Maduro intenta contrarrestar el informe de la ONU liberando a 22 presos

El Gobierno de Nicolás Maduro buscó este viernes un lavado de imagen con un gesto que se ha convertido ya en habitual en los momentos de mayor presión internacional. Un día después de la publicación del durísimo informe de la ONU que recoge las denuncias de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la justicia venezolana liberó a 22 presos políticos entre los que se encuentran la juez María Lourdes Afiuni y el periodista Braulio Jatar.

La decisión, confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), había sido anunciada poco antes en Ginebra por la propia Bachelet, que visitó Caracas entre el 19 y el 21 de junio y pudo comprobar de primera mano el grave deterioro de los derechos bajo el régimen chavista. La alta comisionada de Naciones Unidas trasladó una diplomática felicitación a Maduro. En su opinión, la medida “muestra un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país”.

El informe de su oficina da cuenta de la crisis social y económica, el colapso sanitario, la emergencia alimentaria y el abuso de las fuerzas de seguridad en Venezuela. Se trata de un panorama que deja muy mal parado a Maduro y le retrata de forma inequívoca como el responsable político de esa situación y su agravamiento crónico desde la muerte del expresidente Hugo Chávez, en 2013.

La libertad plena para Afiuni y de régimen de presentación para Jatar cobran especial relevancia por el simbolismo de estos presos. Como presidenta del Circuito Judicial de Caracas, la primera emitió en 2009 una sentencia judicial que dejaba en libertad al banquero y empresario venezolano Eligio Cedeño, abierto enemigo del chavismo, que a continuación abandonó el país.

La medida de Afiuni enfureció a Chávez, quien pidió “30 años de cárcel” para la funcionaria en su programa de televisión. Esta fue recluida casi inmediatamente en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, la cárcel de mujeres de la capital, donde pasó un año presa sin juicio, hasta recibir el beneficio de casa por cárcel más de un año después.

La entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ahora dura opositora al Gobierno y en el exilio desde 2017, presentó cargos en su contra por “irregularidades” en la liberación judicial de Cedeño. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció a favor de Afiuni. El propio intelectual y escritor estadounidense Noam Chomsky, amigo de Chávez, procuró interceder por el caso de la jueza invocando razones humanitarias. Afiuni recibió la libertad condicional en 2013, pero su proceso judicial continuó hasta este momento.

Braulio Jatar, de origen chileno-venezolano, fue llevado a prisión de forma casi automática en agosto de 2016, una vez que el portal de noticias que dirigía, Reporte Confidencial, colocara en las redes los vídeos en los cuales la caravana presidencial de Maduro fuera objeto de las protestas, toque de cacerolas y la ira desatada en su contra en la población de Villa Rosa, en la Isla de Margarita. Esta circunstancia produjo un intenso debate en la opinión pública y en las redes sociales.

Un año después, la justicia concedió a Jatar el beneficio de arresto domiciliario. La medida para Jatar lo coloca en libertad condicionada, bajo régimen de presentación. Veinte de los vecinos que participaron la protesta en contra de la caravana de Maduro en Villa Rosa dada a conocer por el periodista, fueron detenidos y liberados tiempo después.

A estas dos liberaciones se suman las de un grupo de presos con menor perfil público, en su mayoría líderes estudiantiles un colectivo que lleva años protestando contra el régimen. Según Bachelet, se trata de un primer paso. “Las bienvenidas liberaciones de 62 detenidos (que se produjeron el mes pasado) junto con 22 más, incluidos el periodista Braulio Jatar y la juez Lourdes Afiuni, y la aceptación de las autoridades de dos de mis oficiales de Derechos Humanos en el país significan el inicio de un compromiso positivo", manifestó la expresidenta de Chile. Su informe, demoledor, dibuja un deterioro imparable de la democracia en Venezuela. El Gobierno lo rechazó presentando 70 alegaciones.

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional reconocido desde enero como mandatario interino, aplaudió su publicación. “Gracias a nuestra lucha, a nuestro esfuerzo y persistencia, logramos que la ONU evidenciara lo que hemos denunciado por años. Ahora, más que nunca, confianza. Vamos a lograrlo”, enfatizó el rival de Maduro en las redes sociales.