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La persecución judicial a Emilio Lozoya pone a prueba a la Fiscalía de López Obrador

La orden de arresto del exdirector de Pemex devuelve la esperanza a quienes esperaban la investigación de casos de corrupción

Emilio Lozoya, director de Pemex, en diciembre de 2014.
Emilio Lozoya, director de Pemex, en diciembre de 2014. Reuters

Los tiempos de la justicia en México son caprichosos. La petición de arresto que la Fiscalía ha solicitado esta semana en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, y contra el rey del acero, Alonso Ancira, han dado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador el cambio de conversación que tanto buscaba. La Administración del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) llevaba días tratando de dejar atrás las críticas por las afectaciones de sus políticas de austeridad en algunos sectores, especialmente el de salud. La búsqueda de Lozoya, acusado de lavado de dinero, cohecho y fraude, ha devuelto la esperanza a quienes esperaban la investigación de añejas acusaciones de sobornos y presuntos actos de corrupción cometidos en la petrolera estatal y los posibles vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

En noviembre, poco antes de asumir la presidencia, López Obrador anunció que en su mandato no perseguiría políticos acusados de corrupción en el pasado. Sus palabras habían provocado polémica en un país que lo había votado esperando precisamente eso. Este miércoles, el mandatario reconoció que las acciones de la Fiscalía van en contra sentido de lo que llamó la política de “punto final y ver hacia adelante”.

López Obrador dijo que los procesos judiciales en contra de Lozoya y el caso de Altos Hornos de México, propiedad de Ancira, habían sido puesto en marcha con anterioridad. “Estaban en curso… No podíamos cancelar procesos ya iniciados… Se termina la corrupción y se termina la impunidad”, afirmó en su conferencia matutina.

Lozoya es investigado por autoridades que sospechan que habría comprado en 2012 una casa en el poniente de Ciudad de México con 3.5 millones de dólares ilícitos. Los recursos, cree la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, habrían provenido de sobornos salidos de cuentas manejadas por Odebrecht y blanqueados a través de paraísos fiscales. Esto hizo que el Gobierno congelara el lunes las cuentas del excoordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto y las de su hermana, Gilda Susana Lozoya. El exdirector de Pemex ha logrado detener de momento y hasta el próximo 4 de junio la orden de captura gracias a un amparo. La Judicatura ha argumentado, no obstante, que el arresto puede llevarse a cabo pues el exfuncionario es acusado de delitos graves. 

Javier Coello, el abogado de Lozoya, defendió a su cliente el miércoles ante la opinión pública. Es “un chivo expiatorio”, dijo en Televisa. Y en declaraciones muy llamativas, pidió ampliar el cerco al expresidente de México, quien se consideró el gran protector de Lozoya durante la administración del PRI, cuando fue acusado por arrepentidos de haber recibido varios millones de dólares en sobornos. “Yo citaría hasta al presidente Peña Nieto… no se movía una hoja en este país si no era por instrucciones del presidente… muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el señor presidente las ordenó”, dijo Coello a Televisa. El letrado remató: “Si buscan la verdad, la van a encontrar”.

En España, donde fue capturado Ancira el martes, el abogado del llamado rey del acero también dio su impresión. “Es una especia de vendetta”, dijo Ismael Oliver, quien defenderá al empresario acerero tras el congelamiento de cuentas de Altos Hornos de México. El equipo legal considera muy endeble el caso construido por las autoridades mexicanas. Ancira, de 67 años, declaró mediante una teleconferencia en Palma de Mallorca, donde fue detenido cuando estaba por abordar un avión privado, ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

En el caso de Altos Hornos de México, las autoridades investigan la venta que hizo la acerera de una planta de fertilizantes a Pemex por cerca de 500 millones de dólares, un precio mucho mayor a su valor real pues no estaba en condiciones óptimas. La Secretaría de Hacienda investiga al vendedor y comprador en esta operación que se presume fraudulenta. El abogado de Ancira afirma que el empresario “no ha comprado nada en los últimos diez años” y no tiene poderes para ejecutar operaciones en AHMSA. “Es el presidente consejero, pero no puede firmar cheques ni hacer transferencias”, dijo Oliver. Odebrecht aparece también en el telón de fondo de este caso pues días después de la citada venta se registraron movimientos en cuentas offshore y empresas fantasma que la constructora utilizaba para repartir coimas.

La gran interrogante que sobrevuela la primera gran operación judicial del Gobierno de López Obrador es si la Fiscalía podrá defender con solidez en los tribunales las acusaciones. México ha sido testigo en los últimos años de cómo los casos de corrupción política de alto perfil se han desmoronado en manos de los fiscales. Los fallos que logre la nueva Fiscalía podrían marcar un antes y un después. Serían señal de que la transformación anunciada por la Administración de López Obrador llega también a la procuración de justicia.

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