El Departamento de Justicia de EE UU incrementa su presión sobre Huawei

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Las suspicacias de EE UU sobre Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, aumentan. El Departamento de Justicia investiga en Seattle, en la costa oeste, a esta compañía por un caso de supuesto robo de propiedad intelectual a empresas telefónicas estadounidenses, según ha publicado en primer lugar The Wall Street Journal. El caso agrava la presión sobre la firma china, ya en entredicho en ese país y varios de Europa y Asia por sospechas de espionaje.

La investigación penal, según publica este diario y otros medios estadounidenses, guarda relación con un caso civil que data de 2014 entre Huawei y el proveedor de servicios telefónicos T-Mobile. La compañía estadounidense acusaba a la china de robo de tecnología para el control de calidad en teléfonos móviles.

La pesquisa, afirma The Wall Street Journal, ya se encuentra muy avanzada y los fiscales podrían presentar cargos muy pronto. Un portavoz de Huawei ha declinado comentar sobre la información pero precisó que la empresa china y T-Mobile “resolvieron sus disputas en 2017 después de que el veredicto de un jurado estadounidense no encontrara daños, enriquecimiento injusto ni conducta voluntaria y maliciosa por parte de Huawei en la denuncia de T-Mobile sobre secretos industriales”.

La transferencia forzosa de tecnología y las violaciones de la propiedad intelectual figuran entre las acusaciones de la Administración del presidente Donald Trump contra China en la guerra comercial entre los dos países. El escrutinio ha sido especialmente intenso en torno a Huawei y su rival china de menor tamaño, ZTE.

El espionaje estadounidense considera que la tecnología de Huawei es un caballo de Troya que Pekín pretende implantar en las telecomunicaciones occidentales. Washington ha pedido a sus aliados que descarten la tecnología china en sus nuevas infraestructuras de red móvil, argumentando que los datos quedarán a disposición de los servicios de inteligencia de Pekín.

Huawei ya afronta en Estados Unidos un caso en el que su directora financiera e hija del fundador de la compañía, Meng Wanzhou, está acusada de haber cometido fraude para violar las sanciones que ese país impone contra Irán. Meng fue detenida mientras hacía escala en Vancouver (Canadá) el 1 de diciembre, a petición de EE UU, y se encuentra en esa ciudad en libertad bajo fianza a la espera de que se decida sobre su extradición al país vecino.

La detención de Meng —su caso no guarda relación con el que aparentemente se investiga ahora en Seattle— ha desatado una agria disputa diplomática entre Canadá y China, que considera que el arresto tiene una motivación puramente política. En aparente represalia, Pekín ha detenido a dos ciudadanos canadienses, Michael Kovrig y Michael Spavor, como sospechosos de “actividades que perjudican la seguridad nacional”. Esta semana un tribunal chino también condenó a muerte por tráfico de drogas a un ciudadano canadiense, Robert Schellenberg, en la repetición de un juicio en el que la sentencia inicial había sido de quince años de cárcel.

Este miércoles, legisladores estadounidenses introdujeron un proyecto de ley que prevé prohibir la exportación de tecnología de ese país a empresas chinas que hayan violado las sanciones de EE. UU.

En otros países occidentales, la compañía china —la segunda fabricante mundial de teléfonos inteligentes— también ha encontrado crecientes problemas y críticas. La semana pasada, uno de sus empleados, antiguo funcionario consular, fue detenido en Polonia bajo acusación de espionaje. Huawei anunció su despido al día siguiente y negó cualquier relación con las presuntas actividades ilícitas de su trabajador.

En diciembre, el regulador de los servicios de internet de la República Checa advirtió a las operadoras telefónicas nacionales contra el uso de equipos o software de esta compañía o de ZTE, al considerarlos un riesgo para la seguridad. Los servicios de inteligencia británicos también han advertido que Londres debe decidir si prohíbe que la compañía china pueda participar en las redes 5G en el Reino Unido. Australia y Nueva Zelanda ya han prohibido esa participación y Alemania sopesa un paso similar.

La compañía china rechaza las acusaciones y asegura que opera con independencia del Gobierno en Pekín. En un comunicado emitido tras el despido de su empleado en Polonia insistió en que “cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables en los países en los que opera, y requerimos que todos los empleados cumplan con las leyes y regulaciones de los países en donde residen”.

En un gesto muy poco habitual en él, el fundador de la compañía, Ren Zhengfei, de 74 años, concedió esta semana una entrevista a un grupo de medios occidentales —la tercera en su vida—, a los que aseguró que su compañía “nunca ha espiado para China”. Ren, que es miembro del Partido Comunista de China desde 1978 y que fue soldado del Ejército chino, insistió en que “amo a mi país. Apoyo al Partido Comunista. Pero no haré nada para perjudicar al mundo”.

Aseguró que Pekín nunca le ha pedido ni a él ni a su empresa que comparta “información indebida” y “mi compañía nunca cedería a tales requerimientos”. También rechazó la posibilidad de que Huawei haga posible que espías del Gobierno chino puedan acceder directamente a los datos de sus clientes: “No hay ninguna ley en China que exija a ninguna compañía instalar ‘puertas traseras’”, sostuvo.