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Orbán cruza la raya

Los poderes extraordinarios indefinidos de los que se dotó el lunes el primer ministro húngaro atacan aspectos fundamentales del Estado de derecho

El primer ministro de Hungria, Viktor Orbán, este lunes en el Parlamento en Budapest.
El primer ministro de Hungria, Viktor Orbán, este lunes en el Parlamento en Budapest. AP

Los poderes extraordinarios indefinidos de los que se dotó el lunes el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, atacan aspectos fundamentales del Estado de derecho y colocan a su país ante una peligrosa perspectiva autoritaria pretendidamente justificada por la emergencia derivada de la crisis del coronavirus. El mandatario ultraderechista podrá gobernar por tiempo indefinido mediante decretos leyes sin ningún tipo de control parlamentario. Esto prácticamente anula al poder Legislativo, cuyas dos principales funciones en una democracia son precisamente la elaboración y aprobación de leyes y el control al Ejecutivo. Además, podrán ser condenados a hasta cinco años de prisión los periodistas que publiquen informaciones “que obstruyan o eviten la protección eficaz de la población”, una formulación ambigua susceptible de toda clase de abusos, según han denunciado observatorios de defensa de los derechos civiles.

Ignorando la advertencia de la Unión Europea de que toda medida contra la pandemia debía ser temporal y proporcionada, Orbán ha sacado adelante su proyecto en una segunda votación en el Parlamento con los sufragios de su partido —una formación nacionalista, xenófoba y eurófoba—, despreciando a la oposición. El gobernante se ha escudado en la crisis sanitaria, pero la realidad es que en ninguna de las democracias europeas sus Gobiernos se han arrogado semejantes poderes. Al contrario. Todos se han esmerado por respetar los procedimientos parlamentarios por muy difíciles que hayan sido las circunstancias en las que se desarrollan y la libertad de información no ha llegado a ser ni remotamente puesta en cuestión. En el caso de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ha calificado de “actividad esencial”.

Desde su llegada a la jefatura de Gobierno en 2010, Orbán no ha cejado en su sistemático intento de socavar los valores del sistema democrático que forman parte del proyecto europeo. Ha perseguido y logrado la expulsión de instituciones educativas, alentado bulos antisemitas y de rechazo al extranjero. Ha tenido recurrentes choques con las instituciones europeas por su negativa a cumplir sus obligaciones con la Unión en aspectos tan básicos como alimentar a los solicitantes de asilo y en ocasiones ha vejado públicamente a los dirigentes de la Unión Europea. No ha habido detalle pequeño para esta política. Incluso ha llegado a boicotear oficialmente el Festival de Eurovisión por ser “demasiado gay”. En este tiempo, la respuesta de Europa ha sido prudencial: críticas y apertura de procedimientos. Pero ante la gravedad del paso dado por Orbán puede que no basten los tiempos previstos para las circunstancias ordinarias. La UE no solo debe defender la salud de sus ciudadanos, sino también su marco democrático. Incluyendo el de los húngaros.

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