La destrucción en escenas

Una estrategia milimétricamente calculada por parte de sectores políticos y unos supuestos casos de corrupción tienen acorralada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el modelo de justicia transicional que se creó luego del proceso de paz entre el Estado colombiano y guerrilla de las FARC. El conflicto armado dejó una serie de ganadores, pero increíblemente no fueron ni los guerrilleros, ni los paramilitares, ni las Fuerzas Militares. Los ganadores fueron una serie de civiles, políticos y empresarios, que en lo fundamental se quedaron con la mayoría de los seis millones de hectáreas despojadas a campesinos y utilizaron los grupos armados ilegales como un mecanismo de competencia política.

La creación de la JEP buscaba traer verdad, reparación, perdón y garantías de no repetición. Obviamente, desde el principio tuvo una serie de enemigos poderosos. La mayoría de ellos se agruparon en el actual partido de Gobierno, el Centro Democrático. Desde allí, se planeó la estrategia para destruir el modelo de justicia transicional. El primer paso fue sacar a los “terceros de buena fe”, es decir, los civiles que se beneficiaron de la guerra. Esta categoría, supuestamente, significa que los actos y bienes adquiridos en el marco del conflicto se hicieron sin conocer el contexto de la guerra, es decir, había una ignorancia o ausencia de información. En el Congreso de la República se logró excluir a los terceros.

El segundo acto de esta obra de destrucción era sacar a los militares de la JEP, es decir, que la justicia solo fuera para las FARC. Sin embargo, esto le falló al partido de Gobierno, aunque han anunciado que presentarán una nueva propuesta de reforma constitucional. Incluso, decenas de militares piden a gritos que no los saquen de la JEP, pues saben que la Corte Penal Internacional está observando detalladamente lo que pase en Colombia. Sin embargo, la clase política quiere seguir adelante. La tercera parte de la estrategia se dio entre noviembre y diciembre del año 2018 con la ley de presupuesto nacional. Allí se intentaba desfinanciar la justicia transicional, lo cual se logró parcialmente. Lo cuarto que se hizo fue nombrar un maoísta converso, ahora militante de la extrema derecha, en el Centro Nacional de Memoria Histórica; su primer acto, luego de su posesión, fue negar la existencia del conflicto armado.

El penúltimo hecho ocurrió hace apenas unos días. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer un video en el momento en que se capturaba a un fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, quien habría recibido una suma de dinero a cambio de influir en un proceso judicial que involucra al exjefe guerrillero Jesús Santrich. Dicho hecho causó un verdadero revuelo político. Sin embargo, a medida que pasan los días surgen más dudas que certezas.

Por un lado, el señor Bermeo pertenece a la Unidad de Investigación y Acusación, instancia de la JEP que es totalmente autónoma de los magistrados. La JEP tiene algo así como tres pilares: la magistratura –tres salas y un tribunal con cuatro secciones-, la Secretaria Ejecutiva -instancia administrativa y operativa- y la Unidad de Investigación y Acusación, que es la fiscalía de la JEP. El fiscal general de la JEP es quien nombra a los demás fiscales, no hay una interferencia por parte los magistrados. A su vez, los fiscales de la JEP no tienen ninguna injerencia en los casos que llevan los magistrados. Eso lo que significa es que el señor Bermeo no tiene ninguna injerencia en el caso Santrich.

Por otro lado, luego de la captura de Bermeo, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, abierto contradictor de la JEP y quien se encuentra en medio del escándalo de Odebrecht, dio detalles del operativo. Según Martínez Neira, en el operativo participó un agente infiltrado quien entregó el dinero a Bermeo, es decir, hubo una conducción controlada del dinero. O, en otras palabras, un agente infiltrado habría provocado o indujo a un señor que no tiene nada que ver con el caso Santrich a cometer un delito. Eso se conoce como un infiltrado provocador.

Así las cosas, deberá determinarse si efectivamente había agentes ilegales buscando favorecer al señor Santrich, o si fue la Fiscalía General de la Nación la que, por medio de un infiltrado, provocó un acto ilegal de un miembro de la JEP, con el objetivo de desprestigiar la justicia transicional.

El cierre de toda esta obra de teatro es la objeción que hizo el presidente a la ley Estatutaria de la JEP. Dicha ley fue declara exequible por la Corte Constitucional, fue aprobada y discutida ampliamente en el Congreso de la República y a pesar de ello, el presidente se fue en contra del Estado de derecho y objetó una parte de la ley, dejando un vacío jurídico impresionante. Es tan absurda la objeción que prohibió a la JEP la práctica de pruebas, algo que es inherente a la naturaleza de cualquier juez.