Rusia aprueba la ley que refuerza su capacidad de censura en Internet
La Administración rusa intenta crear una Red soberana que le permita controlar la información y desconectar el país del sistema global
Rusia avanza hacia la construcción de un telón de acero digital. Con el objetivo de hacer frente a las amenazas cibernéticas y en respuesta a la estrategia de ciberseguridad de Estados Unidos, el Parlamento ruso ha dado el visto bueno este martes a la creación de un Internet soberano. El polémico proyecto supone no solo erigir una Red doméstica que pueda funcionar de manera autónoma; también permitirá a las autoridades rusas filtrar la información externa a esa Red y bloquear el contenido que considere indeseable o peligroso. El plan es crear la infraestructura para, en caso de ataque cibernético, desplegar las murallas digitales. Y desenchufarse de Internet global para quedarse dentro de un ecosistema ruso. Si otros países intentan aislarla, Rusia se aislará primero, plantean.
La ley para establecer RuNet, como han llamado a la Internet soberana rusa, ha alarmado a las organizaciones de derechos civiles, que sostienen que tras el argumento de prevenir pirateos o ataques digitales se esconde la intención de reforzar el control de la Red. Y de limitar las libertades en el ciberespacio en este país de más de 144 millones de habitantes, y en el que el 76% de la población tiene acceso a Internet. “El paquete de medidas entero supone la creación de un cortafuegos ruso global de censura, es una amenaza para los usuarios”, critica Artión Kozluk, director del centro para la libertad en la Red Roskomsvoboda. El abogado y activista compara la nueva ley con la conocida como cibermuralla china, con la que el Gobierno del gigante asiático controla la Red y bloquea el acceso a cientos de webs y aplicaciones, como Twitter, Facebook o YouTube.
Según la nueva ley rusa, que entrará en vigor el 1 de noviembre —aunque progresivamente con distintos pasos técnicos— las empresas de telecomunicaciones tendrán que implantar “medios técnicos” para redirigir todo el tráfico de Internet de Rusia a través de unos puntos de intercambio que administrará o aprobará el organismo de las telecomunicaciones ruso, Roskomnazor. Esta agencia inspeccionará el tráfico y podrá bloquear contenido prohibido, según recoge la ley. Tendría control sobre la información.
Rusia ya bloquea aplicaciones de mensajería como Telegram, la red social profesional LinkdIn o el canal de vídeos DailyMotion. Aunque Telegram ha sorteado la prohibición a través de una maniobra técnica y sigue estando disponible. Las empresas responsables de estas webs se negaron a almacenar la información de sus usuarios en Rusia por temor a que la Administración les requiriese esa información, por ejemplo, para perseguir opositores. Y fueron vetados. La administración rusa ha amenazado ahora con hacer lo mismo a Facebook o Twitter, aunque de momento solo les ha impuesto mínimas sanciones económicas. El proyecto de ley aprobado este martes se suma a otras medidas de la misma corriente: hace unas semanas entró en vigor la ley que permite multar o bloquear a los medios digitales que difundan “noticias falsas”.
“Esta es un arma bastante seria. Aunque espero que, como las armas nucleares que tienen varios países, [la ley] estará inactiva. Y su existencia alentará a todas las compañías rusas, incluidas aquellas en jurisdicción no rusa, a cumplir las leyes de Rusia”, ha afirmado Alexander Zharov, jefe del Roskomnadzor.
Quedan muchas dudas técnicas de cómo se logrará poner en marcha el ambicioso proyecto. A la ley aprobada este martes por amplia mayoría —307 parlamentarios a favor y 68 en contra— le queda ahora solo el trámite del Consejo Federal y la firma del presidente Vladímir Putin. Pero la norma ha contado con el respaldo del Kremlin. Señalada por la OTAN, Estados Unidos y sus aliados occidentales como responsable de potentes y diversos ataques cibernéticos, Rusia ha decidido pasar a la ofensiva con este nuevo programa geoestratégico. El proyecto de ley incide en que busca hacer frente al “carácter agresivo” de la estrategia sobre ciberseguridad de Estados Unidos.
Hace un año, Washington golpeó a Moscú con un paquete de sanciones por su participación en la fabricación y diseminación de fake news durante la campaña electoral de 2016 que dio la victoria a Donald Trump, y por lo que consideró una serie orquestada de ciberataques contra sectores clave de la economía.
Estados Unidos, Reino Unido, Holanda o Ucrania llevan años alertando de que Rusia ha atacado organismos estatales, infraestructuras críticas, empresas y particulares. Y acusan al Kremlin de emplear hackers para infectar millones de ordenadores en todo el mundo en preparación de lo que han definido como “una ofensiva futura”.
El proyecto de Internet soberana rusa establece que el país eurasiático construirá su propia versión del sistema de direcciones de red (conocido como DNS) para que RuNet pueda funcionar si se le corta el acceso a los servidores situados fuera de Rusia. Así, podría operar sin problemas de forma autónoma. El Kremlin trata a toda costa de mantener el intercambio de datos entre usuarios de Internet en Rusia dentro de sus fronteras. Un punto muy criticado por las organizaciones de derechos civiles, que alertan de que los usuarios críticos pueden volverse vulnerables. Pero la Administración rusa tiene como objetivo reducir la cantidad de tráfico que se enruta a través de servidores exteriores del 50% actual al 10% en 2024.
La creación y puesta en marcha de RuNet no será barata. Costará unos 430 millones de euros, que saldrán de una partida adicional del programa federal de seguridad. De esos fondos, unos 288 millones irán a sufragar nuevos sistemas tecnológicos que garanticen la seguridad de la nueva Red rusa. Ese alto coste del proyecto, respaldado por el Kremlin, ha suscitado las reticencias del Tribunal de Cuentas y las críticas de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios. Alertan además de que el plan es demasiado complejo y que la calidad de la conexión a Internet se podría ver afectada.
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