Hungría

Hungría aprueba una ley que permite a Orbán alargar indefinidamente el estado de alarma por la pandemia

La medida, muy criticada, autoriza al Ejecutivo para gobernar por decreto con poderes extraordinarios sin límite temporal

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, en el Parlamento, en Budapest, el pasado 23 de marzo.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, en el Parlamento, en Budapest, el pasado 23 de marzo. Tamas Kovacs

El Parlamento húngaro ha aprobado este lunes una ley que prolonga el estado de alarma de manera indefinida para luchar contra el coronavirus. El Gobierno del ultraderechista Viktor Orbán la ha sacado adelante con su mayoría de dos tercios, lo cual permitirá al Ejecutivo utilizar poderes extraordinarios y gobernar por decreto sin establecer un límite temporal y sin ningún control, tampoco parlamentario. Numerosas organizaciones que velan por las libertades civiles han advertido de los graves riesgos que supone esta decisión para la democracia en Hungría, después de diez años en los que Orbán ha ido erosionando el Estado de derecho para acaparar más poder.

El primer intento de obtener respaldo para esta ley fracasó la semana pasada en el Parlamento, donde eran necesarios cuatro quintos de los votos de la Cámara. La oposición apoya que se adopten medidas extraordinarias para afrontar la crisis sanitaria, pero pidió un límite de 90 días para el ejercicio de esos poderes especiales, que podía ser renovado en el Parlamento. Orbán se negó e impulsó la votación de este lunes, para la que le ha bastado con dos tercios de los apoyos, que son con los que ya cuenta su partido, Fidesz. Después de que los diputados de los otros partidos le dieran la espalda, Orbán dijo el lunes pasado en tono desafiante: “Resolveremos esta crisis incluso sin la oposición”, afirmó. “Solo necesito a 133 hombres valientes”, dijo en alusión a los diputados requeridos. Al final, en la votación, ha logrado 137 votos ―lo ha apoyado el partido de extrema derecha Nuestra Patria― y 53 en contra, los del resto de la oposición, informa Efe.

Durante la última semana, el estado de alarma indefinido que al final ha logrado Orbán ha recibido numerosas críticas. No solo porque no incluya un límite temporal, sino también desde el punto de vista de la libertad de prensa, en un país donde lleva años amenazada y cercenada. Una de las medidas que contempla es la de castigar, con hasta cinco años de prisión, a quienes publiquen informaciones falsas o distorsionadas que “obstruyan o eviten la protección eficaz de la población”. Para Zselyke Csaky, directora de investigación de Freedom House para Europa y Eurasia, “la fórmula empleada [en la ley] puede redundar en abusos”, explica, porque “puede frenar las críticas y puede llevar a la autocensura. Las penas que impone ―hasta cinco años de cárcel― para ese delito son desproporcionadas, incluso aunque antes deba haber una decisión judicial”. Un portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Rupert Colville, manifestó esos temores el viernes pasado: “Nos preocupa que esa legislación pueda afectar negativamente al trabajo legítimo de los periodistas y que tenga un potencial efecto de autocensura en la libertad de expresión en Hungría”, dijo.

El Parlamento Europeo, a través del comité de Libertades Civiles, expresó la semana pasada su “preocupación” por la medida y pidió a “la Comisión [Europea] que evalúe si el [entonces] proyecto de ley cumple con los valores recogidos en el artículo 2 del Tratado de la UE” y que recuerde “a los Estados miembros su responsabilidad en el respeto y protección de estos valores comunes”. También el Consejo de Europa (CoE), organismo regional que defiende los derechos humanos, envió una carta a Orbán en la que resalta que “un estado de emergencia indefinido e incontrolado no puede garantizar que se cumplirán los principios básicos de la democracia”. La respuesta del Gobierno húngaro, dirigida a la secretaria general del CoE, fue que se estudie lo que dice exactamente el proyecto de ley y algo más: “Si no es capaz de ayudarnos en la actual crisis, le pido que al menos se abstenga de dificultar nuestros esfuerzos”.

El Gobierno húngaro defiende la necesidad de esta ley para proteger a los ciudadanos y asegura que estará en vigor mientras dure la emergencia sanitaria, advirtiendo que el Parlamento puede derogarla cuando lo considere. Sin embargo, necesitaría dos tercios de los apoyos para hacerlo, exactamente la mayoría que ya tiene el partido de Orbán.

Varias organizaciones que velan por el Estado de derecho en Hungría y por los derechos humanos señalaron, hace ocho días, los riesgos que entraña esta ley. “No se puede permitir que el estado de alarma se convierta en una situación extraconstitucional en la que el Gobierno puede actuar sin ninguna limitación”, dijeron en un detallado análisis de la norma, la rama local de Amnistía Internacional, el Comité de Helsinki, la Unión Húngara de Libertades Civiles y el Instituto Eötvös Károly. “La diferencia entre un orden legal especial y una dictadura es que las salvaguardas constitucionales prevalecen en el primero”, agregan.

Pese a las reiteradas advertencias de la Comisión Europea y las críticas de organismos internacionales, Orbán ha ido desfigurando la democracia húngara en los diez años que lleva en el poder, con un fuerte respaldo en las urnas. En esta década, se ha enfrentado a Bruselas y a los jueces y ha ido retorciendo las leyes o cambiándolas para acaparar poder, con una retórica ultranacionalista y populista.

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