Muerte sospechosa

El Gobierno de Nicolás Maduro está obligado a explicar y depurar responsabilidades sobre las circunstancias de la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, fallecido este fin de semana mientras se encontraba detenido por los servicios secretos del régimen.

No ayuda el hecho de que diferentes autoridades venezolanas —el Ejecutivo, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la República— difundieran, pasado un día de la muerte, versiones contradictorias sobre el tratamiento judicial del caso y las investigaciones que se están realizando.

Acosta había desaparecido el pasado 21 de junio, junto a otros tres militares —dos de ellos retirados— y dos miembros de la policía. Fue detenido en un centro comercial por agentes del servicio secreto venezolano sin orden judicial alguna. Cuando finalmente fue presentado ante un tribunal, lo hizo en silla de ruedas, con las uñas ensangrentadas y graves dificultades para hablar. El juez ordenó internarlo en un hospital militar, donde falleció.

La muerte del militar venezolano, además de una tragedia personal y un escándalo nacional e internacional, es un nuevo obstáculo para el diálogo que debe desbloquear la peligrosa situación que vive Venezuela, con un presidente encargado, Juan Guaidó, respaldado por la Asamblea Nacional y la comunidad internacional, y Nicolás Maduro, quien se niega a abandonar el poder donde permanece apuntalado por las milicias civiles bolivarianas y el Ejército.

Son precisamente las Fuerzas Armadas las que se han convertido en la clave para facilitar —o no— una salida pacífica a la crisis institucional. El apoyo de la cúpula castrense es fundamental para sostener a Maduro, pero es imposible que sus miembros consigan algún tipo de garantía sobre su situación personal en el futuro, dado que los crímenes contra la humanidad y los delitos de blanqueo de capitales no prescriben. Los altos jefes del Ejército prefieren este escenario de estancamiento mientras la situación social sigue degradándose y la labor de reconstrucción de la Venezuela poschavista se antoja muy complicada.

Pero en las grandes crisis las fotos nunca son fijas y, por tanto, no resulta raro que dentro de las filas del Ejército comience a cundir el descontento ante un estado de cosas que causa tanto la ruina del país como el desprestigio de la institución. La muerte del capitán Acosta muestra que hasta los integrantes de las Fuerzas Armadas están en el punto de mira del aparato represivo del régimen. Este sigue teniendo dos grandes cuentas pendientes: la liberación inmediata de los presos políticos y la convocatoria de elecciones libres.