En busca de contrapesos para Bolsonaro

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sigue el libreto de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y apuesta por una escalada de la violencia verbal contra quienes ve como adversarios. Pero no se ha quedado ahí: en las últimas semanas, durante el receso vacacional en el Parlamento y el Tribunal Constitucional, el presidente también ha aprovechado para desautorizar e interferir directamente en varias instituciones del Estado.

Entre los objetivos más recientes del presidente está la Comisión sobre Muertos y Desaparecidos de la dictadura militar, cuyo órgano colegiado fue reemplazado el pasado jueves por bolsonaristas del PSL, el partido del mandatario, que defienden el régimen autoritario. Esta sustitución se produjo la misma semana que Bolsonaro atacó directamente al presidente del Colegio de Abogados de Brasil (OAB, por sus siglas en portugués), Felipe Santa Cruz. Su padre, Fernando, fue detenido por la dictadura militar en 1974 y después desapareció. “Un día, si el presidente de la OAB quiere saber cómo desapareció su padre durante el periodo militar, yo se lo cuento. No va a querer oír la verdad”, afirmó el mandatario la semana pasada, dejando estupefactos por igual a líderes de izquierdas y de derechas. Bolsonaro, además, desautorizó públicamente el informe de la Comisión Nacional de la Verdad y aseguró, erróneamente, que lo había asesinado el grupo Ação Popular.

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Tras esta retahíla de ataques, una pregunta sobrevuela en el ecosistema político brasileño: ¿quién podrá frenar a Bolsonaro y mantener las instituciones —y la propia democracia— a salvo de sus mentiras e injerencias? El jurista Miguel Reale Júnior, ministro de Justicia en el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), presidente de la Comisión sobre Muertos y Desaparecidos durante seis años y uno de los autores de la solicitud de impeachment contra la presidenta Dilma Rouseff (Partido de los Trabajadores, PT), cree que Bolsonaro "está rozando" al menos una de las hipótesis legales para que se abra otro proceso de destitución en Brasil contra un mandatario.

La ley brasileña, considerada por los expertos muy amplia y de interpretación subjetiva, determina que "proceder de modo incompatible con la dignidad, el honor y el decoro del cargo" es uno de los motivos por los que se puede apartar a un presidente. "Lo que está ocurriendo es una suma de hechos de esta naturaleza que afectan a la sensibilidad de las personas y a los valores fundamentales de la Constitución. Desde el momento en que está a favor del trabajo infantil, quiere reducir las penas para el trabajo forzado y obligar a los reclusos a trabajar, Bolsonaro va contra los valores fundamentales de la República. Eso es falta al decoro", opina Reale Júnior.

La base jurídica para un impeachment vendría, agrega el exministro, de la suma de "provocaciones y ofensas". Pero aún falta un elemento central para que el proceso salga adelante: "Todavía no se dan las condiciones políticas, ni en la sociedad ni en el Parlamento. Necesita desgastarse más. Esto puede producirse a medida que haya una acumulación". Pero no oculta su escepticismo. "Creo que las instituciones y la sociedad están muy calladas. Se manifiestan en las redes, donde no hay sociedad civil. Lo que hay son desconocidos y anónimos que escriben lo que tienen idealizado. La sociedad necesita estar alerta para unirse contra ese proceso de fascismo cultural", zanja.

El jurista Pedro Dallari, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de São Paulo (USP) y coordinador de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), se muestra más optimista. A pesar de decir que es "una paradoja" el hecho de que "una democracia en consolidación tenga un presidente que niega sus conquistas", dice no tener recelos "desde el punto de vista de la ciudadanía y de las libertades". Y eso porque, a su juicio, el mandatario se equivoca al considerar que su base de electores congrega valores de ultraderecha. "Un conjunto de circunstancias hizo que Bolsonaro acabase capitalizando una posición de la sociedad contra la corrupción, contra el desempleo, contra la precariedad de los servicios públicos, principalmente de seguridad, y eso fulminó las candidaturas del campo social-demócrata, incluidas las del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido de la Social Democrática Brasileña (PSDB)", argumenta Dallari, que estuvo afiliado al PT hasta mediados de los noventa. "Pero creo que está perdiendo progresivamente el apoyo de varios sectores, incluido el de la clase media conservadora que se preocupa con asuntos como el medio ambiente o los derechos de la población LGTB", apostilla.

