.uy, dedicado a la investigación periodística y al periodismo de datos.

Ya en Uruguay, el excoronel, escoltado por funcionarios de Interpol, fue trasladado el sábado primero a una sede judicial, en cuyos alrededores “integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Plenaria Memoria y Justicia, esperaban con carteles la llegada del exrepresor”, señala el mismo portal informativo uruguayo. Tras declarar ante una jueza durante seis horas ingresó en la prisión de Domingo Arena, donde cumplen su condena varios militares acusados de delitos cometidos en la dictadura.

El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, informó de la prisión preventiva “hasta que se diluciden las nuevas excepciones de inconstitucionalidad que se plantearon. Que ya están resueltas, pero que se plantearon nuevamente”, según recoge Europa Press.

La Policía española ha destacado que la detención, junto a su posterior entrega a las autoridades uruguayas, “demuestra el férreo compromiso de la Policía Nacional por impulsar la cooperación internacional en el ámbito bilateral y multilateral”.

El coronel Ferro es investigado por su presunta participación en la desaparición del dirigente sindical Óscar Tassino en julio de 1977. Entonces, el militar era el jefe del Batallón de Contrainteligencia Militar, integrado en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la dictadura uruguaya, encargado de detener, torturar y hacer desaparecer a los disidentes. Según testigos, el militar fue una de las personas que acudieron al domicilio del opositor y se lo llevaron al centro clandestino de detención La Tablada. Nunca más se supo de Tassino.

Ferro también es investigado por otros hechos de la Operación Cóndor. Entre ellos, la desaparición y asesinato del dirigente comunista Fernando Miranda; la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman; el secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, y la tortura y desaparición de Andrés Bellizi y Jorge Gonçalvez en Argentina. Tras la llegada de la democracia, el coronel fue el presunto responsable del espionaje a partidos políticos, sindicatos y organizaciones entre 1988 y 1991, un escándalo actualmente investigado por una comisión del Parlamento uruguayo.