Rusia condena por abusos a una menor a un reputado historiador que documentó crímenes estalinistas

Un activista e historiador aficionado muy conocido por investigar las represiones de la era de Stalin ha sido condenado este miércoles a tres años y medio de cárcel por abusos sexuales a su hija adoptiva, en un caso que organizaciones de derechos civiles han denunciado como fabricado para castigarle por su trabajo. Yuri Dmitriev, de 64 años, descubrió en la década de los noventa varios de los enterramientos más numerosos de víctimas de la dictadura estalinista en la región de Karelia, cerca de la frontera con Finlandia, y desde entonces se dedicó a documentar las purgas políticas. La condena, mucho menor a los 15 años que reclamaba la Fiscalía, ha supuesto un pequeño consuelo para su familia y sus partidarios; también puede reflejar la gran controversia en torno a los cargos en un caso que atrajo la atención internacional.

El activista quedará libre finalmente en noviembre, según su abogado Viktor Anufriev, debido al tiempo que ya ha pasado en prisión preventiva. Dmitriev había sido absuelto de pornografía infantil en 2018 por un tribunal de Petrozavodsk, pero alegando “nuevas circunstancias” no especificadas, el Supremo de Karelia anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio. Dmitriev volvió a ser acusado, esta vez de abusos sexuales a una menor, cargos que con frecuencia se han utilizado en Rusia para desacreditar a los críticos.

El historiador, que cuando fue arrestado dirigía la sección de Karelia de la reputada organización de derechos humanos Memorial, en la diana de las autoridades rusas y de los medios de la órbita del Kremlin por su trabajo contra la represión, niega todas las acusaciones. Asegura que el caso persigue no solo manchar su nombre sino también arrojar una sombra sobre las tumbas de las víctimas de los represaliados. El Kremlin ha remarcado que no ha tenido ninguna implicación en el caso de Dmitriev.

Historiador y etnógrafo aficionado, tras descubrir tres de las fosas comunes más numerosas en Karelia (con unas 10.000 personas) trabajó sin descanso para investigar las purgas políticas de la dictadura de Iosif Stalin y logró convertir uno de esos campos de exterminio en un monumento donde los familiares de los represaliados pudieran honrarles. Dmitriev había pasado las últimas tres décadas para recopilar un listado de 40.000 nombres de personas ejecutadas o deportadas de Karelia.

Organizaciones como Human Rights Watch creen que se trata de un caso político, que el activista está siendo castigado por su trabajo para documentar la época del Gran Terror y que pretende atemorizar a quienes hacen labores similares. La Unión Europea también ha calificado los cargos contra Dmitriev como dudosos y respetados académicos, escritores, artistas e historiadores rusos se unieron en su defensa.

Hace un mes, Herta Müller y Svetlana Alexiévich, premios Nobel de Literatura, mostraron su apoyo al activista en una carta dirigida al Consejo de Europa -del que Rusia es miembro- en la que afirman que el proceso contra el historiador tiene como objetivo “silenciar el recuerdo de las represiones” y que sus descubrimientos en Karelia fueron un “hueso en la garganta de las autoridades” que buscan “reescribir la historia”.

El caso Dmitriev coincide con un tiempo en el que el Kremlin tiene un enfoque cada vez más nacionalista tanto de su presente como de su pasado. Putin no niega los crímenes estalinistas pero las autoridades eluden poner el foco en ellos y se centran en reivindicar, por un lado, a un país victorioso y sus logros, y por otro, de presentarlo solo como víctima de los crímenes cometidos por otros estados y nunca como campo de sus propias tropelías. Y eso, dicen las organizaciones de derechos civiles, chocaba de frente con las investigaciones de Dmitriev. Hallazgos que entidades vinculadas al Estado han tratado de socavar o dar la vuelta alegando que las víctimas en las fosas descubiertas en Karelia fueron asesinadas por soldados finlandeses.

“Con la represión política una vez más convirtiéndose en rutina en nuestro país y como la verdad sobre el pasado no encaja en el concepto estatista de la historia, es natural que las autoridades sean hostiles a las actividades para preservar la memoria del terror político estatal pasado”, ha recalcado la organización Memorial en un comunicado de hace unos días.

La condena contra Dmitriev es la última de una serie de decisiones judiciales que tienen como foco opositores, activistas o medios independientes rusos en un momento en el que el presidente ruso, Vladímir Putin, está en su punto más bajo de popularidad. Tras aprobar la reforma de la constitución, que establece una Rusia más nacionalista y otorga al presidente más poder e influencia.

El historiador aficionado no ha dicho si volverá al trabajo al salir de prisión, pero sí que no descansará en tratar de arrojar luz a una de las épocas más oscuras. “Mi camino, mi camino es traer de vuelta del olvido a estas personas que desaparecieron por culpa de un Gobierno de nuestra patria, injustamente acusados, ejecutados, enterrados en bosques como animales”, ha dicho en su alegato ante el tribunal.