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Colombia recupera las polémicas fumigaciones con glifosato contra los cultivos de coca

El Gobierno quiere volver a este método para erradicar la producción que, según la Oficina de Drogas de Estados Unidos, se estancó

Policías patrullan un cultivo de coca en el sur de Colombia.
Policías patrullan un cultivo de coca en el sur de Colombia. AP

A casi un año de mandato, con problemas en varios frentes internos y sin éxito en su cruzada para sacar a Nicolás Maduro de su cargo, el Gobierno de Iván Duque enfila su discurso al problema de las drogas en Colombia con un debate que promete ser álgido. Desde que Duque anunció la reactivación de las fumigaciones aéreas con glifosato, suspendidas desde 2015 como respuesta a un fallo de la Corte Constitucional colombiana, académicos y ambientalistas se han manifestado en contra por los riesgos que pudiera traer el uso de este herbicida potencialmente cancerígeno.

Colombia mantiene el deshonroso título de productor del 70% de la cocaína mundial. Y aunque la Oficina Nacional para las Políticas sobre el Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca acaba de revelar que existe un “estancamiento”, no hay mucho que celebrar. De acuerdo con la ONDCP, durante el 2018 fueron detectadas 208.000 hectáreas, una reducción de apenas 0,5 % frente a las 209.000 hectáreas del 2017. Lo mismo ocurrió con la “producción potencial de cocaína pura”, que bajó apenas de 900 a 887 toneladas métricas puras en ese mismo período.

“Aunque el cultivo de coca en Colombia se mantuvo en niveles históricamente altos en 2018, fue el primer año (desde 2012) en que la cosecha no aumentó”, dijo el director de la ONDCP, Jim Carroll, a través de un comunicado. El Gobierno de Duque se lo adjudicó como un reconocimiento a su labor. Falta, sin embargo, conocer las cifras del Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas, que se publicarían en julio.

Con ese panorama, Duque apuesta por una política antidroga fundada en dos ejes: la aspersión aérea con glifosato; y el prohibicionismo. Una doble apuesta que busca, por un lado, mantener tranquilo a Estados Unidos, que ha sido su aliado estratégico; y por el otro, estar en consonancia con su partido, el Centro Democrático, para el cual la problemática de drogas debe resolverse desde la prohibición.

Desde que Donald Trump dijo de Duque que “es un buen tipo, pero no ha hecho nada para solucionar el problema de las drogas”, se afianzó el fantasma de la descertificación, es decir, una sanción, y que es una decisión que tomará la Casa Blanca en septiembre próximo y que afectaría el acceso del país a créditos del Banco Mundial. Según Luis Felipe Cruz, investigador de la Línea de Política de Droga del centro de estudios Dejusticia, es en ese contexto internacional que se entiende la determinación de reanudar la aspersión aérea. “Pero también, en cuanto a política interna, esta decisión se lee como una apuesta por la mano dura, para mejorar los niveles de popularidad del presidente”.

Dudan de efectividad

Colombia fumiga cultivos ilícitos con glifosato desde 1984 y a pesar de esto la presencia de coca ha sido constante. La aspersión aérea con este herbicida se mantuvo hasta finales de 2015 cuando el gobierno de Juan Manuel Santos la interrumpió como respuesta a un fallo de la Corte Constitucional que apela al principio de precaución y ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que califican el glifosato como potencialmente cancerígeno.

Por eso, el debate sobre el uso de este agroquímico tiene al menos tres aristas: la salud, el medio ambiente y su efectividad para reducir los cultivos ilícitos, esta última puesta en duda por varios expertos.

En cuanto a sus efectos en la salud, el gobierno confía en que los estudios no son concluyentes y que, como señaló Duque, contemplarían “técnicas de aspersión con precisión para no producir efectos dañinos de las personas”. Para el Gobierno, la aspersión es la vía más rápida de derrotar la siembra de coca, pero las cifras indican que no existe una correlación de efectividad. El 2007 fue uno de los años de mayor fumigación, y a pesar de esto, las hectáreas llegaron a 150 mil. Por otro lado, el fallo de la Corte prohíbe que las aspersiones se hagan en zonas de reserva forestal o parques naturales, lugares donde los grupos armados han ubicado los cultivos. Una razón más para dudar de la efectividad de las fumigaciones aéreas.

Jerry McDermott, cofundador del centro de investigación de crimen organizado, InSight Crime, dice que las fumigaciones podrían atomizar los cultivos ; pero no tendrían un impacto a largo plazo y sí alimentarían el conflicto armado. “Históricamente, la fumigación aérea fue una de las mejores herramientas de reclutamiento de la guerrilla. Esto es grave porque hay jefes guerrilleros como Iván Márquez o El paisa, que en cualquier momento podrían salir del proceso de paz y si ellos salen y la fumigación regresa, nosotros creemos que hasta mil guerrilleros podrían irse con ellos”.

La aspersión aérea con glifosato no es el único método que ha utilizado Colombia para erradicar los cultivos ilícitos. Actualmente, el gobierno hace erradicación manual a través de auxiliares de policía y campesinos de bajos recursos contratados para retirar la mata de coca. Pero ante la presencia de minas en las zonas de cultivos, instaladas por grupos armados y disidencias, tan solo en 2018 murieron seis de estos erradicadores y otros 66 resultaron heridos.

Los otros mecanismos son la fumigación terrestre con glifosato; fumigación con drones a baja altura y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que se creó durante los acuerdos de paz con las Farc y que involucra a cien mil familias campesinas que reciben subsidios para cambiar la coca por otros productos. Dejusticia le pide a Duque que refuerce este último para “incentivar el desarrollo rural”.

Pero el gobierno está decidido a la aspersión y se propone reiniciarla en 16 semanas. El debate promete ser largo y aún no es claro cómo se reactivarán las fumigaciones pues para hacerlo, Duque tendrá que demostrarle a la Corte que ha cumplido con seis protocolos exigidos que garanticen que no habrá riesgos sobre la salud y el medio ambiente.

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