Todos iremos al paraíso (fiscal)

Soñemos. El presidente de Estados Unidos de América ha decidido terminar con los paraísos bancarios y fiscales. Por decreto presidencial, ordena un embargo financiero contra todos los países que acepten abrir cuentas bancarias a no residentes mientras no justifiquen una actividad económica real. Elabora una lista de lugares off shore que, si no cumplen con la ley en un mes, verán interrumpidas sus relaciones bancarias con Estados Unidos. Da un ultimátum a los paraísos bancarios y fiscales para clausurar las cuentas y disolver las sociedades pantalla. La Unión Europea sigue sus pasos y adopta de urgencia una directiva que prohíbe en los Estados miembros las transferencias de capital entre filiales de un mismo grupo empresarial no justificadas por una prestación económica verdadera. Decide acelerar la creación de una Fiscalía europea, dotarla de una centena de procuradores y añadir a sus competencias la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Ordena abrir procedimientos de sanción contra los Estados miembros que practican el dumping fiscal.

Nada de todo esto verá nunca la luz, sean cuales sean las declaraciones de los dirigentes políticos que se proclaman unánimemente partidarios del fin de los paraísos bancarios y fiscales. Hay una buena razón para pensarlo: los servicios off shore están tan integrados en el funcionamiento de bancos, aseguradoras y grandes empresas que una acción concertada y eficaz de los países del G-20, o incluso del G-7, provocaría un tsunami financiero capaz de reproducir la crisis de las hipotecas subprime de 2008. Y esta vez, el sistema financiero mundial no se recuperaría. Los escándalos se suceden regularmente: Lux Leaks, Swiss Leaks, Papeles de Panamá, Bahamas Leaks... Los únicos procesos se dirigen contra los filtradores que denuncian esas prácticas, perseguidos por bancos y Estados. Arriesgan a veces su vida y se ven abocados a la prisión. Deben vivir ocultos y algunos piden asilo político para escapar a la persecución.

En realidad, los paraísos bancarios y fiscales no son como dicen. Se les presenta como piratas de la economía y las finanzas, pero esa descripción es un señuelo creado por los grandes países industrializados, que incluso firman acuerdos fiscales con ellos para proteger a sociedades ficticias y evasores fiscales de una doble imposición. La mayoría se hallan bajo la jurisdicción, directa o indirecta, de países de la OCDE que aparentan quejarse: territorios británicos o islas paradisiacas americanas no difieren demasiado de Suiza, pero no son los únicos. Solo en Estados Unidos se pueden citar los casos de los Estados de Delaware, Wyoming, Oregón o Nevada, que convierten a Estados Unidos en el segundo paraíso fiscal en la clasificación mundial independiente elaborada por la entidad Tax Justice Network. Tampoco los países europeos están libres de culpa en esa lista. Alemania está considerada por dicha ONG como el séptimo paraíso fiscal europeo, justo detrás de Luxemburgo.

Visto lo visto, nos queda mucho tiempo todavía de seguir soñando. Con un mundo donde los más ricos paguen impuestos, las multinacionales declaren sus beneficios, los mafiosos no aprovechen circuitos financieros opacos creados por los banqueros para satisfacer a sus mejores clientes y blanquear los ingresos del crimen organizado. Con un mundo donde los dirigentes políticos dejen de mentirnos.