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La UE da por muerta su operación contra la inmigración irregular en el Mediterráneo

La negativa de Salvini a que los buques militares europeos desembarquen en puertos italianos a los rescatados ha hecho inútil la misión

Un grupo de migrantes son rescatados en el Mediterráneo central frente a la costa libia, el 19 de enero.
Un grupo de migrantes son rescatados en el Mediterráneo central frente a la costa libia, el 19 de enero. AFP

Sophia, la gran operación militar de la UE para combatir la migración irregular en el Mediterráneo central, está muerta. La negativa de Matteo Salvini a desembarcar en puertos italianos a los náufragos rescatados por los buques militares europeos la ha hecho inviable. Los representantes de los 28 se reúnen este lunes en Bruselas para certificar su defunción o aprobar una última prórroga hasta el 30 de junio, pedida por Irlanda con el fin de evitar el bochorno de liquidarla antes de las elecciones europeas. Pero Italia se niega incluso a la moratoria.

El ambicioso objetivo con el que nació la Operación Sophia en 2015 —desmantelar las mafias que trafican con seres humanos desde las costas libias hacia Europa— no se ha cumplido, pero el cierre a cal y canto de los puertos italianos la ha dejado fuera de juego.

La legislación internacional obliga a los buques militares a rescatar a las personas que se encuentren en situación de riesgo en altamar. Para evitar esa situación, el mando de la Operación Sophia, cuyo cuartel general se encuentra en Roma (Italia), dirige a los buques europeos hacia zonas alejadas de los lugares donde pueden tropezarse con barcos cargados de inmigrantes, por lo que tampoco pueden combatir a las mafias. “Es una pérdida de tiempo y dinero”, sentencia un mando militar.

El mandato de la operación concluyó el 31 de diciembre, pero entonces se decidió darle una prórroga de tres meses para intentar alcanzar un acuerdo con Roma. La cerrazón del ministro del Interior y hombre fuerte del Gobierno italiano, Matteo Salvini, lo ha hecho imposible.

La prórroga expira el 31 de marzo y los socios de la UE deben decidir si liquidan definitivamente la misión o le dan tres meses más. Irlanda la ha solicitado formalmente, no tanto porque esperen que Salvini flexibilice su posición, sino por evitar un cierre abrupto de la misión en vísperas de las elecciones de mayo al Parlamento Europeo.

Pero Italia se opone incluso a la moratoria. Las llegadas de inmigrantes a sus costas se han reducido en un 90% desde 2016, por lo que ha decaído el interés por mantener Sophia.

“Si no hay un acuerdo antes de final de mes se tendrá que desmantelar con todas las consecuencias, desafortunadamente”, advirtió la semana pasada la alta representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, preparando el terreno a la clausura de un proyecto que ella misma promovió como un hito en la política militar de la UE.

Objetivos más modestos

El equipo de Mogherini explora ya una nueva misión que tomaría el relevo de la actual, aunque con objetivos más modestos. Sería una misión no ejecutiva, sin buques ni aviones, centrada en el aspecto considerado más exitoso de Sofía: la formación de los guardacostas libios para que controlen sus propias aguas y eviten la salida de inmigrantes irregulares. Si las condiciones de seguridad lo permiten, esta tarea podría ejecutarse sobre el terreno, en Túnez y en Trípoli.

En todo caso, advierten fuentes comunitarias, su puesta en marcha no sería inmediata, ya que se necesitarían entre tres y cinco meses para planearla.

Desde que asumieron esta función, los instructores europeos han adiestrado y equipado a más de 300 miembros de la Guardia Costera libia, lo que en parte explica la drástica reducción del flujo migratorio por el Mediterráneo central. Los responsables europeos sostienen que la instrucción incluye también la formación en derechos humanos, pero las ONG han denunciado repetidamente los abusos y malos tratos que sufren los inmigrantes. Después de que se haya impedido actuar a los barcos de las ONG que rescataban náufragos en la zona, la liquidación de Sophia supondrá la desaparición de los últimos testigos.

El fin de la Operación Sophia (llamada así como homenaje a una niña somalí que nació en una fragata alemana después de que su madre fuese rescatada) ha sido un daño colateral del pulso que desde que llegó al poder, en junio de 2018, mantiene el Gobierno populista italiano con las instituciones comunitarias y sus socios más europeístas.

A principios del mes pasado, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, se mostró muy pesimista sobre la continuidad de Sophia ante la actitud “muy dura” y “muy intolerante” de Roma. Robles subrayó que tanto España como Francia y la alta representante eran partidarios de mantener la operación en el Mediterráneo central, pero lamentó que Italia la hubiera mezclado con la polémica sobre la inmigración irregular.

España es uno de los países que de forma más continuada ha contribuido a la operación y mantiene una fragata y un avión de patrulla marítima, con un total de 259 efectivos, y un coste de 62,7 millones de euros en 2018.

89 militares de 19 países europeos se incorporan a la base de Rota

M. G.

El Brexit puede aplazarse aún días o meses, pero la lucha contra la piratería en el Índico no puede esperar. El próximo día 29 la base naval de Rota (Cádiz) asumirá formalmente el mando de la Operación Atalanta de la UE, que hasta ahora se encontraba en Northwood (Reino Unido). Rota ya ha sido certificada como cuartel general operacional (OHQ) de la UE, lo que ha supuesto la incorporación de 89 militares de 19 nacionalidades al mando de un vicealmirante español. Los más numerosos son los españoles (39). Les siguen franceses (siete), alemanes (seis), italianos, serbios, polacos y holandeses (cuatro cada uno) suecos y checos (tres), dos de Portugal y uno de otros nueve países, además de cuatro contratados.

Para la puesta en marcha del cuartel europeo se han invertido algo menos de dos millones de euros solo en obras de infraestructura, que serán sufragadas por la UE, según Defensa.

Tal como se pactó con Francia (Italia pugnaba con España por dirigir la Operación Atalanta, alegando que podía hacerse desde el cuartel de Roma que controla la Operación Sofía), Rota se apoyará en el Centro de Seguridad Marítima para el Cuerno de África ubicado en Brest. Se trata de un centro mucho más reducido, con solo diez militares, uno de ellos español.

La base de Rota es el quinto cuartel operacional de la UE, después de París (Francia), Potsdam (Alemania), Larissa (Grecia) y Roma (Italia), pero, tras la desaparición de Sophia, será el único que tenga a su cargo una operación naval. Atalanta, que se puso en marcha en diciembre de 2008, es una de las misiones más exitosas de la UE, ya que ha logrado reducir al mínimo los ataques y secuestros de buques mercantes por parte de los piratas somalíes en aguas del golfo de Adén y el océano Índico, así como proteger los barcos del Programa Mundial de Alimentos que se dirigen a Somalia. No obstante, parte de esta reducción se debe al embarque en los mercantes de personal de seguridad privada con armas largas.

España ha contribuido ininterrumpidamente a la Operación Atalanta durante estos años con un buque y un avión de patrulla marítima con unos 150 efectivos. Su coste ascendió a 73,1 millones de euros en 2018.

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