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El gobernador de California ordena una moratoria en la aplicación de la pena de muerte

El Estado con más reos en el corredor de la muerte, 737, no ha ejecutado a nadie desde 2006. California ha rechazado en referéndum la abolición de la pena

El corredor de la muerte de la prisión de San Quintín, California.
El corredor de la muerte de la prisión de San Quintín, California. AP

El gobernador de California, Gavin Newsom, tiene previsto aprobar este miércoles un decreto para frenar la aplicación de la pena de muerte en el estado, según informó su oficina. California es el estado con más reos en el corredor de la muerte, 737, pero no ejecuta a nadie desde 2006. La creciente oposición social a la pena de muerte, sin embargo, nunca se ha traducido en su abolición a pesar de varios intentos en las urnas. Las sentencias no serán conmutadas y ningún reo será liberado.

Newsom afirma que la pena capital es “inconsistente con los valores básicos” de California. Según un discurso preparado citado por Associated Press, el gobernador afirma que “la muerte intencionada de otra persona está mal, y como gobernador no voy a ser responsable de la ejecución de ningún individuo”. Newsom tomó posesión del cargo el pasado enero.

Las ejecuciones en California estaban suspendidas de facto desde la última, en 2006, cuando el gobernador era Arnold Schwarzenegger. Entre los problemas logísticos con la inyección letal y la falta de voluntad política para solucionarlos, el estado ha acumulado la población condenada a muerte más numerosa de Estados Unidos. En 2014, un juez llegó a declarar que la pena de muerte era inconstitucional, pues suponía una crueldad innecesaria: los reos mueren de viejos en prisión esperando su ejecución.

California ya declaró inconstitucional la pena de muerte en 1972. Sentencias como la de Charles Manson fueron conmutadas a cadena perpetua. Pero en 1976 los votantes volvieron a reinstaurar la pena capital a través de una proposición directa en las urnas. Desde entonces, California solo había ejecutado a 13 personas de más de 900 condenadas. La Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU) calcula que la factura de la población en el corredor de la muerte asciende a 139 millones de dólares anuales.

A pesar de la creciente oposición a la pena de muerte, los californianos han tenido dos oportunidades en esta década de abolirla en referéndum y no lo han hecho. Sendas proposiciones directas para sustituir la pena capital por otras fórmulas fracasaron en las urnas en 2012 y 2016. El anterior gobernador, el demócrata Jerry Brown, nunca autorizó ninguna ejecución, pero tampoco trabajó activamente para eliminar la pena.

Newsom se opone a la pena de muerte públicamente desde hace años. La orden ejecutiva que planea dictar este miércoles también elimina el protocolo del Estado sobre inyección letal y significa el cierre de la sala de ejecuciones de la prisión de San Quintín.

“Nuestro sistema de pena de muerte ha sido un fracaso desde todos los puntos de vista”, planea decir Newsom este miércoles según un comunicado preparado citado por Los Angeles Times. “Ha discriminado a acusados con enfermedades mentales, negros y marrones, o que no se pueden permitir representación legal. No ha aportado seguridad pública o valor disuasorio alguno. Ha malgastado miles de millones de dinero de los contribuyentes”. En otro pasaje dice: “No creo que una sociedad civilizada pueda decir que es un líder en el mundo mientras su gobierno sigue permitiendo la ejecución premeditada y discriminatoria de su gente”.

California es uno de los 31 estados de Estados Unidos donde está vigente la pena de muerte. Recientemente, los gobernadores de Oregón, Colorado y Pennsylvania han dictado moratorias parecidas en su aplicación. El pasado noviembre, la Corte Suprema del Estado de Washington declaró inconstitucional la pena capital.

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