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La Corte Constitucional de Colombia deja en el limbo el regreso a las fumigaciones con glifosato

El Gobierno de Duque deberá garantizar, con investigaciones científicas objetivas y concluyentes, que el herbicida no genera “daños para la salud ni para el medioambiente”

Un cultivo de coca en Colombia, en una imagen de archivo.
Un cultivo de coca en Colombia, en una imagen de archivo.

La decisión del Gobierno de Iván Duque de regresar pronto a las fumigaciones aéreas como estrategia contra los cultivos de coca sigue en el limbo. La Corte Constitucional colombiana decidió mantener las mismas condiciones que impuso hace dos años para volver a las aspersiones con el herbicida, considerado potencialmente cancerígeno. Pero el impacto de esta decisión aún no es claro y algunos expertos creen que abre una puerta al retorno de las fumigaciones aéreas.

En una determinación unánime, el alto tribunal decidió no modificar la sentencia de 2017, que restringió las aspersiones. “No hay nuevas condiciones, son las mismas, lo que hace la Corte son precisiones. No hay modulación. No hay modificación”, dijo el magistrado Alberto Rojas.

Las fumigaciones con glifosato están suspendidas desde 2015, como consecuencia de un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución y ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero, a la luz del aumento en la superficie destinada a cultivos de coca -208.000 hectáreas cultivadas en todo el territorio nacional-, el actual Ejecutivo quiere volver a hacer uso del glifosato. Sin embargo, para que pueda retomarlas primero deberá cumplir seis requisitos impuestos por la Corte. El más importante de todos es que debe garantizar, con investigaciones científicas objetivas y concluyentes, que el glifosato no genera “daños para la salud ni para el medioambiente”.

Precisamente ese fue el punto que quiso “aclarar” el alto tribunal. La Corte dijo que este condicionante “no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Tampoco a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto”. Es decir, que para reanudar las fumigaciones el Consejo Nacional de Estupefacientes, la entidad nacional de política de drogas, debe “considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible” en cuando a la minimización de los riesgos.

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que “agradecía las precisiones de la Corte”, si bien varios especialistas consultados por EL PAÍS remarcan la ambigüedad de la decisión, que algunos creen que y podría allanar el camino al regreso de las fumigaciones.

El tribunal también recalcó que el Ejecutivo debe agilizar un mecanismo de consulta a las comunidades que se han sentido afectadas por las fumigaciones con el glifosato, como la Nóvita, en el departamento del Chocó (noroeste, fronterizo con Panamá). “Requerimos a las autoridades del Consejo Nacional de Estupefacientes para que continúen y concluyan con la mayor brevedad posible el procedimiento para las consultas con la comunidad de Nóvita”, agregó la magistrada Gloria Ortiz.

Además de la polémica por el daño a la salud y el medioambiente, los académicos que se oponen al deseo de Duque de retomar las fumigaciones también señalan su baja efectividad en la lucha contra los cultivos de coca. Según Pierre Lapaque, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, la resiembra de cultivos ilícitos con el programa de sustitución voluntaria llega al 0,6%; mientras que -según las cifras de la organización Dejusticia- la tasa de resiembra con glifosato es del 35%. El regreso de las aspersiones, precisan, tendría un impacto directo sobre el conflicto armado.

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