Una política migratoria a la espera de medidas a largo plazo

En julio de 2014, el entonces recién elegido presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentó su plan de Gobierno para los próximos cinco años. Se dirigía al Parlamento de una Europa todavía herida por la crisis económica de 2008 y se centró en inversiones, empleo, crecimiento. En el documento hablaba de “un nuevo comienzo” para la UE, también en materia migratoria. Apeló a la colaboración entre Estados y al espíritu solidario “para que situaciones como la de Lampedusa no se vuelvan a plantear”, en referencia al gigantesco naufragio que vivió la isla italiana en 2013, en el que se ahogaron 368 personas. También se comprometió a impulsar la migración legal con la idea de “atraer talento”.

Solo un año después, la trágica y caótica llegada de un millón de personas, la mayoría sirios que huían de la guerra civil en su país, eclipsó esas aspiraciones. Desde entonces, la UE ha sido incapaz de reformar el sistema de asilo común para adaptarlo a futuras crisis. La migración se convirtió en el asunto más visceral del debate público, y para los gobernantes, en algo que solucionar a golpe de emergencia, con planes a corto plazo y parches. Europa afrontó dividida la crisis de los refugiados, y la solidaridad y cooperación entre Estados miembros, sobre las que se funda la Unión, se dejaron para otro momento. “Esa crisis es también la crisis europea, porque expone la falta de solidaridad y cuestiona la legitimidad del proyecto común”, afirma Blanca Garcés, investigadora del think tank Cidob. Prueba de ello es que los Estados solo han acogido al 21,7% de los solicitantes de asilo que les fueron asignados en cuotas en 2016 para apoyar a los países con más llegadas, Grecia e Italia.

Cinco años y 18.248 muertos y desaparecidos en el mar después de aquella declaración, en lo que sí ha habido consenso es en reforzar la seguridad de las fronteras y en tratar de frenar la migración irregular, algo de lo que también habló Juncker. En estos años, la prioridad de las operaciones marítimas de la UE no ha sido el salvamento, sino la lucha contra las mafias que trafican con personas. A cambio de 3.000 millones de euros -luego se comprometieron otros 3.000- y mediante un trato de dudosa legalidad internacional, Turquía se ha ocupado de sellar la ruta del Mediterráneo oriental, se cerró la ruta de los Balcanes y la UE ha firmado acuerdos con países africanos para contener los flujos de personas. La semana pasada, la Comisión mostró en un gráfico el resultado de estas acciones, que se unen al hecho de que la guerra en Siria ha disminuido su intensidad: una caída de las llegadas irregulares de más del 90% desde la crisis de 2015. “Se han reducido las llegadas, sí, a costa de la vulneración de derechos de los refugiados. Pero el movimiento de personas continúa”, explica Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias del centro de análisis Instrategies. “Lo que va a pasar en los próximos años es que los muertos se verán en otras fronteras y a quienes huyan de países en conflicto los pararán nuestros vecinos antes de que alcancen Europa”, afirma.

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Con la migración convertida en arma política y en gasolina para partidos populistas y xenófobos en toda la Unión, no es previsible que en la próxima legislatura se hable de potenciar las vías regulares de entrada a Europa, explica Camino Mortera-Martínez, investigadora del Centro para la Reforma Europea (CER, en inglés). “Ni siquiera está sobre la mesa, pese a la crisis demográfica del continente”, dice. También señala como fuente de futuros problemas el haber “externalizado la gestión de la migración”. En concreto, se refiere a la creación en 2015 del Fondo de Emergencia para África, en el que la gestión migratoria prima sobre la ayuda al desarrollo. “Es una estructura más flexible pero menos transparente, con menos controles de para qué se usa el dinero, que permite mandarlo a un país cuando hay un flujo importante de personas hacia Europa. Por ejemplo, Libia, un país en conflicto, recibió fondos para crear una guardia costera que devuelve a Libia a quienes huyen de allí”, dice. Además, como apunta Pinyol, esto crea dinámicas perversas en la relación bilateral, en la que se abre o se cierra la puerta a Europa según convenga. “Los países africanos se dan cuenta de que pueden usar a los migrantes, olvidando que son personas, como moneda de cambio para presionar a Europa [y conseguir dinero o contrapartidas], ya que saben que la UE es muy sensible en este tema. Lo hemos visto con la relación entre España y Marruecos, por ejemplo”.

Pero el gran cambio legal pendiente -y el más espinoso-, postergado pese a la crisis de 2015, es reformar el sistema común de asilo. Se trata de hacerlo "más eficaz, humano y capaz de afrontar cualquier crisis futura", como reconoce la propia Comisión Europea saliente en una lista de temas que han quedado por resolver. Una de las partes afecta al Reglamento de Dublín, que establece en qué Estado se llevan a cabo las solicitudes de asilo. Conjuga la responsabilidad -que sobre todo recae en el primer país al que llegan- con la solidaridad -que se espera del resto de países para acoger a refugiados-, pero en la práctica “no es equitativo, los países de llegada tienen más presión”, explica Garcés. Aquí se han visto grandes brechas entre los intereses de los países mediterráneos como Grecia e Italia, adonde llegaban miles de personas, los de destino, en el norte de Europa, o el grupo de Hungría, República Checa y Eslovaquia, que directamente no quieren refugiados, ni tampoco migrantes. Esa división ha ido tumbando las sucesivas propuestas de reforma, en un tema muy politizado y en el que, como explica Garcés, “cualquier cesión de soberanía a una entidad supranacional como la UE se ve con recelo”.