Un juez declara inconstitucional el sistema de pena de muerte en California

La oposición a la pena de muerte en Estados Unidos sumó este miércoles un nuevo argumento legal. Un juez federal del Condado de Orange declaró inconstitucional la forma en que el Estado de California aplica, o más bien no consigue aplicar, la pena capital. En su sentencia, el juez Cormac Carney hace un retrato demoledor de la ineficiencia de un sistema que solo ha conseguido ejecutar a 13 personas de 900 condenas en tres décadas. Esta ineficiencia, concluye el juez, es contraria a la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe la crueldad y la desproporción en el castigo.

La sentencia da la razón al preso Ernest Dewayne Jones, condenado a muerte el 7 de abril de 1995. Jones fue condenado por violar y asesinar a Julia Miller, de 50 años, la madre de su novia. Hacía diez meses que había salido de la cárcel con un permiso, después de seis años encerrado por otra violación, también de la madre de su novia anterior. Jones admitió los hechos en el juicio. Hasta hoy esperaba su ejecución, “una generación después”, destaca el juez. La sentencia, contra la que cabe recurso todavía en varias instancias, anula la condena a muerte de Jones.

Los retrasos sistemáticos convierten la pena de muerte en una pena de "cadena perpetua, con posibilidad remota de muerte", dice el juez

“La administración disfuncional de la pena de muerte en California tiene como resultado, y así seguirá siendo, un periodo de retraso impredecible. El retraso sistemático ha hecho que las ejecuciones sean tan raras que la pena de muerte, impuesta deliberadamente por un jurado, se ha transformado sigilosamente en una sentencia que ningún jurado podría imponer: cadena perpetua, con posibilidad remota de muerte (…). Esa es la realidad de la pena de muerte hoy en California”.

El propio Estado reconoció que el sistema era “disfuncional” por el tiempo excesivo que llevan las apelaciones en un informe de una comisión parlamentaria creada a tal efecto en 2004 y que publicó sus conclusiones en 2008.

La sentencia pone en perspectiva también algunos de los argumentos a favor de la pena de muerte. No se pronuncia sobre la pena en sí, sino sobre la forma de llevarla a cabo. “En California, la ejecución es tan infrecuente, y los retrasos que la preceden tan extraordinarios, que la pena de muerte queda vaciada de cualquier efecto disuasorio que pudiera haber tenido. Esta situación es antiética para cualquier noción de lo que es un castigo justo”.

California solo ha ejecutado a 13 personas de 900 condenados desde 1976. Por cada ejecutado, siete mueren en sus celdas

“Cuando una persona es condenada a muerte en California, la sentencia lleva implícita la promesa del Estado de que se cumplirá”, dice el juez en sus conclusiones. Es una promesa hecha a los ciudadanos, que invierten dinero en el sistema de justicia. A los miembros del jurado, que han debido escuchar crímenes horribles y han tomado una decisión. A las víctimas que buscan resarcimiento. “Pero durante demasiado tiempo, esa promesa ha sido en vano”. En esta situación, “el sistema no sirve a ningún propósito penal y es inconstitucional”.

California ha ejecutado a 13 presos desde que se levantó la moratoria sobre la pena de muerte en 1976 hasta la suspensión de facto de las ejecuciones, en 2006. Es una cifra pequeña en comparación con Estados como Florida u Oklahoma, con más de un centenar. Texas ha ejecutado a más de 500 en ese tiempo.

Sin embargo, California es el Estado con más presos en el corredor de la muerte. Ha sentenciado a 900 personas en estas tres décadas. De ellos, 94 han muerto esperando la ejecución y 39 vieron revocadas sus condenas. Es decir, que por cada preso ejecutado, siete mueren en sus celdas. Todavía quedan 748, entre ellos Jones, que no tienen ni idea de cuándo puede llegarles su ejecución. Más que cualquier otro Estado. Para poder ejecutarlos a todos, California tendría que matar a uno o más a la semana durante los próximos 14 años, dice el juez en su sentencia.

Richard Dieter, director de la organización Death Penalty Information Center, dijo que esta es una conclusión a la que ya habían llegado muchos jueces. “Pero lo que ha hecho este juez es llevarlo un paso más allá y decir que es tan caótico que no se puede aplicar, que está mal aplicar un castigo tan arbitrario e impredecible a cualquiera”, dijo Dieter, citado por National Journal. Según este experto, la sentencia seguramente será recurrida a la Corte de Apelación y podría acabar en la Corte Suprema. “Las implicaciones van más allá de California”, dijo.

Natasha Minsker, directora de la Unión Americana por las Libertades Civiles del Norte de California, dijo a Los Angeles Times que es la primera vez que un juez federal considera inconstitucional el sistema de ejecuciones del Estado por su ineficiencia.

El número de presos en el corredor de la muerte en Estados Unidos supera los 3.000, según datos de la organización Death Penalty Information Center.