López Obrador nombra a la estratega de la política de austeridad al frente de la recaudación de impuestos

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha nombrado este jueves a la principal impulsora de la política de austeridad para ser la encargada de la recaudación de impuestos. La nueva titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y persona cercana al mandatario, Raquel Buenrostro, ha sido criticada por el estricto control de las finanzas públicas durante su año como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y por el desabasto de algunos medicamentos. La funcionaria sustituye a Margarita Ríos Farjat, recientemente nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia.

Buenrostro se ha convertido en una de las funcionarias más poderosas del Gobierno gracias a su papel en la implementación de la política de control de gasto que ha marcado el primer año del sexenio. Cuando López Obrador llegó al poder en diciembre pasado, se decidió concentrar las millonarias licitaciones y compras públicas en el departamento encabezado por la funcionaria, en vez de que se encargara cada Secretaría de hacerlo. El presidente ha valorado este jueves durante su conferencia de prensa matutina esa experiencia. "Hizo muy buena labor este año porque decidimos, como parte de la estrategia de combate a la corrupción y de austeridad, concentrar las adquisiciones, las compras de todo el Gobierno en la Oficialía Mayor. Esto nos permitió ahorrar más de 200.000 millones de pesos (10.000 millones de dólares)", ha declarado.

Sin embargo, el trabajo de Buenrostro no ha estado exento de críticas. Los recortes de gasto han afectado al funcionamiento del sistema de salud y de diversos departamentos gubernamentales, entre ellos la Secretaría de Medio Ambiente, cuya presupuesto se recortó un 32%. A la política de austeridad también se ha culpado de los retrasos en el ejercicio del gasto público, de cuyas consecuencias alertó hace unos meses el Fondo Monetario Internacional, y del desabasto de medicamentos como los fármacos que necesitan los pacientes de VIH y sida para su tratamiento.

La austeridad ha tensado las relaciones dentro de la camarilla que decide la política económica del Gobierno. La salida en julio del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, provocó la mayor crisis de Gabinete en lo que va de sexenio. En una dura carta dirigida al presidente, el economista aseguró que su dimisión se debía a que se estaban tomando decisiones "sin el suficiente sustento" y apuntó a la "imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública". Sin señalar a Buenrostro, sí apuntó implícitamente a la mano derecha de López Obrador, el empresario Alfonso Romo

Licenciada en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra de Economía por el Colegio de México, Buenrostro ha acompañado a López Obrador y Carlos Urzúa, su antiguo profesor, durante buena parte de su trayectoria en el sector público. Cuando el mandatario era jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Urzúa era su secretario de Finanzas a principios de la década de los 2000, Buenrostro se desempeñó como directora de política fiscal. Tras el aterrizaje en diciembre del economista en la Secretaría de Hacienda, la funcionaria pasó a controlar el monedero y, después del nombramiento de Arturo Herrera como nuevo responsable de finanzas, se mantuvo en el mismo puesto.

El presupuesto para el año que viene mantiene el sello de la austeridad, con un aumento marginal del gasto general y recortes pronunciados en ámbitos como el de la obra pública. Además, el presidente continúa en su postura de no impulsar una reforma fiscal, pese al nulo crecimiento de la economía. Frente a esta negativa, la recaudación tributaria, de la que a partir de ahora se encargará Buenrostro, es una prioridad del Gobierno para sostener el gasto público.

De enero a octubre se reportó un crecimiento real del 1,6% en ingresos tributarios, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. El secretario de Hacienda ha declarado este jueves que se han recaudado 2.000 millones de pesos, unos 100 millones de dólares, gracias al reciente endurecimiento de las normas contra la defraudación fiscal. Los ingresos tributarios representan apenas el 16% del PIB mexicano, el menor de la OCDE, el grupo de países más desarrollados, y uno de los más bajos en América Latina.