Colombia, en vilo por el destino judicial de Álvaro Uribe
Por primera vez en la historia, un expresidente debe responder por un proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia
Colombia vivirá un hito judicial este martes cuando el expresidente Álvaro Uribe rinda declaración judicial—conocida como indagatoria—ante la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez en su historia, un ex mandatario colombiano llega a ese Alto Tribunal. Si bien otros mandatarios han enfrentado juicios políticos, el de Uribe es un proceso penal por presunta manipulación de testigos para que declararan en su favor y desvincularlo a él y a su hermano de supuestas denuncias por paramilitarismo.
La indagatoria tiene agitado al país y algunos de los seguidores del uribismo, que han advertido podrían “incendiar Colombia” si la decisión no es favorable a su líder, planearon marchas en apoyo al expresidente. El nivel de crispación es tal que este lunes la indagatoria cambió de lugar, por recomendación de la Policía. Ahora se hará en el Palacio de Justicia y bajo reserva.
Pero esta diligencia judicial es apenas un paso previo a un juicio penal. Después de escuchar a Uribe y sopesar las pruebas junto a las indagatorias de los testigos, el alto tribunal tendrá que decidir si lo lleva a juicio o por el contrario absuelve al exmandatario que es odiado y amado con la misma visceralidad. Y posteriormente, decidir si le dicta o no una medida de aseguramiento. A pesar de la alta expectativa, la decisión no se tomará este martes. La Corte tendrá diez días para decidir.
El caso
El caso que tiene en vilo al expresidente es por fraude procesal y soborno y dio un giro inesperado. En 2012, Uribe denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos en las cárceles del país donde supuestamente Cepeda buscaba exparamilitares para que vincularan al expresidente con esos grupos ilegales. Juan Guillermo Monsalve, uno de esos ex paramilitares e hijo del mayordomo de la finca Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe, afirmó que tanto el expresidente como su hermano habían participado en la creación de un bloque paramilitar.
Tras su investigación, la Corte no solo archivó el caso contra Cepeda sino que abrió un proceso contra el expresidente. ¿Por qué? La Corte afirmó en 2018 que: “al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos”. Presuntamente buscaron a exparamilitares para que se retractaran de esos dichos a cambio de dinero y apoyo judicial para conseguir reducción de penas. La Corte deberá probar que el abogado de Uribe, Diego Cadena, presionó a estos exparamilitares y además, que contó con la autorización del expresidente.
Miles de horas de grabaciones interceptadas, en las que hablan el expresidente y su abogado, así como el abogado y exparamilitares; 40 testigos, y algunos recibos que confirman que el abogado de Uribe entregó dinero, serán claves en este caso. La mitad de esos testigos que presuntamente defenderán al expresidente fueron miembros de grupos ilegales. El abogado de Uribe ha dicho que el dinero girado fue para asuntos humanitarios.
Aunque este parece un caso menor frente a las investigaciones que tiene Uribe por presunta vinculación al paramilitarismo y a masacres, como la de El Aro, sin que se les hayan probado, este es el que ha tenido al expresidente más cerca de la justicia. Esto, cuando su popularidad roza los niveles más bajos para una persona que ha marcado la política del país y ha sido un enorme elector. De acuerdo con la encuestadora Gallup, en agosto Uribe alcanzó su pico más alto de impopularidad: 61% contra un 34% que tiene una imagen favorable. En algunas zonas del país se han registrado escraches contra el expresidente, incluso en regiones como el oriente de Antioquia, que es totalmente afín a Uribe.
Lo que decida la Corte en los próximos días tendrá definitivamente un impacto en los resultados de las elecciones regionales del 27 de octubre próximo.
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