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COLUMNA i

La geopolítica del glifosato

La vuelta a la fumigación que pretende Duque es una estrategia más para alcanzar el objetivo de voltear el pacto con las FARC

Una plantación de coca en Catatumbo, Colombia.
Una plantación de coca en Catatumbo, Colombia. AFP

C3H8NO5P. Los químicos leen en esa fórmula la palabra glifosato. Es un ácido capaz de eliminar hierbas y arbustos. La empresa Monsanto, dedicada a biotecnología, descubrió esa capacidad en 1970. Muchos años más tarde, la misma multinacional patentó una variante de soja resistente al glifosato. Desde entonces ese agroquímico se destina a eliminar malezas en los cultivos de esa planta. También desde entonces su utilización está rodeada de un debate sobre sus efectos tóxicos para la salud y el medio ambiente. Esa controversia se ha vuelto en estos días más intensa en Colombia. Pero allí la discusión sólo en apariencia es sanitaria. El glifosato está en el centro de la disputa de poder que, desde el plebiscito por los acuerdos de paz entre el gobierno Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, divide al país. Y también está en el centro de un conflicto geopolítico en el que intervienen las principales potencias de la región.

El glifosato fue el recurso principal del programa de combate al narcotráfico pactado en 1999 por los presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana y conocido como Plan Colombia. La estrategia principal consistía en fumigar las plantaciones de coca con esa sustancia. Durante la gestión de Santos, y sobre todo a partir de 2015, esa práctica se interrumpió. El motivo principal, o por lo menos el motivo expreso, es que la Corte Constitucional aceptó, en tres sentencias, que el producto afectaba la salud de los humanos.

Desde que llegó al poder, el presidente Iván Duque ha defendido la necesidad de retomar con urgencia las aspersiones. Su argumento principal es que, como consecuencia de su suspensión, los cultivos ilegales de marihuana, amapola y, sobre todo, coca, registraron una expansión alarmante. La querella llegó a ese alto tribunal, enfrentando a Duque con su antecesor Santos.

El área sembrada de coca tuvo un crecimiento pavoroso. Pasó de 50.000 hectáreas en 2015 a 206.000 a fines de 2018. Los ingresos por venta de cocaína también se dispararon: en 2018 fueron 14.000 millones de dólares. Un monto capaz de desequilibrar la economía del país. Y también de corroer su democracia.

El fenómeno tendría varias causas. Algunos lo atribuyen a que, como en los acuerdos de paz con las FARC se prometieron subsidios para quienes tuvieran plantaciones, muchos agricultores se lanzaron a sembrar drogas ilegales. Otros agregan que la crisis de la minería, debida a la caída del precio del oro, volcó a muchos terratenientes a la producción de coca. Sin embargo Duque encuentra que la raíz del problema está, antes que nada, en la decisión de no fumigar más.

El duelo es sanitario sólo en la superficie. El presidente, igual que su principal mentor, Álvaro Uribe, suponen que se dejó de atacar la producción de coca para cumplir con una exigencia de las FARC en la negociación de los Acuerdos de Paz, a los que ambos se opusieron. Los guerrilleros habrían exigido, según esa versión, que se les facilite la siembra ilegal. La vuelta a la fumigación que pretende Duque es una estrategia más para alcanzar el objetivo de voltear el pacto con las FARC. El glifosato se ha convertido en el nuevo eje de la polarización colombiana.

También la utilización o el abandono de ese herbicida determina la geopolítica. Muchos ciudadanos creen, con Uribe y Duque a la cabeza, que la comercialización de drogas producidas en Colombia es el principal ingreso de los militares venezolanos que sostienen a Nicolás Maduro. Esa mafia fue denunciada en los Estados Unidos por ex colaboradores de Hugo Chávez como el Cártel de los Soles, al frente del cual estaría Diosdado Cabello. Disminuir el área sembrada de coca sería, entonces, debilitar más a Maduro.

El gobierno colombiano pretende que esa dictadura termine cuanto antes. No sólo en defensa de los venezolanos. También en defensa propia. La migración masiva hacia Colombia ha ocasionado un colapso en el sistema sanitario y educativo de las localidades cercanas a la frontera con Venezuela. Es una región en la que, como ocurre en el norte brasileño, se ha producido una crisis humanitaria.

Los expertos en la dinámica judicial colombiana apuestan a que la Corte no revisará las restricciones que ya estableció para la aspersión con glifosato. De ser así, la Iglesia católica aplaudirá: su titular, el obispo Óscar Urbina, acaba de advertir que la reducción de las plantaciones ilegales hundiría en la miseria a las familias pobres que viven de esa actividad. También el gobierno de Brasil está a favor de la prohibición ordenada por los jueces, ya que teme que el glifosato contamine las aguas del Amazonas.

El gobierno de los Estados Unidos, en cambio, se verá frustrado en su política colombiana que es, en varios aspectos, su política venezolana. Hace ya casi dos años, el entonces canciller de Donald Trump, Rex Tillerson, se mostró alarmado por el aumento de las hectáreas dedicadas a la coca. Y pidió volver a las fumigaciones. Dijo que su presidente se lo había dicho a Santos: “Tenemos que destrozar esos campos” fue la expresión que utilizó. Duque se hizo cargo de esa sugerencia. Pero le está costando cumplir.

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