El control absoluto de Cuba sobre los médicos de sus misiones evidencia la vulneración de derechos básicos

Una vida regida por “normas represivas”, restricciones de la libertad de expresión y movimiento e intromisión en la privacidad. El férreo control ejercido por el Gobierno cubano sobre las brigadas médicas que envía al exterior evidencia la vulneración de los derechos individuales más básicos. Y si esas prácticas no representan una novedad, ya que la primera misión sanitaria se remonta a 1963, la emergencia del coronavirus ha puesto nuevamente de manifiesto la gravedad de la situación. La ONG Human Rights Watch (HRW) ha presentado este jueves una denuncia en la que rechaza de plano esas condiciones, que califica de “draconianas”, e insta a las autoridades de las decenas de países que reciben esa colaboración, ahora para combatir la pandemia, a exigir a La Habana reformas y cambios en el reglamento de esos programas.

Alrededor de 30.000 profesionales de la salud, tradicionalmente la joya de la corona de Cuba, integran actualmente esas misiones. Un ejemplo es, desde hace años, el modelo de atención a la población vulnerable de Venezuela bautizado como Barrio Adentro e impulsado por el expresidente Hugo Chávez. A esos trabajadores se suma, desde el pasado mes de marzo, un contingente de 1.500 personas enviadas a más de 20 países. Todas ellas están sometidas a un régimen que José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización humanitaria, considera “orwelliano”. Los miembros de esas brigadas se exponen a sanciones si, por ejemplo, entablan relaciones de amistad con ciudadanos críticos con los principios de la Revolución cubana y pueden enfrentarse a procedimientos penales con condenas de hasta ocho años de prisión si abandonan su trabajo. En opinión del abogado de derechos humanos, “los médicos cubanos enviados a responder a la pandemia de covid-19 ofrecen valiosos servicios a numerosas comunidades, pero a costa de sus libertades más básicas”. Ese sistema, añade, “regula con quiénes los médicos pueden vivir, hablar o incluso mantener una relación sentimental”. Por eso los Gobiernos que se benefician de esas ayudas tienen el deber de reclamar un cambio.

“Cuba”, detalla Human Rights Watch en un comunicado, “regula incluso los aspectos más triviales de la vida de los médicos cubanos que participan en misiones, de maneras que vulneran los derechos de libertad de asociación”. En definitiva, “ha diseñado normas represivas que rigen la vida de aquellos que envía al exterior”, que a lo largo de casi 60 años han sido casi 400.000 personas. Algunas de las infracciones disciplinarias fijadas en 2010 por el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de La Habana son mantener relaciones con ciudadanos extranjeros “cuya conducta no esté acorde con los principios y valores de la sociedad cubana”, con disidentes de la isla y personas con “un modo de vida contrario a los principios que deben caracterizar a un colaborador cubano en el exterior”. Los médicos también tienen que comunicar “sus relaciones amorosas” y tienen prohibido “frecuentar lugares que dañen [el] prestigio [del médico] en el concepto público” o “concurrir a lugares que, dadas sus características, resulten proclives a alteraciones del orden público”.

El personal sanitario, continúa el informe de la ONG, tampoco puede expresarse con libertad, ya que, según una resolución del reglamento, deben solicitar autorización antes de “emitir valoraciones” públicas, por ejemplo a medios de comunicación, sobre las situaciones de los centros de trabajo o que puedan dañar la colaboración de Cuba con el país de acogida. Los castigos consisten básicamente en la retención de salarios y el regreso a la isla tras la expulsión de la misión. No se conoce el número de trabajadores sancionados con procedimientos disciplinarios, aunque la organización considera que, en virtud de los testimonios a los que ha tenido acceso, se trata de medidas frecuentes. A eso se añade que los pasaportes de los médicos vencen cuando termine su misión.

Naciones Unidas, recuerda HRW, solicitó en 2019 a La Habana información sobre las condiciones laborales de las misiones médicas. Las relatoras especiales sobre las formas contemporáneas de esclavitud esgrimieron declaraciones sobre normas que pueden enmarcarse en “trabajo forzoso” debido a las presiones recibidas por el personal sanitario y la duración de las jornadas. La respuesta del Gobierno de Miguel Díaz-Canel atribuyó esas informaciones a campañas de Washington.

“Los países que reciben médicos cubanos tienen obligaciones de derechos humanos respecto de todas las personas en su territorio”, concluye la denuncia de la ONG, “lo cual incluye a los trabajadores sanitarios cubanos, y deben asegurarse de que los acuerdos alcanzados con el Gobierno cubano prevean garantías efectivas para los derechos de los trabajadores”. Esas autoridades, enfatiza Vivanco, “podrían convertirse en cómplices de graves violaciones de derechos humanos”. Para evitarlo, tienen la obligación de exigir un giro a Díaz-Canel.

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