La UE empieza a liquidar la operación naval contra la migración irregular

La gran operación militar de la UE contra la migración ilegal desde las costas de Libia empieza a desmantelarse. Los responsables de los países miembros han decidido este miércoles prorrogar la misión Sophia otros seis meses, pero despojándola de su componente más significativo, el naval. De esta manera se evita un fin abrupto de la misión, que expira el próximo 31 de marzo, pero en la práctica sus funciones se limitan a una supervisión aérea del Mediterráneo central, según confirman fuentes comunitarias. La negativa de Italia a desembarcar en sus puertos a los migrantes a los que tuvieran que rescatar los buques de Sophia ha sentenciado la operación, iniciada en 2015 con el ambicioso propósito de desmantelar las mafias que trafican con migrantes.

Europa lleva tiempo preparándose para clausurar este proyecto, que supuso un hito en la estrategia militar de la UE al apuntar por primera vez a las llegadas irregulares de migrantes. Sus responsables la daban por muerta y buscaban fórmulas alternativas, como adelantó EL PAÍS el pasado lunes. La misión nunca logró sus aspiraciones iniciales porque para poder desarmar a los traficantes era necesario llegar a la tercera fase de este proyecto, que nunca se activó. Se trataba de que los medios europeos pudieran acceder a aguas territoriales libias para operar cerca de donde salen los barcos. Nunca hubo mandato para hacerlo.

Pero lo que ha acabado liquidando la operación ha sido un elemento ajeno a ese análisis. La llegada al poder en Italia del Gobierno populista de Matteo Salvini impuso verdaderas dificultades al trabajo de Sophia. Aunque no era su misión principal, los participantes en la operación, cuyo cuartel general está en Roma, estaban obligados a rescatar a los náufragos que encontraran en el camino. Y las reglas pactadas en la UE dictaban que esas personas fueran desembarcadas en Italia. Salvini, ministro del Interior, se negó a que se aplicase esa norma.

Los medios aéreos ahora presentes en Sophia seguirán operando otros seis meses y comunicarán cualquier hallazgo relativo a cómo se organizan las mafias de migrantes. A partir de septiembre de este año, la operación quedará definitivamente clausurada.

España es uno de los países que más continuada ha contribuido a la operación. En la actualidad mantiene una fragata (que dejará de operar allí) y un avión de patrulla marítima, con un total de 259 militares implicados, y un coste de 62,7 millones de euros en 2018. La decisión sobre su clausura o su prórroga debía haberse adoptado el pasado lunes, pero la falta de acuerdo entre los 28 socios europeos —algunos eran partidarios de mantener la operación en su formato actual— la ha retrasado hasta este miércoles.