Una reciente encuesta de Datafolha parece corroborar la afirmación del jurista: el 86% de los entrevistados decían estar en contra la extracción de minerales en tierras indígenas, algo que Bolsonaro viene prometiendo legalizar. Una mayoría significativa —de más del 70%— ya se había manifestado también en contra de facilitar la tenencia de armas. "Desde el punto de vista de los derechos civiles, creo que la resistencia social e institucional —ya sea por parte del Legislativo o del Poder Judicial— está siendo efectiva. Su radicalización retórica igual se debe a eso", argumenta. Y cita como ejemplo el fracaso del decreto presidencial que le permitiría a varios sectores de la sociedad la posesión de armas. "No recuerdo un rechazo así a un decreto en el Parlamento, que acabó obligándole a recular".

Instituciones llevadas al límite

Por momentos, el presidente está llevando al límite las instituciones brasileñas. El presidente había promulgado en enero un decreto que trasladaba al Ministerio de Agricultura la competencia para demarcar tierras indígenas y quilombolas (comunidades de descendientes de pueblos esclavizados). En mayo, el Parlamento le devolvió la competencia al Ministerio de Justicia, que también volvió a acoger la Fundación Nacional del Indio (Funai).

El 19 de junio, el presidente decidió enfrentarse a la resolución del legislativo y dictó una nueva MP para revertir la decisión, avisando de que "quien manda soy yo". El día 24, el magistrado del Tribunal Constitucional, Luís Roberto Barroso, concedió una cautelar suspendiendo la MP. El pasado jueves, el caso fue a parar al pleno del Constitucional, que decidió por unanimidad mantener suspendida la medida. En su discurso, el decano Celso de Mello afirmó que la Corte debería hacer su papel de contrapeso, en un claro recado al jefe del Ejecutivo. "El Constitucional está teniendo un activismo judicial —positivo unas veces, negativo otras—, que a menudo rebasa los límites de la acción judicial, creando normas y soluciones. Pero en este momento esta Corte debe tener un papel muy importante de poder moderador", afirma Reale Júnior, que coincide con Dallari sobre el apoyo relativo con el que Bolsonaro todavía cuenta en su base.

Más allpa del impeachment, Reale Júnior señala como posibilidad que el presidente sea denunciado por un delito común, como abuso de autoridad. Algo evidente, según el jurista, cuando Bolsonaro amenazó con encarcelar al periodista Glenn Greewald, también la pasada semana. En este caso, le correspondería al Constitucional aceptar la denuncia y pedir la autorización a la Cámara de Diputados para seguir con el juicio. "Lo estarían procesando como a [el expresidente Michel] Temer, y se le acusaría de delitos cometidos en el ejercicio de la presidencia. Porque no es un acto que hace como persona física, sino en calidad de presidente de la República", añade.

Otro objetivo de la ira de Bolsonaro ha sido el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Su director, Ricardo Galvão, fue apartado hace unos días tras una serie de enfrentamientos públicos con el presidente. El Gobierno viene cuestionando los datos sobre la cada vez mayor deforestación de la Amazonia y anunció que contratará a una empresa privada para hacer la medición. Otros miembros del Gobierno, como el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, y el general Augusto Heleno, también vienen expresando sus discrepancias con la divulgación de los datos de pérdida de masa forestal en la Amazonia, que consideran que son desfavorables para la imagen de Brasil o incluso falsos. El riesgo es que la deforestación se convierta para el bolsonarismo en lo que la inflación —maquillada durante años en Argentina—, se convirtió para el kirchnerismo. "Mi único recelo es con el área ambiental, porque genera perjuicios irreversibles. El modo en que se está haciendo, la desatención a las medidas contra el calentamiento global, la destrucción de la red normativa de protección de los indios... Son males que serán irreversibles", afirma Dallari.