La Eurocámara pide congelar fondos a Gobiernos que violen el Estado de derecho

El Parlamento Europeo ha criticado este jueves con vigor el pacto alcanzado esta semana por los Gobiernos de la UE por no vincular el desembolso de fondos presupuestarios al respeto del Estado de derecho. Hungría y Polonia han puesto de nuevo a la UE entre la espada y la pared y, ante la amenaza de veto en la cumbre, los líderes han abandonado los objetivos defendidos en esa cuestión por la Comisión y la Eurocámara. Las principales fuerzas parlamentarias han acusado a las capitales de “debilitar los esfuerzos” para defender el Estado de derecho y han exigido que se congelen los fondos a países que violen los valores democráticos.

Los eurodiputados no se han privado durante el plenario de este jueves de criticar las medidas, a su juicio mínimas, que los Veintisiete han acordado para sancionar a los países que vulneren el Estado de derecho dentro del pacto para un nuevo Presupuesto de la UE. La versión final del acuerdo alcanzado durante la madrugada del martes era todavía más suave que algunos borradores anteriores, que a su vez ya habían sido edulcorados pero que irritaban igualmente al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Los jefes de Estado y de Gobierno han decidido que los fondos europeos estarán condicionados al respeto de los valores democráticos, de modo que el Consejo Europeo podrá decidir por mayoría cualificada (un 55% de países miembros que representen al 65% de la población) la adopción de medidas contra un socio que incumpla los principios democráticos de la UE. Sin embargo, han dejado sin concretar el mecanismo para activar ese procedimiento.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha decidido adelantarse a las críticas de los diputados. En el pleno del Parlamento, sostuvo que los líderes se miraron por fin a los ojos en la pasada cumbre para hablar sin ambages sobre las consecuencias de violar los principios democráticos de la UE. “Es la primera vez que un Presupuesto está directamente vinculado al Estado de derecho”, ha sostenido.

También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido que de la cumbre sale un “claro compromiso” respecto a la protección del Estado de derecho y los intereses financieros de la UE. Fuentes comunitarias han destacado que, de hecho, por primera vez los líderes dan al Ejecutivo comunitario la potestad de ir al Consejo con la propuesta de sanciones.

Los diputados, sin embargo, consideran que la UE ha perdido una oportunidad para atar un sistema que permita a la Comisión congelar fondos ante posibles infracciones. La prueba está en la euforia que han rezumado Budapest y Varsovia al finalizar la cumbre. Orbán ha dicho haber conseguido “frustrar” los planes para introducir un régimen de sanciones tras unas negociaciones en las que estuvo arropado por el resto de los países del llamado Eje de Visegrado (Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia).

Compromiso de Von der Leyen

La congelación de los fondos daría a Bruselas un arma eficaz, puesto que se ha demostrado la dificultad de aplicar sanciones contra países como Hungría o Polonia mediante el artículo 7. La Eurocámara se ha reafirmado en un la creación de un mecanismo que permita castigar de forma nítida a los países que vulneren los valores comunitarios. La institución ya votó el año pasado congelar, e incluso suspender, la entrega de fondos con un mecanismo que se active por mayoría cualificada inversa. La resolución —aprobada por 465 votos a favor, 150 en contra y 67 abstenciones— insistía en ese método —sin poner en peligro los pagos a beneficiarios finales— frente a la vaguedad mostrada por los líderes.

“Tenemos que ser claros en esto. Necesitamos una hoja de ruta para implementar este principio: no hay dinero sin respetar las reglas y mecanismos del Estado de derecho”, ha advertido el líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber. También los socialdemócratas han alertado que permanecerán “muy firmes” en contra de “cualquier propuesta que ponga en riesgo” los principios comunitarios. “Ni un solo euro para aquellos Gobiernos que no actúen con pleno respeto al Estado de derecho y a los valores fundamentales de la Unión”, ha señalado la jefa de filas de los socialistas (S&D) europeos, Iratxe García.

En esa posición se han conjurado los principales grupos de la Cámara. De hecho, no habían pasado ni 24 horas desde el anuncio del acuerdo cuando PPE, S&D, liberales, verdes e Izquierda Unitaria acordaban la resolución que se ha llevado al pleno. “Mi grupo solo dará su beneplácito si ese paquete contiene garantías sólidas de que se vincularán los fondos con el Estado de derecho”, ha advertido Dacian Ciolos, jefe de los liberales de Renew. Philippe Lamberts, de Los Verdes, ha sido mucho más duro y ha tildado de “pseudodemócratas” a los líderes de Hungría y Polonia, dos grandes beneficiarios de los fondos de cohesión.

La Comisión, pues, deberá trabajar en una propuesta que, de nuevo, podría estamparse en el requisito de la unanimidad. El Parlamento exigió a Von der Leyen que recuperara su propuesta. Y esta se comprometió a “seguir trabajando” junto a la Cámara para proteger los valores europeos y proteger las finanzas comunitarias de cualquier uso indebido. “La Comisión Europea va a seguir”, ha dicho la presidenta, quien ha añadido: “El Presupuesto de la UE y el Estado de derecho deben ir de la mano”.