Libia, un infierno para los migrantes
Las violaciones de derechos humanos son graves y sistemáticas en los centros de detención de migrantes en el país magrebí
”Nos pedían dinero. Golpearon todas las partes de mi cuerpo. Me forzaron a colaborar en agresiones sexuales contra otras mujeres ... Yo perdí al pobre niño que llevaba en el vientre por las palizas, a mi hermana le provocaron la muerte”. Así describe Esther, una migrante originaria de Nigeria, los malos tratos recibidos en la prisión de Zauiya, una localidad del oeste de Libia. El suyo es uno de los muchos espeluznantes testimonios de torturas y vejaciones recogidos en un reciente informe publicado por la ONG Oxfam Internacional sobre los abusos a los que se enfrentan los migrantes y demandantes de asilo en Libia. Se calcula que varios centenares de miles todavía se hallan en el país magrebí a la espera de poder cruzar el Mediterráneo.
Las conclusiones del informe de Oxfam, construidas sobre la base de más de 150 entrevistas a supervivientes rescatados en el Mediterráneo, son muy parecidas a las de anteriores estudios realizados por la ONU y UNICEF. Sus revelaciones describen los diversos tipos de centros de denteción libios, donde se hallan hacinadas al menos unas 7.000 personas, como auténticas casas de los horrores. “Estos testimonios trazan un dibujo terrible de las vidas de refugiados y migrantes en Libia ... Estas personas, que escapan a la guerra, la persecución y la pobreza, encuentran en Libia otro infierno”, declaró en la presentación del informe Roberto Barbieri, director ejecutivo de Oxfam en Italia. Un 84% de los entrevistados padeció un trato degradante o torturas, y todas las mujeres, menos una, algún tipo de violencia sexual.
Libia, sumido en el caos y el desgobierno tras la guerra civil de 2011, cuenta con 34 centros de detención, de los que 24 son “oficiales”, es decir, gestionados por algún grupo vinculado al Gobierno de Trípoli patrocinado por la ONU. El resto es dirigido por algunas de los centenares de milicias que señorean el fragmentado país magrebí. Además, a ellos se suma un número indeterminado de villas o granjas donde las mafias que trafican con personas, compinchadas a menudo con las milicias, mantienen secuestrados a miles de migrantes. En todos ellos, el trabajo forzado, incluida la prostitución, y todo tipo de violaciones de derechos humanos son moneda corriente. También lo es la muerte.
La capacidad de Libia de convertirse en territorio de acogida de migrantes se ha convertido en el principal contencioso entre Gobiernos europeos y ONG humanitarias. “Quieren hacer con Libia lo mismo que hicieron con Turquía. Pero eso no es posible. La situación es muy diferente, aquí no hay un Estado”, denuncia Michele Trainti, un responsable de Médicos Sin Fronteras (MSF). El año pasado, Bruselas firmó un acuerdo con Estambul para que sellara sus costas a la salida de embarcaciones y gestionara los campos de refugiados a cambio de una ingente ayuda financiera. Recientemente, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la creación en Libia de hotspots, unos centros donde se procesarían las demandas de asilo en la UE, tal como sucede en Turquía.
Esta salida a la “crisis migratoria” es la misma que defiende el Gobierno italiano, bajo presión por la proximidad de elecciones y una creciente ola xenófoba entre su opinión pública. Tras una campaña de acoso y desprestigio a las ONG, que ha incluido un breve secuestro y disparos al aire por parte de patrullas libias, tres de las nueve entidades humanitarias que operaban en el Mediterráneo han suspendido sus labores. Hasta la semana pasada, la Marina de Italia coordinaba las operaciones de rescate en la mayor parte de la franja marina situada entre las costas italianas y libias. A partir de ahora, lo harán los guardacostas libios. Por tanto, los migrantes rescatados serán devueltos a territorio libio y no europeo.
“No puedo estar de acuerdo con esta idea. Los centros de detención, donde terminan los migrantes o demandantes de asilo interceptados, no cuentan con los recursos humanos o técnicos para que se les ofrezca una atención decente”, opina Mark Micallef, un investigador especializado en Libia de la fundación GIATOC. En abril, la UE asignó 90 millones de euros a un programa para mejorar las condiciones de vida de los migrantes en Libia. No obstante, fuentes de varias instituciones que colaboran con el proyecto confesaron a EL PAÍS que su margen de maniobra para cambiar la realidad sobre el terreno “es muy limitado”. “Hay que negociar y tratar con las milicias que gestionan los centros. A corto plazo, no hay otra alternativa”, sostiene Micallef.
En lo que va de año, unos 120.000 migrantes han sido acogidos en Europa tras ser rescatados en altamar, un 85% en Italia. Sin embargo, desde el pasado julio, la cifra de llegadas al país transalpino se ha desplomado: en agosto (hasta el día 30) fueron 3.235, frente a las 21.294 del mismo mes de 2016. La razón todavía no está clara, pero podría ser que las renovadas presiones y ayudas de Roma a Trípoli hayan repercutido en las operaciones de las mafias, al menos de forma temporal. Por ello, el ministro del Interior italiano, Marco Minniti, se ha convertido en el político de moda en Italia. Un nuevo incentivo para ignorar la tragedia de los más débiles en Libia.
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