Bruselas agita el recorte de fondos a Hungría si aprovecha el coronavirus para cercenar libertades

Las crisis dejan al descubierto los verdaderos rasgos de un gobernante. La masiva llegada de refugiados a Europa en 2015 retrató al Viktor Orbán más inflexible: contundente en su rechazo al reparto de asilados en cuotas entre los Estados miembros e incendiario en la retórica de la invasión. La pandemia de coronavirus ha vuelto a sacar la versión más extrema del primer ministro húngaro, equipado de nuevos poderes que limitan la acción del Parlamento y establecen un estado de emergencia indefinido. La Comisión Europea afirma estar vigilante y presta a responder a cualquier movimiento en falso: el comisario de Justicia, Didier Reynders, insistió este martes en la necesidad de vincular la entrega de fondos europeos al respeto al Estado de derecho.

El lenguaje del dinero es probablemente el instrumento de presión más poderoso de que dispone Bruselas frente a la tentación de Budapest de obviar las normas europeas. A Hungría se le asignaron casi 22.000 millones de euros en el presupuesto comunitario 2014-2020. Con las cuentas para los próximos siete años todavía por aprobar, la Comisión empuja para que se introduzcan condiciones. “Necesitamos estar seguros de que la solidaridad se basa en el respeto al Estado de derecho. Es muy difícil pedir a los europeos que sean solidarios con quien no los respeta. Espero que seamos capaces de prestar tanta atención a la recuperación económica como a la protección de los valores europeos”, ha señalado Reynders en una videoconferencia organizada por el European Policy Centre.

Sin embargo, el marco financiero plurianual debe aprobarse por unanimidad, lo cual facilita a Hungría y Polonia frenar una condicionalidad que puede volverse en su contra. “Hay unas reglas del juego para todo el mundo y quien se las salte debe sufrir algún tipo de penalización. Pero puede ocurrir que algunos países aprovechen la necesidad de unanimidad para bloquear”, sostiene la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal, ponente de la propuesta de reglamento aprobada por el Parlamento Europeo para congelar fondos a países que violen el Estado de derecho.

Reynders explicó que 22 países de la UE han decretado el estado de emergencia. Bruselas no duda de que sea la herramienta idónea en un momento tan delicado como el actual, pero incluso en su aplicación hay límites, por lo que realizará un completo escrutinio sobre todos ellos. “Aparece recogido en muchas constituciones y es lógico ponerlo en marcha, pero debe ser por un periodo limitado de tiempo. Estamos preocupados por la situación en Hungría porque no estipula un plazo”, ha añadido.

El político belga puntualiza que, si Hungría viera alterado el flujo de dinero que recibe, habría que buscar fórmulas para que agricultores u organizaciones de derechos civiles no sean las grandes perjudicadas. Y ve otras herramientas al alcance de la Comisión si la deriva de Budapest gana fuerza, como la apertura de procedimientos de infracción o la aplicación del artículo 7 de los tratados para suspender su derecho de voto.

El Gobierno de Orbán, mientras tanto, insiste en que las medidas excepcionales se levantarán cuando pase la crisis sanitaria, pero el compromiso verbal no convence ni a sus socios comunitarios ni a sus compañeros de grupo político. 13 países de la UE ya han alzado la voz contra el modelo de Orbán, al considerar que las restricciones por la pandemia deben ser temporales, proporcionadas y respetar la libertad de prensa. Y 13 formaciones del Grupo Popular europeo han pedido la expulsión de la formación Fidesz del grupo.

Hungría no es el único frente abierto. La continuidad de las elecciones presidenciales polacas, previstas para el 10 de mayo, también genera dudas a la Comisión, entre otros motivos, por la falta de transparencia del sistema de voto por correo. “La organización de elecciones es competencia nacional, y ellos deben decidir si las mantienen o posponen, pero si siguen debe garantizarse su limpieza”, ha advertido Reynders. El comisario extiende la vigilancia de Bruselas al Gobierno ultraconservador de Varsovia también a la campaña electoral previa, que, asegura, debe desarrollarse en igualdad de condiciones en un entorno marcado por la prohibición de concentraciones y la restricción de movimientos.