Un conflicto minero pone a prueba al Gobierno peruano

La mina de cobre Las Bambas, una de las más grandes de su tipo en el mundo, se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto para el Gobierno de Martín Vizcarra, que ha enviado a cinco de sus ministros en busca de una solución este jueves. Hace 50 días comenzó una oleada de protestas que han paralizado la actividad en el yacimiento, ubicado en la región Apurímac, en la sierra sur de Perú, y operado por la empresa china MMG.

Los incidentes con las comunidades del entorno se acumulan con los años y se han saldado con la muerte de al menos cuatro campesinos por disparos de la policía en 2015 y 2016. Después de una de esas crisis, en noviembre de 2016, el hoy presidente, entonces ministro de Transportes, firmó compromisos con las autoridades locales que, pasados dos años, no fueron cumplidos. Apenas se avanzó en un 21% del acuerdo, señaló una fuente estatal este miércoles a EL PAÍS.

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En febrero, la comunidad de Fuerabamba, la más afectada por el paso de 300 camiones diarios por sus tierras, bloqueó la carretera que usa la compañía para transportar el mineral con fines de exportación. Después de una primera negociación, la comunidad acordó liberar de manera temporal la vía para continuar el diálogo este jueves con los cinco ministros. Sus principales demandas son medioambientales y de justicia. La cita es un considerable desafío para la delegación encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

La reunión en el distrito de Chalhuahuacho tiene nueve temas a tratar en la agenda, por consenso entre un funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros y una veintena de autoridades comunales y distritales que se reunieron el miércoles. El primer punto consiste en archivar las denuncias a comuneros, procesados por disturbios y delitos contra el orden público o la propiedad privada desde 2011, y la atención a las familias –viudas e hijos, principalmente– de las cuatro víctimas del conflicto Las Bambas.

Desde 2015, los sucesivos Gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra han decretado el estado de emergencia en un sector de dicha carretera, llamado Corredor Minero del Sur, restringiendo los derechos de tránsito, de reunión y la inviolabilidad de domicilio, para evitar las manifestaciones y los bloqueos promovidos por los comuneros para llamar la atención ante los compromisos incumplidos. Las localidades en esa situación de excepción pertenecen a las regiones de Cusco y Apurímac. Las Bambas, responsable del 1% del PIB peruano, está ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y a unas seis horas por carretera de la ciudad de Cusco.

La empresa china modificó entre 2013 y 2014 su estudio de impacto ambiental para descartar la construcción de un “mineroducto enterrado”. Por ello, desde que Las Bambas empezó a operar en 2015, ha generado las críticas de las comunidades más cercanas, debido al polvo que afecta el aire, los cultivos y los animales de carga y ganado. Si bien MMG realizó un contrato de servidumbre en las tierras de Fuerabamba, no informó a los comuneros que resultarían afectados ambientalmente por el paso de los camiones y el polvo. Las partes se enredaron, además, porque el Gobierno de Kuczynski declaró la carretera vía nacional, pero no la asfaltó ni inició los trámites para ello. La “solución a los problemas del corredor minero” es el segundo punto de agenda de la cita del jueves. También demandan la creación de un seguro ambiental para aire, agua y suelo, y la evaluación del estudio de impacto ambiental de la mina.

La falta de acuerdos se debe a “la relación asimétrica entre la empresa y las comunidades”, según la abogada Ruth Luque, de la organización cusqueña Derechos Humanos sin Fronteras. “La compañía tiene un aparato legal, administrativo para negociar con las comunidades y estas no tienen absolutamente nada. En esas condiciones se desarrollan muchos de los acuerdos”, señala. “La figura del Estado es garantizar una estabilidad jurídica y tributaria para las inversiones, pero es un tercero ausente pese a que debería tener un rol ante esas asimetrías”.

Luque, que defendió legalmente a algunas de las víctimas del conflicto en 2015, asgura que esa diferencia también influye en la falta de un diálogo intercultural. “La empresa impone sus reglas y termina siendo una negociación de tipo económico que no incluye otros aspectos fundamentales (como los recursos naturales). Y tampoco hay un marco legal que diga qué sucede si la empresa incumple sus compromisos, no hay responsabilidad administrativa, civil, ni penal, ni siquiera con las víctimas”, subraya la abogada.

Un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo sobre este caso también apunta a las carencias de los pobladores afectados por la minería. “Las comunidades no pueden carecer del derecho a la asesoría y defensa legales de sus intereses y derechos. Deberán hacerse gestiones para que los colegios de abogados de Lima, Cusco o Apurímac, o las facultades de Derecho de las universidades de estas ciudades, pongan a su disposición profesionales solventes que contribuyan a garantizar su defensa”, afirmó el viernes la entidad.

La negociación del sábado pasado entre representantes del Gobierno, de las comunidades afectadas y de MMG se realizó mientras las comunidades llevaban más de 50 días de bloqueo a la entrada del campamento de Las Bambas y en pleno estado de emergencia. Gregorio Rojas, el presidente comunal de Fuerabamba, acababa de recobrar su libertad, después de haber sido detenido junto con un par de asesores legales que, según escuchas telefónicas policiales, habían intentado extorsionar a la empresa minera.

La semana pasada, el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo de Perú, Pablo de la Flor, lamentó en declaraciones a la prensa que el Gobierno hubiera tardado tanto en intervenir en este conflicto, pese a las múltiples alertas que se presentaron.