La cruda política del Mediterráneo Central

En la última semana, el Mediterráneo Central ha sido escenario de un naufragio en el que han muerto 117 personas que trataban de llegar a Europa y del traslado a Libia de otras 144 que, tras ser rescatadas por un mercante de Sierra Leona, han terminado en centros de detención abarrotados, en condiciones insalubres y donde se han documentado torturas. Entre tanto, el barco de la única ONG que en este momento realiza rescates en la zona, la alemana Sea Watch, lleva más de siete días con 47 personas a bordo esperando a que algún país europeo les permita desembarcar. Las tres situaciones reflejan con crudeza el impacto de unas políticas migratorias cada vez más restrictivas en la ruta más mortífera hacia Europa.

El camino desde Libia hacia Italia o a Malta por mar ya fue el más peligroso en 2018 -murió una de cada 31 personas que trataron de cruzarlo- y también lo es en lo que va de 2019: la tasa de mortalidad hasta el 23 de enero es del 15,89%. Eso significa que falleció una de cada seis personas que emprendieron el viaje, y que esa vía resulta cuatro veces más letal que en el mismo periodo del año anterior (3,6%), según los cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Entre tanto, las llegadas se han desplomado por esta vía -204 personas en lo que va de enero-, mientras que la ruta por España, menos letal, ha registrado 3.429 llegadas en el mismo periodo.

Los tres supervivientes de ese naufragio fueron trasladados por la Guardia Costera italiana a Lampedusa. Sufrían de hipotermia y contaron que en la embarcación de goma en la iban viajaban también otras 117 personas. Por eso la OIM pudo tener noticias de ellos y documentar los hechos. Pero otras veces no hay nadie para contarlo. “Cuando hay menos ONG sobre el terreno, hay menos acceso a datos de muertes en naufragios”, afirma Marta Sánchez Dionis, analista del Missing Migrants Project, de la OIM. “Las posibilidades de que desaparezcan barcos enteros sin dejar rastro aumentan si no hay testigos”, explica. Sin embargo, cada vez hay menos ONG en misiones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo Central, cuya actividad se percibe con recelo por algunos Estados a los que les resultan políticamente incómodas.

El caso más claro es Italia, donde se han abierto investigaciones contra las ONG que rescatan y se ha ido poniendo trabas a su trabajo -el Aquarius, el buque que salvó de morir ahogadas a 30.000 personas, se vio forzado a dejar su actividad en diciembre por el hostigamiento institucional-. “Las ONG han sido objetivo de una eficaz campaña de desprestigio, con acusaciones de estar aliados con las mafias, sin que ningún proceso abierto haya llegado a juicio”, explica Matteo Villa, experto en migración del italiano Instituto para los Estudios de la Política Internacional (ISPI). España ahora ha impedido que dos buques de rescate de ONG españolas emprendan una nueva misión esgrimiendo razones administrativas, aunque sí ha permitido que el barco de la alemana Sea-Eye pueda quedarse un tiempo en Palma de Mallorca para renovar la tripulación y hacer reparaciones después de que Malta, tras el último naufragio en el que salvaron a 17 personas, les ordenara salir de sus aguas y de que Patras, en Grecia, no les dejara entrar en su puerto para el receso técnico.

Desde junio, Italia niega a las ONG la posibilidad de desembarcar en su territorio. Esa medida implacable impuesta por el xenófobo ministro Interior, Matteo Salvini, es la que ahora tiene al Sea-Watch 3 con 47 personas a bordo con la angustia de no saber cuánto tiempo tardarán esta vez los países en dejarles llegar a Europa y pedir asilo. Sólo un fuerte temporal, un ciclón con olas de siete metros, ha hecho que puedan resguardarse a una milla de Siracusa, en Sicilia. Pero de llegar a tierra, nada. El efecto directo de esa “política de disuasión total”, como la llama Villa, es que cada vez que una ONG rescata haya que esperar días -hasta 19, como le ocurrió a principios de año al Sea-Watch- de negociación entre países sobre cómo repartirse a los solicitantes de asilo. A falta de un procedimiento predecible y seguro, de una política común en la materia, se improvisa una solución para cada caso. Los rescatados se convierten, según denunció la ONG Sea Watch, en “rehenes” en alta mar de esa incapacidad de la UE para llegar a un acuerdo. El propio comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, admitió el 15 de enero que la situación es insostenible: “La UE no puede seguir apoyándose en soluciones desordenadas, [diseñadas] ad-hoc para los desembarcos”. Además, las distintas operaciones de la UE en el Mediterráneo han ido “poniendo progresivamente el acento en el control fronterizo y militar y menos en el rescate como objetivo principal de la misión”, critica Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense y especializada en migración.

Además de cerrar los puertos italianos, Italia -seguida de Malta- “ha pasado de coordinar los rescates en el área, incluidos los que se producían en la zona libia, para dejarlos en manos de los guardacostas libios”, explica Villa, en lo que él llama una “política de disuasión total”. Desde la caída del dictador Muammar Gadafi en 2011, Libia está instalada en un caos donde el Gobierno de Trípoli no controla todo el territorio y actúan las mafias y grupos armados. Aquí es adonde son devueltos los migrantes rescatados por la guardia costera libia, a la que ha entrenado y dado barcos la propia Unión Europea, que ha destinado a ese fin 91,3 millones de euros desde julio de 2017. A esto se han enfrentado esta semana las 144 personas que, tras una desastrosa operación de salvamento, fueron trasladadas a un puerto libio por un mercante de Sierra Leona, el Lady Sham.

Tanto Naciones Unidas como varias organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han denunciado esta política de externalización, porque el destino que aguarda en Libia a los rescatados es infernal: centros de detención saturados donde se han documentado torturas, donde no se les da comida suficiente, sin asistencia médica adecuada y a merced de traficantes de personas, como criticó esta semana un portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Muchos llegan allí desnutridos, con hipotermia, con diarrea, incide Médicos Sin Fronteras (MSF), a lo que se suma a la dureza de la travesía y la desesperación de volver al sitio de donde huyeron.