Santos y Duque contrastan su política antidrogas ante la Corte Constitucional

Formalmente no hubo un cara a cara. Sin embargo, Iván Duque y Juan Manuel Santos contrastaron este jueves con vehemencia sus visiones sobre la política antidrogas de Colombia en general, y las fumigaciones con glifosato en particular, durante una esperada audiencia pública de la Corte Constitucional. Mientras el actual presidente pidió a los magistrados moderar el fallo que prohíbe el uso del controversial herbicida, su predecesor regresó fugazmente a la vida pública para reafirmar que la llamada guerra contra las drogas ha sido un fracaso y se debe replantear.

A primera hora de la mañana, el presidente Duque compareció ante el alto tribunal para pedir "una modulación de la sentencia" que suspende las fumigaciones. Acompañado de varios de sus ministros, el mandatario argumentó que Colombia necesita todas las herramientas para combatir el narcotráfico, incluido el glifosato. “Esta no es una discusión sobre un herbicida. La verdadera discusión es sobre la amenaza y los riesgos que enfrenta hoy nuestro país, por cuenta del crecimiento vertiginoso en los últimos años de los cultivos ilícitos”, que constituyen una amenaza a la seguridad nacional y el orden constitucional, apuntó en su intervención, de unos cuarenta minutos.

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El volumen total de narcocultivos creció de 146.000 a 171.000 hectáreas en 2017, la cifra más alta desde que se tienen registros, según el más reciente informe del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU (Simci). La producción potencial de cocaína también superó la de años anteriores, hasta rozar las 1.400 toneladas, lo que confirma a Colombia como el mayor productor mundial. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que las herramientas actuales resultan insuficientes, y deslizó que según sus cálculos el problema podría dispararse hasta 292.000 hectáreas en 2022.

Algunos sectores, incluido el Ministerio de Defensa, aspiran a reabrir una discusión que ha despertado pasiones a lo largo de los años. Duque ha planteado la idea de regresar al glifosato, potencialmente cancerígeno. Aunque Estados Unidos promueve su uso, Santos suspendió las aspersiones aéreas en 2015 ante recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución. En otro fallo de 2017, el tribunal determinó que las autoridades solo pueden volver a las fumigaciones si establecen que esas aspersiones no producen daño a la salud humana. La audiencia, que no implicaba una decisión de fondo, buscaba hacer seguimiento a esa sentencia.

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El Ejecutivo actual favorece la erradicación forzosa y reniega de las iniciativas voluntarias pactadas con las comunidades de campesinos, promovidas por Santos. También firmó un decreto para que la policía incaute la dosis personal -o mínima- de droga, en un regreso al prohibicionismo.

Ante la corte, Duque esgrimió que la erradicación representa apenas el 5 % del uso de glifosato en Colombia, y que hay que extender el debate a los daños ambientales “estructurales” que provocan los químicos que se usan en los cultivos ilícitos, a los que culpó de un cuarto de la deforestación actual en el país. “Magistrados, no se pueden limitar las herramientas”, remató Duque, que soporta la presión de Washington para mostrar resultados y ha esbozado un giro en la estrategia desde que Santos le entregó las llaves de la Casa de Nariño –el palacio de Gobierno– el pasado 7 de agosto.

Cuando llegó el turno de Santos, cerca del mediodía, el recién nombrado miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas hizo una excepción frente al caracter discreto que lo ha caracterizado como exmandatario. “Mientras haya consumo y prohibición habrá mafias que se lucran de las rentas ilícitas”, diagnosticó en su discurso de media hora, en el que repasó los pasos de su mandato, en el que solía referirse a la lucha antidrogas como una bicicleta estática, por su desalentador balance tras medio siglo de esfuerzos. Tanto en sus discursos ante la Asamblea General de la ONU como en el de aceptación del Nobel de Paz que recibió por los acuerdos que selló con las FARC, Santos abogó por hacer una revisión a fondo de la estrategia global contra las drogas y sus resultados basada en evidencias, con criterios científicos. Su propuesta planteaba despenalizar a los pequeños cultivadores y consumidores, concentrar los esfuerzos en combatir los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico y abordar el consumo como un asunto de salud pública y derechos humanos. Este jueves se reafirmó en esas ideas.

Santos, que también fue ministro de Defensa en algunos de los años en que más se fumigó, enfatizó que “no se puede establecer una correlación entre aspersión y producción ni se puede argumentar que el aumento de la producción de los últimos años se deba a la suspensión de la aspersión”. Para el exmandatario, la única forma efectiva y duradera de combatir los cultivos de hoja de coca es “mediante procesos de sustitución voluntaria que ofrezcan oportunidades a los campesinos en la economía legal”. Retomar la aspersión con glifosato “sería un error”, pues se trata de “una estrategia que ya demostró su ineficiencia e ineficacia”, remató ante los magistrados.

“Llevamos 40 años tratando de erradicar la coca y nunca hemos podido, porque nunca habíamos podido llegarles a los campesinos para ofrecerles alternativas viables. Hoy con la paz sí podemos, por eso yo espero que ese enfoque no lo vayan a modificar”, había dicho en diciembre a EL PAÍS, en una de las contadas entrevistas que ha concedido como expresidente. La clave, enfatizó este jueves, es “darles a los campesinos cocaleros alternativas legales viables, no envenenarlos, ni meterlos a la cárcel”.

Los reflectores persiguieron a Duque y a Santos, pero entre los demás invitados estuvo otro expresidente, César Gaviria. También hubo funcionarios, científicos, expertos en salud y medioambiente, en un escenario que permitió escenificar posiciones encontradas. La comparecencia de los gobernadores de Antioquia y Nariño, dos departamentos con problemas de cultivos ilícitos, resultó ilustrativa. “Los ilegales caminan más rápido que las autoridades”, se lamentó Luis Pérez, el gobernador de Antioquia (noroccidente), que ha echado a andar un programa piloto con drones y pide iniciar la aspersión con helicópteros de alta precisión. “Hay una problemática social”, replicó Camilo Romero, su colega de Nariño (suroccidente), el departamento con más hectáreas de coca, fronterizo con Ecuador. También recordó que, hace años, Bogotá pagó a Quito una compensación para zanjar amistosamente una demanda por las afectaciones de las aspersiones en la línea limítrofe. Vestía una camiseta que resumía su postura: “No al glifosato”.