CDU y PP se desmarcan de una iniciativa de 13 partidos populares para echar a Orbán
El primer ministro húngaro está en el punto de mira por prolongar el estado de emergencia indefinidamente

Viktor Orbán ha cometido un grave error de cálculo si esperaba que su inmersión en aguas autoritarias iba a pasar desapercibida en medio de la crisis sanitaria que mantiene en vilo a Europa. Trece partidos de la familia popular europea hicieron pública este jueves una carta conjunta en la que reclaman la expulsión de Fidesz, la formación ultraconservadora del primer ministro húngaro. Tras el escrito está la decisión de Orbán de prolongar el estado de alarma sine die y despojar al Parlamento de competencias para controlar su aplicación, un movimiento que ha colmado la paciencia de algunos de sus socios.
Las políticas de Orbán aparecen más cuestionadas que nunca, tanto dentro de su familia política como en el seno de la UE. La última demostración ha llegado a través de la carta dirigida al presidente de los populares europeos, el polaco Donald Tusk, en la que más de una decena de fuerzas arremeten contra el dirigente húngaro. “Pedimos la expulsión de Fidesz del PPE”, reclama sin ambages la misiva, rubricada por partidos de once países. “La lucha contra la Covid-19 requiere amplias medidas, pero el virus no puede ser utilizado como pretexto para extender el estado de emergencia indefinidamente. Tememos que Orbán use su recién adquirido poder para aumentar aún más el control del gobierno sobre la sociedad civil”, añade.
Entre los que se han adherido figuran miembros de la familia popular en Bélgica, Dinamarca, Holanda, Suecia o Finlandia. Pero hay ausencias llamativas. No están ni la CDU alemana, el partido liderado por Annegret Kramp-Karrenbauer, ni el PP español. Tampoco Forza Italia o Los Republicanos franceses.
Su silencio es el oxígeno que permite seguir respirando a Orbán dentro del PPE. Fidesz fue suspendido hace un año por sus continuados desafíos al Estado de derecho, pero pese a quedar privado del derecho de voto y apartado de los congresos internos, sigue siendo miembro del grupo popular. “Consideramos que ahora la prioridad absoluta es combatir el virus en Europa y afrontar las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia”, señalaron fuentes de la delegación española del PP en la Eurocámara para justificar su ausencia en el reproche colectivo.
La creciente presión sobre Orbán tiene ahora mismo dos frentes: la contestación interna para que abandone las filas populares, y la externa para que la UE tome medidas contra el Gobierno húngaro. Tras la reacción inicial de las organizaciones de derechos civiles y el Parlamento Europeo, la mancha de aceite ha ido creciendo. La Comisión Europea anunció que examinará a fondo el funcionamiento del estado de emergencia en los Veintisiete. Y 15 países, entre ellos Alemania, Francia, Italia y España, han pergeñado un frente común para solicitar a Bruselas que vigile de cerca sus movimientos por si eligiera seguir deslizándose abiertamente por vías antidemocráticas.
El portavoz del Gobierno húngaro, Zoltan Kovacs, alegó este jueves que Orbán disfruta de los mismos poderes que el presidente francés. Y azuzó la idea del enemigo exterior: ve tras la condena generalizada de instituciones y partidos "una caza de brujas” coordinada por medios de comunicación embarcados en “una campaña de desprestigio”. Kovacs insistió en que el estado de emergencia puede ser retirado en cualquier momento por el Parlamento o cuando la pandemia termine. Pero sus palabras no han convencido frente a los hechos consumados del decreto aprobado el lunes.
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, enviará una carta a su homóloga de la Comisión para preguntarle cómo piensa responder al envite húngaro. Y le pedirá que evalúe si infringe el artículo 2 de los tratados europeos, que describe los valores de democracia y libertad en que se basa la UE. Hasta ahora, los intentos de imponer sanciones a Orbán han culminado en fracaso. La Eurocámara activó el artículo 7 en 2018 con el objetivo de privar a Hungría de derecho a voto en la UE, pero la necesaria unanimidad de los Veintisiete para su aplicación ha hecho naufragar cualquier castigo.
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